Historia conocida: en Venezuela incautan productos de primera necesidad que estaban acaparados

Este lunes, autoridades venezolanas incautaron 72 toneladas de leche que se encontraban acaparadas en un galpón de Industrias Lácteas Venezolana, ubicado en la capital de país, Caracas. La información fue difundida por el periodista y corresponsal de teleSUR, Rolando Segura, quien comentó la detención de 8 personas por el presunto delito de contrabando de alimentos y artículos de primera necesidad.

La leche fue distribuida en varios locales comerciales de la capital para su posterior venta, según informó el reportero a través de su cuenta oficial en Twitter, @rolandoteleSUR.

72 t leche en polvo acaparadas #Caracas #Venezuela fueron distribuidas en 120 comercios de la capital venezolana. pic.twitter.com/Nz73GsNO12

— Rolando Segura (@rolandoteleSUR) febrero 10, 2014

A su vez, señalo que 6 personas fueron privados de libertad en el estado de Apure, al oeste de Venezuela, por estar involucrados en un hecho similar; en Táchira también fueron arrestados dos hombres por el acaparamiento de 37 toneladas de arroz en el municipio de San Cristóbal.

La Ley Orgánica de Precios Justos, normativa que entró en vigencia el pasado 23 de enero en Venezuela, establece sanciones para 30 ilícitos en el ámbito de las actividades económicas de producción, distribución y comercialización de bienes y servicios.

Uno de los grandes objetivos que tiene la promulgación de esta ley es equilibrar la economía nacional e impulsar el camino hacia el Nuevo Orden Económico planteado por el poder Ejecutivo. Maduro, que aprobó la medida vía Ley Habilitante, celebró la ocasión en su cuenta Twitter:

Arrancó Febrero Rebelde de Revolución,vamos tod@s a profundizar la ofensiva económica con la Ley de Precios Justos y el Gobierno en la Calle

— Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) febrero 1, 2014

Entre las sanciones estipuladas en la nueva ley, destaca la pena de prisión entre 2 y 14 años dependiendo del delito cometido, siendo los más graves el contrabando de extracción, el boicot y la desestabilización económica, que contemplan la pena máxima impuesta por la normativa.