El lamentable episodio que a finales de enero tuvo lugar en Salta, al norte de Argentina, donde se practicó una cesárea a una niña de 12 años violada y que había pedido un aborto al que tenía derecho por ley, se repitió ahora en el sur del país, en Tucumán.
El gobierno provincial desoyó la solicitud de una niña de 11 años abusada por la pareja de su abuela que pedía que pusieran fin a su gestación. Este martes, cuando cursaba 23 semanas de embarazo, la menor fue sometida a una cesárea en un hospital público. El bebé nacido pesa 600 gramos y sus posibilidades de supervivencia son mínimas.
El secretario de Salud de Tucumán, Gustavo Vigliocco, dijo a medios argentinos que durante el proceso mantuvo “una cercanía con la niña y su madre”. “La niña quiere continuar con su embarazo”, aseguró, “consideramos los riesgos pero ella es grande de contextura, tiene más de 50 kilos”.
Sin embargo, la declaración judicial de la menor revela todo lo contrario: “Quiero que me saquen esto que me puso adentro el viejo”, dijo la niña a una psicóloga del hospital.
Fue el 29 de enero cuando la niña llegó al Hospital Eva Perón de Tucumán, donde explicó que le dolía el estómago, pero en realidad cursaba un embarazo de 19 semanas. Fue entonces cuando relató que la pareja de su abuela la había violado y pidió, junto a su madre, interrumpir su embarazo. Lo hicieron a través del artículo que, desde 1921, permite la interrupción legal del embarazo (ILE) en casos de menores violadas o cuando hay riesgo para la madre.
Según las organizaciones feministas argentinas, la normativa podría haberse aplicado en menos de 48 horas, pero, según ellas, la provincia dilató todo lo que pudo la decisión hasta que la salud de la menor hizo inevitable una cesárea.
La noche del martes, el Sistema Provincial de Salud de Tucumán (Siprosa) informó sobre la decisión de interrumpir el embarazo de la niña después de que una jueza actuara a pedido de las organizaciones Abogadas y Abogados del Noroeste argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes) y Cladem. Sin embargo, las organizaciones acusan que el texto fue confuso porque pese a que la justicia ordenó el cumplimiento del protocolo, el Siprosa añadió una cita propia llamando a que “se continúen los procedimientos necesarios en procura de salvar las dos vidas”.
La niña estaba a cargo de su abuela por orden de un juez. La madre había perdido la tenencia de la menor después de que su propia pareja abusara de sus dos hijas mayores.