La Policía de Brasil arrestó este sábado a Anderson Torres, exministro de Justicia en el Gobierno de Jair Bolsonaro, cuya detención fue ordenada en el marco de la investigación por el intento de golpe de Estado contra Luiz Inácio Lula da Silva, informaron fuentes oficiales.
El ex ministro fue detenido por las autoridades en el aeropuerto internacional de Brasilia al desembarcar procedente de Miami, según confirmaron sus abogados a la prensa. Torres era el secretario de Seguridad del Distrito Federal de Brasilia cuando miles de bolsonaristas radicales invadieron y destrozaron las sedes del Congreso, la Corte Suprema y la Presidencia, el domingo pasado.
Torres asumió el 2 de enero y cinco días después se fue de vacaciones a Estados Unidos, por lo que no estaba en el país en el momento en el que se dieron los ataques de los radicales de ultraderecha.
Al conocer sobre su orden de arresto emitida el miércoles, el exministro anunció que regresaría al país para ponerse en manos de la Justicia y demostrar su inocencia, pues alega que había un plan de contingencia en caso de que se presentaran actos violentos en las marchas de los bolsonaristas.
“Creo en la justicia brasileña y en la fuerza de las instituciones. Estoy seguro que la verdad prevalecerá”, señaló en un mensaje publicado en las redes sociales. La víspera el ministro de Justicia, Flávio Dino, afirmó que si Torres no regresaba a Brasil hasta el lunes el Gobierno solicitaría su extradición.
Además de la orden de arresto, el magistrado Moraes también dictó un registro en la residencia de Torres, donde la Policía encontró el borrador de un decreto presidencial para intervenir el Tribunal Superior Electoral y “corregir” el resultado de las presidenciales, que Bolsonaro perdió ante Lula por una diferencia de 1,8 puntos porcentuales.
El exministro de Bolsonaro alegó que “el citado documento fue incautado” cuando él no se encontraba en casa “y filtrado fuera de contexto, ayudando a alimentar narrativas falaces” contra él.
Por los ataques de los bolsonaristas, que estaban acampados desde hacía dos meses frente al cuartel general del Ejército en Brasilia, han sido detenidas más de 1.800 personas y se ha abierto una serie de investigaciones contra políticos y empresarios acusados de financiarlos.