Este jueves, el gobierno de Nicolás Maduro se refirió al informe emitido por la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, asegurando que presenta “una visión selectiva y abiertamente parcializada” de la realidad del país.
El documento formulado por la ex presidenta de Chile se basa en 558 entrevistas a víctimas, testigos, profesionales de distintas áreas, ex militares, oficiales de seguridad, entre otros.
La conclusión de la enviada de la ONU apunta a que en el país bolivariano se violan “los derechos económicos y sociales de los venezolanos”. Además, sostiene que se confirman «violaciones al derecho a la alimentación, incluida la obligación del Estado para garantizar que la población no padezca hambre».
Sin embargo, estas aseveraciones no fueron bien recibidas por el gobierno de Nicolás Maduro. “El informe presenta una visión selectiva y abiertamente parcializada sobre la verdadera situación de Derechos Humanos de la República Bolivariana de Venezuela, que contradice los principios que deben regir el tratamiento de los asuntos de Derechos Humanos”, indicaron.
«En el documento se privilegia exclusivamente las fuentes carentes de objetividad y se excluye casi en su totalidad la información oficial, a pesar de toda la documentación y elementos aportados por el Estado”, agregaron.
El gobierno de Maduro agregó que “no es objetivo ni imparcial un análisis donde se privilegien al extremo los señalamientos negativos y se invisibilice los avances y medidas adoptadas en materia de Derechos Humanos. Tampoco es objetiva una evaluación que abunde en referencia a los sectores críticos y omita la información oficial aportada por el Estado o las referencias positivas realizadas».
«El informe recomienda otorgar libertad a todas las personas detenidas ‘por motivos políticos’. Esta recomendación resulta inaplicable y por tanto equivocada, pues en Venezuela no existen personas detenidas por tal condición», añaden.