La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó a la República de Perú por ser «responsable internacionalmente por la violación de los derechos: a la libertad e integridad personal, a la vida privada, a no ser sometida a tortura, a las garantías judiciales y a la protección judicial«, de una mujer trans.
La víctima, identificada como Azul Rojas Marín, fue detenida el 25 de febrero de 2008 -sin motivo alguno según establece el fallo- por policías que la agredieron e insultaron «en función de ser una persona LGTBI», indicó la Corte en un comunicado.
Los hechos ocurrieron en la localidad de Casa Grande, en la costa norte de Perú, lugar de nacimiento de la afectada. En la comisaría de dicha localidad, Rojas Marín «fue desnudada forzosamente, golpeada en varias oportunidades, torturada y violada«.
Tras los hechos, Rojas Marín denunció a los policías ante las instancias judiciales peruanas, pero el caso fue desestimado y archivado.
Perú es responsable
Por estos hechos, que tardaron más de diez años en ser investigados, la Corte Interamericana declaró que el Estado peruano no actuó con la debida diligencia para investigar la tortura sexual, con lo cual violó los derechos de la víctima a las garantías y a la protección judicial.
En se sentido, la CIDH ordenó al Estado peruano continuar las investigaciones del caso para sancionar a los responsables en lo referente a la justicia del propio país, y a desarrollar un plan de capacitación y sensibilización sobre la violencia contra la población sexualmente diversa.
En su sentencia, el tribunal apuntó además que «las personas LGBTI han sido históricamente víctimas de discriminación, estigmatización, diversas formas de violencia y violaciones a sus derechos fundamentales», y que en la sociedad peruana existían, al momento de los hechos y aún hoy en día, «fuertes prejuicios en contra de la población LGBTI, que en ciertos casos se manifiesta en hechos de violencia», los que a su vez, «en algunas oportunidades son cometidos por agentes estatales».