Nunca apareció en campaña electoral, sin embargo, ahora se ha puesto sobre la mesa como propuesta del nuevo gobierno del presidente electo mexicano Andrés Manuel López Obrador.
La ministra de la Suprema Corte, Olga Sánchez Cordero, quien asumirá como futura secretaria de Gobernación, aseguró que reformarán los códigos civiles para «consagrar el derecho a una muerte digna». Sánchez Cordero quiere aplicar en todo México la ley de voluntad anticipada, que ya existe en 11 estados del país, y que contempla que una persona con una enfermedad irreversible pueda decidir qué clase de cuidados quiere o no recibir en sus últimos días. El deseo entra en vigor cuando el paciente ya no es capaz de expresarlo.
La iniciativa no es equiparable a la eutanasia, que aún se castiga hasta con 12 años de cárcel. «El que prestare auxilio o indujere a otro para que se suicide será castigado con la pena de uno a cinco años de prisión, si se lo prestare hasta el punto de ejecutar él mismo la muerte, la prisión será de cuatro a 12 años», señala el Código Penal federal.
Los avances más destacados en esta materia tuvieron lugar en febrero de 2017, cuando se promulgó el derecho a la muerte digna en la Constitución de la Ciudad de México, que entrará en vigor el próximo 17 de septiembre. «La vida digna contiene implícitamente el derecho a una muerte digna», dice el artículo sexto de la Carta Magna. Aunque este texto no consagró la eutanasia, sí abrió la puerta a ese debate a partir de la legislación sobre la muerte digna.