La organización no gubernamental Amnistía Internacional (AI) advirtió este viernes de la persistencia de casos de tortura, e impunidad ante los mismos, en varios países de América, como Colombia, Argentina o El Salvador, además de Venezuela y Nicaragua.
En un informe publicado hoy, ante la conmemoración del Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de la Tortura que se celebra este domingo 26 de junio, AI subrayó los casos más graves que ha detectado en la región y en el resto del mundo.
En Argentina, la organización considera «muy preocupante la ausencia de políticas públicas institucionales para la búsqueda eficaz de personas desaparecidas» así como «la falta de investigación de presuntas desapariciones forzadas».
En su informe, AI no olvida el mediático caso de Facundo Astudillo, desaparecido en 2020 después de ser visto en un control policial hasta que se encontró su cadáver, y sobre el cual no se ha producido «ningún avance», mientras que advierte que la Corte Suprema tampoco ha dictado sentencia en la causa seguida por posible desaparición forzada de Santiago Maldonado, hallado muerto en 2017 en territorio mapuche.
Dureza en las protestas en Chile y Bolivia
En Bolivia, AI subraya los casos de tortura y represión policial con tintes racistas y antiindígenas ocurridos durante la crisis postelectoral de 2019, mientras advierte que en Chile continuaron los casos del uso excesivo de la fuerza por parte de los cuerpos policiales, pese a disminuir fuertemente las protestas estudiantiles a causa de la pandemia.
En el marco del Paro Nacional en Colombia del año pasado, la organización pone en relieve los casos de Álvaro Herrera, Noé Muñoz y Sebastián Mejía quienes «fueron golpeados y detenidos por civiles armados, y posteriormente permanecieron 24 horas bajo custodia de la Policía Nacional en Cali».
«Álvaro Herrera y Sebastián Mejía denunciaron que habían sido sometidos a tortura y otros tratos crueles e inhumanos durante la detención», asegura el documento.
Asimismo, alza la voz sobre las denuncias del movimiento Proceso de Comunidades Negras, quienes entre el 28 de abril y julio de 2021 registraron «al menos 15 casos de violencia de género contra mujeres negras en el marco de las protestas de Cali» y los datos de la ONG Temblores, que «denunció que 491 mujeres habían sufrido violencia policial en el marco de las manifestaciones», y otras 35 habían sido víctimas de violencia sexual por parte de funcionarios del Estado.
La guerra contra las pandillas de Bukele
El gobierno del presidente salvadoreño Nayib Bukele decretó el régimen de excepción el 27 de marzo pasado tras un peak de homicidios «presuntamente cometidos por pandillas», y lo ha extendido dos veces hasta la fecha.
«En este marco, las autoridades salvadoreñas han cometido violaciones masivas de derechos humanos, entre ellas miles de detenciones arbitrarias y violaciones al debido proceso, así como tortura y malos tratos, y al menos 18 personas han muerto bajo tutela del Estado», denuncia la organización.
AI asegura haber documentado «casos de tortura y malos tratos en los centros de detención».
«Los testimonios revelan el nivel de control que poseen miembros de las pandillas dentro de las celdas y de las condiciones extremas de hacinamiento, que estarían resultando en violaciones del derecho a la vida y a la integridad personal, y ocasionando graves problemas de salubridad, escasez de alimentos y útiles básicos de higiene, afectando gravemente la salud de las personas detenidas», apunta.
Represión en Venezuela y Nicaragua
En Venezuela, «continuó la política de represión aplicada por el gobierno de Nicolás Maduro, y se conocieron nuevos casos de ejecuciones extrajudiciales, uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias y tortura y otros malos tratos contra personas a las que se consideraba críticas con el gobierno. Se sometió a intimidación, hostigamiento, agresiones y detención a defensores y defensoras de los derechos humanos», apunta el texto.
Mientras que en Nicaragua, la organización recuerda que el gobierno de Daniel Ortega ha continuado su política represiva tras los disturbios de 2018.
«Más de 100.000 personas han huido del país en este periodo, mientras decenas de activistas, defensores y defensoras de los derechos humanos, y periodistas han sido amenazados, encarcelados, torturados y, en algunos casos, han desaparecido», asegura.
«Las autoridades han intensificado su táctica represiva con una nueva oleada de arrestos en el periodo previo a las elecciones y, desde el 28 de mayo de 2021, han detenido a más de 30 personas sólo por ejercer sus derechos humanos», denuncia.
AI incluye también en su informe a situaciones de represión y tortura en México, Perú, Paraguay y Ecuador.