La situación política en Brasil toma niveles cada vez más álgidos. El gobierno de facto de Michel Temer busca aprobar una Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC) que congelaría el gasto público en el país por los próximos 20 años, afectando seriamente los presupuestos de educación y salud pública.
Es por eso que el movimiento estudiantil brasileño ha buscado salir al paso y se contabilizan más de 1100 escuelas tomadas en todo el país.
En paralelo, el gobierno planea una reforma a la enseñanza media que terminaría con la obligatoriedad de asignaturas de artes, humanidades y educación física.
En ese contexto que el juez Alex Costa de Oliveira del Tribunal de Justicia del Distrito Federal (Brasilia) autorizó que la Policía Militar interviniese en los establecimientos tomados en Brasilia a través de distintos mecanismos que podrían calificarse de tortura, en tanto apuntan a impedir ingesta de alimentos y acceso a agua a jóvenes menores de edad.
«Como forma de auxilio en el convencimiento a la desocupación autorizo expresamente que la Policía Militar use medios de restricción a la habitabilidad del inmueble, tal como la suspensión de la provisión de agua, luz y gas. De la misma forma, autoriza que se restrinja el acceso de terceros, en especial parientes y conocidos de los ocupantes, hasta que la orden sea cumplida. Autorizo también que impida la entrada de alimentos. Autorizo, además, el uso de instrumentos sonoros continuos direccionados al lugar de la ocupación para impedir el período de sueño”, dice la orden.
En paralelo, en el estado de Sao Paulo se vive una situación similar, con denuncias de desalojo realizadas por la Policía Militar pese a no contar con autorización judicial, según consigna Brasil de Fato.