La joven ya cumplía siete años y medio en prisión. Los hechos ocurrieron en 2006 y desde entonces estuvo recluida en un centro penitenciario hasta que, en los últimos días, fue trasladada a la cárcel de Rajaishahr, donde se realizan las ejecuciones.
La noticia activó diversos actos de solidaridad y acción internacional para evitar su muerte, que incluso llegó a suspenderse temporalmente. Organizaciones defensoras de los derechos humanos y organismos como la Unión Europea pidieron la cancelación de la condena al considerar que el juicio vivido por Yabarí no cumplió con las garantías necesarias.
En Avaaz, más de 240 mil personas firmaron una carta solicitando suspender la ejecución y asegurando que la joven actuó en defensa propia. A la campaña se suman diversos pronunciamientos por redes sociales y las declaraciones del relator especial de la ONU en Irán, quien aseguró que la acusación a la joven se sostuvo en confesiones obtenidas bajo tortura.
Desde de la familia del fallecido, sin embargo, no hubo ninguna intención de disculpar a Yabarñi y la ley de guesas (ley islámica de “retribución”, que exige pago de sangre con sangre) se hizo cumplir.
El padre de la joven condenada, Fereidún Yabarí, recomendó a las jóvenes iraníes «dejar que las violen para no acabar en la horca«, en referencia a la dura legislación de su país.»Si esto le sucede algún día a una mujer casada, ¿qué ocurriría?. Si la mujer acepta la violación, la tendrán que lapidar y si se resiste, la ahorcarán por el guesas», reclamó indignado.