Durante la última semana, la opinión pública alemana ha dedicado harto tiempo a discutir en torno a una polémica relacionada con la interrupción del embarazo. La prohibición de publicitar abortos se ha cobrado protagonismo después de discusiones entre miembros del Partido Socialdemócrata (SPD) y el bloque conservador de la canciller Angela Merkel (CDU/CSU), quienes recientemente firmaron el acuerdo de Gobierno conocido como la Gran Coalición.
El debate se abrió tras el caso de la ginecóloga Kristina Hänel, quien fue condenada a pagar 6.000 euros por “anunciar” abortos en un documento que se podía descargar en la página web de su clínica.
El Código Penal alemán, en su artículo 219a, castiga hasta con dos años de cárcel o duras multas a los doctores que ofrezcan información sobre la interrupción del embarazo. Como pasó con la penalización del aborto en Chile durante la dictadura de Pinochet, esa prohibición fue introducida en Alemania en 1933 por el régimen nazi de Adolf Hitler, con el objetivo de criminalizar a médicos judíos y comunistas.
La diputada Eva Högl (SPD) lideró una campaña para presentar un proyecto de ley en el Bundestag, el Parlamento alemán, para derogar el polémico artículo, lo que terminó provocando la indignación de los miembros del partido con-servador, quienes quieren mantenerlo intacto.
“El SPD ha introducido con nocturnidad y alevosía un borrador con demandas totales que ofenden a la Unión [la suma de los partidos CDU y CSU] en una de sus convicciones fundamentales”, aseguró el portavoz conservador de asuntos familiares, Marcus Weinberg.
Tras varios días de presiones y reproches, la presión ejercida parece haber dado efecto: los socialdemócratas no tomarán ninguna iniciativa en la Cámara.
Además de castigar la difusión de información pública sobre abortos, Alemania también condena la práctica del propio aborto. El artículo 218 del código penal se refiere a la interrupción del embarazo como un crimen y una “ofensa contra la vida”. Sin embargo, en 1995 el Parlamento aprobó una ley que permite la interrupción voluntaria del embarazo durante el primer trimestre, siempre que se haya recibido previamente asesoramiento por parte de personal autorizado y se haya esperado tres días antes de llevarlo a cabo.