El estado de Alabama, en Estados Unidos, suspendió poco antes de la medianoche del pasado viernes la ejecución prevista para este jueves de Doyle Lee Hamm, un preso que fue condenado a muerte por asesinar al recepcionista de un motel durante un atraco en 1987. El motivo de la suspensión de la aplicación de la dosis letal fue, al parecer, que no hallaron una vena para la inyección.
Tras dos horas y media de intentos, los médicos se dieron por vencidos y ordenaron a Hamm que se devolviera a su cela. El abogado de Hamm, Bernard Harcourt, calificó el intento de ejecución de «tortura», ya que su cliente «ha sufrido un dolor innecesario». El hecho de que el condenado estuviera enfermo terminal de cáncer y que hubiera abusado durante tiempo del consumo de drogas por vía intravenosa explican las dificultades para ejecutar la pena.
Hardcourt escribió en Twitter que los verdugos «probablemente no pudieron hallar una vena» para administrar la inyección letal por el estado de salud del preso. De hecho, el intento de ejecución de Hamm llegó tras una larga batalla legal entre sus abogados y el Estado de Alabama.
After 2 1/2 hours waiting outside the execution chamber, ADOC cancels the execution. They probably could not find a vein, as we had insisted since July. Unconscionable. Simply unconscionable. Now at gas station with Doyle‘s brother, Danny, where they dropped us off. Unimaginable! pic.twitter.com/qg6gyMfhF4
— Bernard E. Harcourt (@BernardHarcourt) 23 de febrero de 2018
UPDATE #DoyleHamm: «This was torture. The federal courts and the governor of Alabama have just invented ‘wrongful execution.’» Headed back into Holman Prison tomorrow, Sunday, with Dr. Mark Heath to document the botched execution for the US district judge: https://t.co/hA9gr9lBKH pic.twitter.com/2ajcjkbAsX
— Bernard E. Harcourt (@BernardHarcourt) 24 de febrero de 2018
Hamm, de 61 años, fue diagnosticado con cáncer en 2014 y los abogados argumentaron que su cliente estaba demasiado enfermo y que, por lo tanto, su ejecución violaría la Constitución. También habían advertido de que el tratamiento había debilitado sus venas. Sin embargo, el estado de Alabama, defendió que el linfoma de Hamm había remitido en 2016, por lo que su ejecución sí era constitucional, argumento que en última instancia dieron por bueno los magistrados del Tribunal Supremo.
Un portavoz del Departamento de Correcciones de Alabama, Jeff Dunn, explicó que la suspensión fue consecuencia de la falta de tiempo del equipo médico para empezar el procedimiento. El Tribunal Supremo de EE.UU., no obstante, había dado luz verde a la ejecución con un plazo superior a las tres horas sobre la medianoche, que era el límite establecido en los protocolos.