Este martes, un grupo de apoderados del Instituto Nacional presentó un recurso de protección para limitar la intervención policial de parte de Fuerzas Especiales de Carabineros en el establecimiento, que la semana pasada amaneció varios días sitiado por uniformados.
La acción legal solicita que los funcionarios policiales «se mantengan fuera del colegio, y no en el entorno inmediato» y que «no hagan un uso indiscriminado de las lacrimógenas, que lo que hace es afectar la integridad más de 4 mil niños».
El presidente del centro de padres del 7°J, Marcos Silva, sostuvo que este recurso se basa en «la preocupación que tenemos como padres frente a las vulneraciones que han sufrido nuestros niños en los últimos meses, a ser expuestos a bombas lacrimógenas, a toda la violencia que se ha dado en el instituto y, también, a violencia psicológica, por la incertidumbre por la no normalización de clases».
El recurso fue interpuesto por la abogada Alejandra Arriaza, quien representa a los padres y apoderados de los cursos 7° y 8° básico.
Cabe mencionar que el pasado viernes, los estudiantes del IN y el acalde de Santiago, Felipe Alessandri, llegaron a un acuerdo para resguardar el bienestar en el recinto, lo que habría permitido que este lunes y martes las clases se hayan desarrollado normalmente.