La senadora republicana Gail Griffin del estado de Arizona planteó el proyecto de «Ley de prevención de la trata de personas y la explotación infantil». La idea de esta propuesta es cobrar un impuesto de 20 dólares a los consumidores de porno.
Eso sí, el dinero recaudado no tiene fines tan nobles como el nombre del proyecto, ya que los fondos recaudados servirían para financiar el muro que el presidente Donald Trump pretende construir en la frontera con México con el fin de impedir el ingreso de migrantes y refugiados.
Esta normativa obligaría a los productores de teléfonos móviles, tablets y computadores a incluir un filtro de fábrica que bloquee el porno en estos dispositivos. Aquellas personas que quieran consumir estos contenidos tendrían que pagar al Estado para eliminar dicha restricción.
Igualmente, la senadora indicó que los distribuidores podrían imponer sus propios precios por eliminar el bloqueo, produciéndose así un doble pago, uno al Estado y otro a la empresa.
Durante el último tiempo, los estados de Virginia, Kentucky, Alabama, Utah, Rhode Island y Carolina del Sur han presentado iniciativas en la misma línea.
Aquellos distribuidores que se nieguen a incluir el filtro estarían incurriendo en delito menor de clase 1 y se expondrían a penas de seis meses de cárcel y multas que podrían llegar a los 2.500 dólares.
Los fondos irían a parar al «Fondo John Mc Cain Contra la Trata de Personas y la Pornografía Infantil», que se crearía junto a esta ley. El documento indica que este proyecto «otorgaría subsidios para mantener los estándares de decencia de la comunidad. Además, garantizaría «construir un muro fronterizo entre México y este estado o financiar la seguridad fronteriza».