La Fiscalía de Colombia anunció esta semana que investiga 12 casos de violencia sexual contra niñas de la tribu nómada nukak makú en el departamento selvático del Guaviare, en tres de los cuales son acusados miembros del Ejército de ese país como los responsables.
En una de las denuncias, se acusa a dos soldados del Batallón de Infantería Joaquín París de violar a una niña de 15 años, hecho ocurrido en septiembre de 2019.
Sobre este caso en concreto, la vicefiscal general colombiana, Martha Janeth Mancera explicó que desde «hace días se han venido realizando actividades complementarias importantes para lograr el esclarecimiento, entre ellas entrevistas de quienes tienen conocimiento de estos hechos e interrogatorio de una de las personas que está señalada como participe».
Por otra parte, anunció que para atender esta situación la Fiscalía creará «un equipo de tareas especiales que permitirá avanzar en cada uno de los casos», dejando claro que todos tendrán importancia, no sólo los cometidos por agentes de Estado.
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Tras conocerse esta grave situación, el repudio generalizado llegó desde todos lados. La ONG internacional Forest Peoples Programme, emitió una carta abierta donde condenó estos hechos y llamó a la pronta consecución de justicia.
“Los recientes casos de las niñas indígenas son una muestra de esa atención deficiente de las autoridades del Estado en los casos de violencia sexual no solo en lo relacionado con la prevención de los delitos, sino también respecto de su obligación de otorgar una protección y reparación integral a las víctimas y a sus familias. En efecto, las autoridades colombianas parecen no tener en consideración su cultura, edad y género al momento de adecuar los procedimientos de atención y recolección de evidencia. Así lo muestra el hecho de que una de las víctimas del Guaviare, que no habla español, fue sometida a repetir su declaración varias veces, en frente de hombres e incluso la llevaron al batallón donde fue violentada para que hiciera una reconstrucción de los hechos. A pesar de esta revictimización al denunciar, nueve meses después aún no existen sanciones contra los responsables”, expresó la organización.
Esta acusación se suma a lo asegurado por el comandante en jefe del Ejército colombiano, general Eduardo Zapateiro, quien informó esta semana que 118 miembros de esa institución han sido investigados desde 2016 por presuntos abusos sexuales a menores de edad.
Entre ellos hay oficiales, suboficiales y soldados, pero también civiles que trabajan con la institución castrense.