«Quiero agradecer a mi nación por darme esta gran oportunidad y estoy muy contenta de regresar nuevamente con mi familia». Han sido las primeras palabras de Teodora Vásquez, la salvadoreña condenada en 2008 a 30 años de prisión.
Este viernes el Gobierno de El Salvador, con la venia del Supremo, corrigió la plana a un tribunal colegiado y liberó a la mujer, cuya pena fue ratificada a finales de 2017.
Vásquez salió de prisión arropada por los aplausos y vítores de sus familiares y de varios activistas y aseguró que una de sus «mayores ilusiones» es «seguir luchando» para conseguir la pronta liberación de al menos 13 mujeres condenadas en similares circunstancias.
Vásquez, quien siempre sostuvo que sufrió un parto «extrahospitalario» tras no recibir ayuda del sistema público de emergencias, se ha convertido en el rostro de la lucha para levantar la prohibición total del aborto en un país en el que las carencias de la sanidad y las violaciones están a la orden del día y que afectan principalmente a mujeres jóvenes y pobres.
De acuerdo con el viceministro de Seguridad salvadoreño, Raúl López, la pena de Vásquez se redujo a 10 años y 7 meses, que estuvo presa, por «razones de justicia, de equidad de género y jurídicas». Razones que fueron desnudadas por la Corte Suprema, que en un escrito dio al traste con los argumentos que los jueces del Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador tuvieron para condenar y ratificar la pena, en una acción de «revictimización» a juicio de las organizaciones.
La puesta en libertad de Vásquez ha reinstalado el debate para la despenalización del aborto en circunstancias en las que corra peligro la madre, no sea viable la vida fuera del útero y cuando el embarazo sea producto de una violación en niñas. De hecho, tras la aprobación de este proyecto en Chile, sólo El Salvador, Nicaragua, Honduras, Haití, Surinam, Andorra y Malta mantienen una prohibición absoluta del aborto.