La Contraloría General de la República de Venezuela inhabilitó al autoproclamado «presidente encargado», Juan Guaidó, para ejercer cualquier cargo público durante 15 años debido a una «inconsistencia entre ingresos y gastos declarados».
La decisión se basa en una auditoría patrimonial que se le realizó al presidente de la Asamblea Nacional debido a la presunción de que el diputado «ocultó y falseó datos de su declaración jurada«, bajo la sospecha de que recibió «fondos no declarados desde el exterior».
El contralor general, Elvis Amoroso, señaló que existe una «inconsistencia entre los bienes e ingresos declarados y los gastos exagerados y excesivos en su modo de vida» que no se condice con lo que puede financiar un funcionario venezolano con su salario. La Contraloría expuso como evidencia los más de 90 viajes al extranjero (más de 8 meses) con un costo promedio de estadía de más de 200 millones de bolívares.
Amoroso además reprocha la conducta de Guaidó de negarse a explicar que persona o institución costea la «exuberante» vida que ha llevado el autoproclamado «presidente encargado».
Debido a esto, el contralor determinó inhabilitar a Guaidó con la sanción máxima de 15 años para ejercer un cargo público. «Ha usurpado funciones públicas y cometido acciones con ciudadanos extranjeros que han perjudicado al patrimonio público y al pueblo de Venezuela y han dañado la paz social y la estabilidad democrática, agrega la sanción.
Guaidó ha calificado como una «farsa» la sanción y señaló que continuará «en gira por todo el país implementando la Operación Libertad», su iniciativa para reclamar el gobierno de Nicolás Maduro.