El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, se escapó este lunes de ser investigado por presunta vinculación con delitos relacionados con la financiación ilegal de la campaña que lo llevó al poder en las elecciones generales de 2015, según la acusación del Ministerio Público y el Tribunal Supremo Electoral.
El Congreso guatemalteco rechazó levantar la inmunidad al mandatario e impidió a la Fiscalía y a una comisión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) efectuar una investigación plena por indicios de irregularidades en las finanzas de su partido político.
De acuerdo con la ley, para que un funcionario aforado pueda perder su inmunidad, hace falta que al menos 105 de los 158 diputados voten a favor de la medida. En la sesión celebrada este lunes, un total de 104 diputados votaron en contra de retirar la inmunidad a Morales, 25 a favor y 22 no participaron en la votación. Así, el presidente no logró imponerse definitivamente. Necesitaba un voto más para que el expediente se archivase por completo. Tras esta votación, la demanda se guarda y puede ser recuperada y nuevamente presentada a pleno.
Además del apoyo de su partido, mayoritario en el Congreso, Morales contó con el aval de otros partidos afines y de que el mayor partido de la oposición dio libertad de voto a sus diputados para «votar en conciencia».
La norma aclara que el desafuero no implica la culpabilidad del encausado, extremo que solo corresponde dictar a un juez del ramo penal, pero abre las puertas para que la investigación en su contra pueda profundizarse sin las vallas que lo protegen por su investidura.
La decisión de la Cámara llega pocos días después de que tanto la Fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) pidieran que el jefe de ese grupo parlamentario, Orlando Blanco, fuera igualmente desaforado. A esto se añade la investigación en marcha contra un número no revelado de diputados por haber recibido sobornos de la brasileña Odebrecht, suficientes para diezmar la legislatura.
El escenario dejó abierta la peor crisis política que enfrenta el país desde 2015, cuando el escándalo de «La Línea», protagonizado por el ex presidente Otto Pérez Molina, y su vicepresidenta, Roxana Baldetti, provocó su salida de gobierno y la llegada al poder de Morales.