Hasta el lugar llegaron más de 200 efectivos de la Gendarmería Nacional y la Infantería de la Policía desalojaron por la fuerza la planta de producción de snacks salados de Pepsico, que el 20 de junio cerró y dispuso el despido de 536 de sus 691 empleados, según consigna DPA.
La fábrica fue tomada por varios de los operarios afectados por el cierre para reclamar por sus puestos de trabajo y que no aceptaron el acuerdo de indemnización.
Esta mañana, los efectivos intimaron por orden judicial a los empleados a abandonar el lugar. Ante la negativa de los ocupantes, los efectivos lanzaron gas pimienta e ingresaron de forma violenta a la planta de la compañía para desalojar a los ocupantes.
Algunos ex trabajadores que resistieron el desalojo desde los techos de la fábrica lanzaron objetos contra los policías y se registraron violentos incidentes en un procedimiento que duró dos horas.
El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo, confirmó que 15 policías sufrieron heridas y tres personas fueron detenidas y negó acusaciones sobre el actuar violento de los uniformados: «Cualquier exceso que yo vea, va a ser sancionado, pero creo que la Policía actuó como tiene que actuar», expresó.
El fiscal Gastón Larramendi afirmó hoy que solicitó el desalojo por considerar que hubo una «intrusión ilegal», tras recibir una denuncia penal por invasión a la propiedad privada, y por riesgo ambiental.
«De ninguna manera cuestionamos el reclamo gremial (de los trabajadores), es algo totalmente lícito, pero como todo, todos los derechos no son absolutos y donde termina un derecho empieza el otro. El derecho de reclamar, de huelga, no puede avasallar a todos los demás. Si hay algo que nos interesa como Ministerio Público es la legalidad, no es perseguir por perseguir en sí mismo, pero hubo una intrusión ilegal», advirtió en declaraciones a radio El Mundo.
Varios dirigentes de partidos de izquierda y de sindicatos acudieron al lugar de los incidentes para defender a los trabajadores. La diputada por el Frente de Izquierda y abogada Myriam Bregman denunció que el desalojo se llevó a cabo «con una brutalidad increíble y tiraron gases lacrimógenos y balas de goma».
«Acá hay una ilegalidad absoluta. Primero se cerró la planta para obligarlos a firmar el retiro», remarcó.
La multinacional de alimentos informó que tomó la decisión de cerrar la planta porque su localización en un barrio residencial le impedía ampliar o modernizar la planta, además de «la inviabilidad económica derivada de su alta estructura de costos y las dificultades logísticas de acceso y traslados». La compañía explicó que trasladará la producción a su planta de la ciudad de Mar del Plata, 400 kilómetros al sur de Buenos Aires.
Pepsico inició un procedimiento preventivo de crisis y dispuso el pago de haberes y aguinaldos hasta el 31 de julio a las 536 personas que serán despedidas. La empresa informó el 7 de julio que «casi la totalidad de los trabajadores» aceptó el acuerdo alcanzado con la representación sindical.