La presión contra Bolsonaro aumenta en vísperas de la renovación de la directiva el Congreso

La presión de la Justicia y la oposición contra el negacionismo del presidente Jair Bolsonaro con el COVID-19 crece en vísperas de cambios en la directiva del Congreso, que puede decidir sobre un eventual juicio político contra el mandatario.

La controvertida gestión de la crisis de la pandemia, que ya deja en Brasil más de 218.000 muertos y que el líder de la ultraderecha ha minimizado hasta el hartazgo al punto de tildarla de «gripecita», ha minado el apoyo a su gobierno y los pedidos de un juicio con miras a su destitución se han multiplicado en las últimas semanas.

Este martes, la Cámara de Diputados recibió una nueva solicitud de impeachment casi ecuménica, presentada por 380 representantes de la Iglesia Católica y de credos protestantes y evangelistas.

Hoy mismo seis partidos progresistas presentaron otro, con lo que ahora suman 63 los pedidos de un juicio político contra Bolsonaro, sobre los cuales, por imperativos constitucionales, deberá decidir el nuevo presidente de la Cámara Baja, que será elegido el próximo lunes para un período de dos años.

La mayoría de esas denuncias apuntan a la crisis sanitaria y a la supuesta omisión del gobierno tanto en el combate directo al virus como en el atraso para la compra de vacunas cuya eficacia el propio Bolsonaro puso en duda.

En ese contexto, la elección del nuevo presidente de la Cámara Baja es clave para Bolsonaro, quien apuesta en el diputado Arthur Lira, candidato de partidos de centro y derecha fieles al gobierno, pero que exigen más poder en el Ejecutivo.

La oposición, tanto progresista como de la derecha moderada, ya se alineó con el diputado Luiz Baleia Rossi, que se presenta como más proclive a darle curso a un proceso de destitución de Bolsonaro.

El general de la salud en su laberinto

En paralelo, con ese compás de espera político en el Congreso, la presión contra el gobierno también aumenta en tribunales y se ejerce sobre el general Eduardo Pazuello, ministro de Salud y cuya gestión de la pandemia es investigada por la Policía Federal a pedido de la Fiscalía General y con aval de la Corte Suprema.

El foco de esa investigación es el colapso sanitario en Manaos, capital del estado Amazonas y donde a principios de enero un número no precisado de pacientes de COVID-19 murieron asfixiados, debido a la falta de oxígeno en los hospitales.

Según ha denunciado la oposición, con base en testimonios de médicos, Pazuello había sido informado de problemas en el suministro pero demoró casi una semana para abastecer de oxígeno a Manaos, que hasta recibió primero una donación del gas llegada desde Venezuela.

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Días antes de esa crisis Pazuello había estado en Manaos, donde surgió la nueva cepa brasileña del virus que asusta al mundo, pero para incentivar el «tratamiento precoz» del COVID-19 con un paquete de medicinas sin eficacia comprobada, como la cloroquina.

Por ese «tratamiento precoz», en el que se han invertido más de 20 millones de dólares, el Tribunal de Cuentas de la Unión, que fiscaliza el gasto público, ha exigido que el gobierno explique la adquisición y suministro de medicamentos de dudoso efecto contra el virus.

Del coronavirus a la leche condensada y los chicles

Más allá de su polémica gestión de la pandemia, el gobierno está ahora ante otro pedido de explicaciones formulado por la oposición al Tribunal de Cuentas de la Unión, pero por un llamativo aumento en sus gastos de alimentación.

Según datos oficiales, en 2020 este fue de 1.800 millones de reales (360 millones de dólares), con un aumento superior al 20% en relación a 2019, entre todos los organismos del Poder Ejecutivo.

«En medio de una grave crisis económica y sanitaria, son gastos absolutamente preocupantes, tanto por el incremento como por el carácter superfluo de muchos géneros alimenticios adquiridos», dice un documento presentado por partidos de oposición al tribunal, que aún no ha decidido si investigará el caso.

Entre esos alimentos «superfluos» han sido citados gastos de 440.000 dólares en chicles y otros 3 millones de dólares usados para comprar leche condensada, producto que Bolsonaro dice que no falta en sus desayunos, lo que desató una enorme ola de memes en internet.

«No estamos acusando. Pero con el país en crisis sanitaria desde hace un año no parece justificado gastar tanto en chicles y leche condensada», dijo el senador Randolfe Rodrigues, uno de los autores de la denuncia.