El gobierno y el Congreso de Perú mantuvieron la tensión política que ha caracterizado sus relaciones durante las últimas semanas y ha sembrado la incertidumbre en el país andino, ante los pedidos para destituir a los máximos representantes de ambos poderes del Estado.
Tras haber denunciado un presunto intento de un sector del Parlamento, que domina la oposición, de destituir al presidente Pedro Castillo, el Ejecutivo pasó a la ofensiva y una de sus más conocidas representantes presentó una denuncia constitucional contra la presidenta del Congreso, la conservadora María del Carmen Alva.
La ministra de Trabajo, Betssy Chávez, confirmó que presentó la denuncia constitucional para que Alva sea removida del cargo, aunque remarcó que lo hizo en su calidad de legisladora.
Chávez, una parlamentaria que en diciembre pasado renunció a la bancada del partido oficialista Perú Libre, aseguró que las acciones de Alva «tienen todo el dolo que exige el tipo penal» y que solo informó de su decisión a los demás miembros del Ejecutivo «para que tengan conocimiento, pero ellos no sabían».
El pedido de la ministra y parlamentaria ahora deberá ser evaluado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso antes de su eventual debate y votación por el pleno, por lo que Chávez dijo que va «a esperar cómo se responde».
Aunque la ministra consideró que no existe una contradicción entre su denuncia y el llamado al diálogo que ha formulado el Ejecutivo, que desde el martes pasado dirige el jurista Aníbal Torres, afirmó que un comunicado que emitió la Mesa Directiva del Congreso en contra del primer ministro «es muy ofensivo».
«No creo que represente a los 130 parlamentarios, creo que representa a María del Carmen Alva, para ser precisa, aún no he conversado con los miembros de la Mesa Directiva», comentó.
La directiva del Congreso acusó al Gobierno de estar llevando a cabo una estrategia de «desprestigio sistemático» contra el Legislativo, luego de que Torres denunciara que un sector de la oposición ha puesto en marcha un plan para destituir a Castillo.
Torres emitió su pronunciamiento el lunes, después de que una revista local publicara el pasado viernes que un grupo de legisladores de derecha y extrema derecha se reunieron con Alva para conversar sobre la eventual destitución del gobernante.
En respuesta, la Mesa Directiva calificó de «irresponsables» las declaraciones de Torres y lo acusó de haberse dirigido a Alva «en tono amenazante», además de haberlos llamado «golpistas».