«Fuerzas represivas Nunca Más», «No a la militarización de Argentina». Fueron algunas de las consignas que este jueves resonaron en las calles de las principales ciudades de Argentina, donde miles de personas marcharon para rechazar la reforma de las Fuerzas Armadas decretada por el presidente Mauricio Macri.
El mandatario argentino presentó una reforma, que fue aprobada por decreto presidencial y publicada en el Boletín Oficial de este martes, que establece que las Fuerzas Armadas «serán empleadas en forma disuasiva o efectiva ante agresiones de origen externo contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política». El decreto 683/2018 de Defensa Nacional agrega: «El Ministerio de Defensa considerará como criterio para las previsiones estratégicas, la organización, el equipamiento, la doctrina y el adiestramiento de las Fuerzas Armadas, a la integración operativa de sus funciones de apoyo logístico con las Fuerzas de Seguridad».
De esta forma, Macri derogó el rol restrictivo que tenían los militares desde 2006, cuando Néstor Kirchner limitó sus intervenciones sólo a combatir ataques externos de otros Estados.
La iniciativa, que fue presentada como una adaptación de las Fuerzas Armadas a los desafíos del siglo XXI -como el narcotráfico y el terrorismo-, ha sido criticada por sindicatos y organizaciones sociales y a favor de los derechos humanos porque la ven como un retroceso. Rechazan que los militares puedan colaborar con tareas de seguridad interior de las que fueron apartados tras el fin de la dictadura (1976-1983). «Esto ya lo vivimos, y por eso lo rechazamos rotundamente. Somos sobrevivientes de la intervención de las Fuerzas Armadas en la política interna», dijo el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel.
Además, entre sus nuevas funciones está la custodia de objetivos estratégicos y apoyo logístico a las fuerzas policiales en la vigilancia fronteriza.
Desde la esfera parlamentaria, diputados y diputadas opositoras han intentado bloquear la iniciativa de Macri ya que en ninguna de las dos Cámaras cuenta con mayoría y criticaron que la medida se haya aprobado por decreto. Este martes, el Frente para la Victoria presentó un proyecto de ley para derogar el decreto presidencial por considerarlo «inconstitucional».