Según cifras entregadas por la Superintendencia de Educación, en los últimos 12 meses los establecimientos educacionales han expulsado a 745 estudiantes, considerando expulsiones inmediatas y cancelaciones de matrículas, las que generalmente se cursan al término del año escolar.
Los casos se dividen en un 49% por agresiones hacia otros estudiantes, un 14 por violencia contra docentes u personal relacionado y un 37% por motivos de mayor gravedad como el porte de armas y el tráfico/consumo de drogas.
La directora de Política Educativa de Educación 2020 Nicole Cisternas, explicó a La Tercera que estas cifras «muestran que la violencia escolar es un problema y que es multidimensional. La evidencia muestra que para abordar esto se necesitan programas que contemplen a los distintos actores”.
“Estos datos fundamentan toda la discusión de que Aula Segura, en su primera versión, era un proyecto insuficiente para dar respuesta a la violencia escolar”, agregó. Igualmente, tras la aprobación del proyecto, los colegios deberán actualizar sus reglamentos de convivencia, convirtiéndolos en «el instrumento que rige las normas y se define de manera participativa».
El decano de la Facultad de Educación de la Universidad de los Andes, Ignacio Illanes considera que: “Hay que dejar espacio a las reglamentaciones internas, para que reflejen los diferentes sellos educativos. Por eso, entiendo que las autoridades hayan querido acotar la discusión a un punto específico y crítico: los hechos de violencia grave”.