Mientras el Congreso de Argentina debate sobre el proyecto de ley que despenaliza el aborto, el caso de una niña 10 años que fue violada en Salta y vive un embarazo producto del abuso, ha estremecido los límites de la discusión y aterrizado la discusión sobre el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos.
La pequeña acudió al hospital infantil de Salta por un dolor de estómago. Fue entonces cuando los especialistas descubrieron que sus molestias se debían a un embarazo de 19 semanas, provocado por el abuso de la pareja de su mamá. La niña terminó por contarlo entre lágrimas.
Pese a que la ley argentina permite el aborto en casos de violación y ante el peligro de vida de la madre, sin importar el tiempo de gestación transcurrido, la niña se encontró con un gran obstáculo: desde 2012, una normativa que rige en la provincia limita el aborto a las 12 semanas de gestación. El hecho provocó que el gobernador Juan Manuel Urtubey derogada la ley que él mismo había firmado hace cinco años.
Solo por nacer en Salta, al norte de Argentina, en una de las zonas más conservadoras del país e influenciada por la Iglesia Católica, la pequeña no podría abortar. Sin embargo, en medio del debate público, el gobernador anunció que la niña y su madre habían informado su voluntad de continuar adelante con el embarazo.
Para muchos, la decisión familiar se produjo luego de la aplicación errónea del protocolo. De hecho, la Corte Suprema estableció en un fallo que basta que la víctima diga que fue violada para que aplique su derecho al aborto. A diferencia, en Salta, interviene en el proceso un grupo de psicólogos, donde los grupos proaborto buscan convencer a las mujeres de dar a luz.
«Tutelan a las mujeres que deciden hacer un aborto como si la situación no fuera suficientemente traumática, y como si no pudiera decidir individualmente. Es llamativo que haya un gran número de mujeres que desistan luego de esta consulta», cuestionó la antropóloga Andrea Flores, del Observatorio de Violencia Contra las Mujeres.
Durante este viernes, el gobernador Urtubey se vio obligado a revocar su decreto, mientras que la subsecretaria de Géneo de Salta señaló que la madre y la niña serán informadas de que no hay impedimentos legales para el aborto.