La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, llamó al gobierno de Nicolás Maduro a tomar medidas para «detener y remediar las graves vulneraciones» de los DD.HH. en Venezuela.
A través de un informe que fue publicado este jueves, y que será presentado mañana en el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, la oficina encabezada por Bachelet afirma que desde 2016 «el gobierno venezolano y sus instituciones han puesto en marcha una estrategia orientada a neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política y a quienes critican al gobierno».
En la misma línea, el texto añade que «las instituciones responsables de la protección de los derechos humanos, tales como la Fiscalía General, los/as jueces/juezas y la Defensoría del Pueblo, generalmente no llevan a cabo investigaciones prontas, efectivas, exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes sobre violaciones de derechos humanos y otros crímenes cometidos por actores estatales, no llevan a las personas responsables ante la justicia, ni protegen a personas víctimas y testigos. Dicha inacción contribuye a la impunidad y a la repetición de las violaciones».
La oficina también puso el foco en el actuar de las fuerzas especiales venezolanas, las cuales tenían un alto número de presuntas ejecuciones extrajudiciales.
Según consigna el organismo, «en 2018, el Gobierno registró 5.287 muertes violentas en esa categoría, mientras que en 2019, el gobierno notificó 1.569 muertes por «resistencia a la autoridad».
Además de esto, se afirma que el gobierno ha tratado de imponer una hegemonía comunicacional imponiendo su propia versión de los hechos.
«Esta situación ha continuado empeorando en 2018-2019. Han tenido que cerrar docenas de medios impresos y el Gobierno clausuró emisoras de radio e hizo que dejaran de emitir canales de televisión. Aumentaron las detenciones de periodistas, incluyendo de periodistas extranjeros quienes fueron expulsados o dejaron el país inmediatamente después de su liberación», agregan.
Ante estos hechos, la oficina llamó a tomar una serie de medidas para «cesar, subsanar y prevenir las violaciones de los derechos humanos, en particular las violaciones graves, como la tortura y las ejecuciones extrajudiciales».