Google, Facebook, WhatsApp y Twitter afirmaron este jueves que el proyecto que está siendo discutido en el Congreso de Brasil para crear un ley contra las noticias falsas amenaza la privacidad, la libertad de expresión y la seguridad de millones de brasileños.
En un comunicado conjunto, los grandes gigantes tecnológicos criticaron la última versión del proyecto y pidieron un debate más amplio sobre el asunto.
Las empresas señalaron que el proyecto de ley previsto para combatir la difusión de noticias falsas se convirtió en una «recolecta masiva de datos personales, profundizando la exclusión digital y poniendo en riesgo la seguridad de millones de ciudadanos».
Uno de los artículos del proyecto de ley prevé la necesidad de que el usuario informe un número de identidad y un número de teléfono para la creación de cuentas en las redes sociales y servicios de mensajería privada, lo que, según las empresas, va en contra del «derecho a la protección de datos».
El nuevo texto también establece que los servicios de mensajería deben guardar por un plazo de tres meses los registros de los envíos de aquellos mensajes que hayan sido distribuidos en masa.
«Todo es agravado por el contexto actual de la pandemia, donde las personas dependen cada vez más de internet y del uso de plataformas digitales, como redes sociales y mensajería, para mantenerse conectadas con familia y amigos, para informarse, trabajar y emprender», agrega la nota remitida al Senado.
Por ello, solicitaron el aplazamiento de la votación que estaba agendada para este jueves hasta que se construya un texto equilibrado, con el fin de evitar un «golpe en la privacidad y la seguridad de los ciudadanos, y en la economía del país».
El proyecto de ley para el combate de las noticias falsas fue presentado el miércoles por el senador Angelo Coronel y tiene como objetivo la «búsqueda por mayor transparencia de las prácticas de moderación de contenidos publicados por terceros en redes sociales».
La propagación de noticias falsas se ha intensificado en Brasil desde las elecciones presidenciales de 2018, que concluyeron con la victoria del actual presidente, Jair Bolsonaro, y han entrado en el punto de mira de la Justicia.
El Tribunal Supremo abrió recientemente un proceso para investigar la difusión de noticias falsas a granel por parte de diversos grupos de ultraderecha e intenta determinar si las actividades de esos militantes son financiadas por empresarios de esa misma vertiente ideológica.
Según sospecha la Policía, influyentes comerciantes han aportado dinero a esos grupos, que también han convocado manifestaciones en las que se exige el «cierre» del Parlamento y el Supremo mediante una «intervención militar» que mantenga en el poder a Bolsonaro, quien ha llegado a acudir a algunos de esos actos.