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Casi una decena de mujeres fueron encarceladas por someterse a abortos en agosto pasado en Bolivia

Publicado: 08.09.2017

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Un grupo de siete u ocho adolescentes y jóvenes fueron arrestadas en Bolivia en agosto pasado, luego de ser denunciadas por personal sanitario por haber interrumpido su embarazo, según informó la ministra de Salud, Ariana Campero. 

La secretaria de Estado explicó que las mujeres se encuentran en prisión por la acción del Sistema Nacional de Salud y cuestionó la actitud de los médicos denunciantes, preguntándose si «tienen el mismo compromiso» para cumplir lo indicado en la Ley para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, que se encuentra vigente desde 2013 en el país altiplánico.

La ministra recordó que diariamente llegan mujeres a diversos centros de salud con signos de haber sufrido violencia física, sexual o psicológica: «¿Cuántos de esos médicos que denunciaron a estas muchachas, que hoy están presas, reportaron también a los hombres que crearon violencia de género? ¿Vamos a cumplir algunas normas y otras no?», los interpeló.

El Ministerio solicitó información a la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia sobre las denuncias realizadas por personal médico sobre casos de mujeres víctimas de violencia que llegan a los hospitales.

Además, Campero recordó que el último estudio de mortalidad materna señaló que el aborto representa el 13% de las muertes y es la tercera causa de decesos en Bolivia: «Seguramente, con esta realidad, porque no dejarán de existir abortos clandestinos, este porcentaje se incrementará», argumentó.

La autoridad llamó a los equipos sanitarios a cumplir normas en todas las situaciones y denunciar los casos de violencia machista. Actualmente, las mujeres solo pueden abortar en el país en casos de violación y riesgo para la vida de la madre y del feto. Sin embargo, el Parlamento se encuentra en medio de un debate acerca del proyecto de ley que amplía a nueve las causales para la interrupción del embarazo. Entre ellas: si la mujer no cuenta con suficientes recursos económicos, es estudiante o tiene muchos hijos, entre otras razones.

Al igual que en Chile, el rechazo a la iniciativa ha surgido fuertemente desde sectores conservadores y religiosos.

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