Este fin de semana la policía israelí reconoció por primera vez que está investigando el primer ministro Benjamin Netanyahu por presunto soborno, fraude y abuso de poder. Este significativo hecho coincide con el interrogatorio que durante los últimos días ha llevado a cabo la brigada anticorrupción israelí, el Lahav 433, con el ex jefe de gabinete, el abogado y la esposa del jefe de Estado.
«No me refiero a los ruidos de fondo y sigo trabajando para vosotros», dijo el pasado viernes a los israelíes Netanyahu, líder del partido conservador Likud y primer ministro desde 2009.
La unidad de anticorrupción «Lahav 433» reveló que investiga las sospechas de soborno, fraude y abuso de poder en tres casos de corrupción, bautizados como casos 1.000, 2.000 y 3.000. En el primer expediente se investiga la entrega al primer ministro de regalos de gran valor -puros para él y champán para su esposa Sara- por parte de altos mandos del país. En el segundo, se examinan los supuestos tratos de favor de Netanyahu al editor del diario Yedioth Ahronoth a cambio de publicidad. Y, en el último, se estudia el presunto cobro de comisiones durante la adquisición de varios submarinos a la empresa alemana Thyssen Krupp.
El primer ministro aún no ha sido acusado de ningún delito, pero eso puede cambiar repentinamente cuando haya declarado ex jefe de gabinete y ex colaborador Ari Harow, quien aportará su voz contra el primer ministro como testigo protegido en dos de los tres casos.
Ari Harow fue detenido a finales de 2015 por presunto soborno, abuso de confianza, fraude y blanqueo de capitales. Según el medio de izquierda Haaretz, el antiguo hombre de confianza de Netanyahu, quien se encargaba de conseguir fondos para el partido procedentes de Estados Unidos, habría llegado a un acuerdo con la policía para testificar en contra del primer ministro a cambio de evitar la cárcel, una condena de seis meses de servicios comunitarios y una multa de unos 160.000 dólares.
A su compleja situación, se suma que el pasado jueves la policía interrogó por cuarta vez a su esposa por presuntas irregularidades en la gestión de los fondos públicos destinados a la residencia oficial del matrimonio. Además, su abogado, David Shimron, permanece en arresto domiciliario desde el pasado 12 de julio por estar implicado en las negociaciones con Tyssen Krupp.
En la oposición exigen su dimisión, de ahí que el líder conservador lo achaque todo a una campaña orquestada por la izquierda y los medios: «Rechazamos completamente los infundadas alegaciones. La caza para cambiar el Gobierno está en su momento álgido pero está abocada al fracaso por una sencilla razón: No habrá nada porque no hubo nada».