Después de cuatro archivos y 14 años de haber sido congelada como una investigación preliminar, este lunes la fiscal Marcelita del Pilar Gutiérrez Vallejos denunció al ex presidente, Alberto Fujimori, a tres de sus ex ministros –Marino Costa Bauer, Eduardo Yong y Alejandro Aguinaga– y a otros altos funcionarios del Programa de Planificación Familiar que funcionó entre 1996 y 2000. La persecutora los acusó de ser coautores de un programa masivo de ligadura de trompas –con métodos de captación ilegales– que causó lesiones graves a las personas entre 1996 y 2000.
El nuevo dictamen de Gutiérrez, que inicialmente se había pronunciado por el archivo parcial de la denuncia, implica que los casos de 2.166 mujeres pasarán ahora a una investigación judicial.
De acuerdo al documento difundido a través de las redes sociales, se les acusa de ser «autores mediatos de las presunta comisión del delito contra la vida el cuerpo y la salud. Lesiones graves seguidas de muerte en un contexto de grave violación de derechos humanos».
La fiscal Marcelita Gutiérrez enmendó su fallo por orden del fiscal superior Luis Landa, quien atendió un recurso de queja de las denunciantes patrocinadas por la ONG Demus. Al resolver la queja, Landa consideró que hay elementos para considerar a Alberto Fujimori como autor mediato (con dominio del hecho) por la ligadura de trompas sin consentimiento previo realizada a un grupo de mujeres.
Cabe recordar que, en otra instrucción, Gutiérrez calificó sólo como lesiones un caso de tortura de una mujer trans por parte de policías.
La Defensoría del Pueblo constató que se realizaron 272.028 operaciones de ligaduras de trompas y 22.004 vasectomías en ese período. La mayoría se practicó en personas pobres, quechuahablantes y de zonas rurales, pero se desconoce cuántas se llevaron a cabo mediante presuntos engaños y coacciones.De esa cantidad, 2.166 mujeres denunciaron haber sido esterilizadas sin su consentimiento o sin ser debidamente informadas del procedimiento. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinó que el número de mujeres afectadas es muy alto y por lo menos una de ellas murió a consecuencia de esas prácticas.