La Asamblea Legislativa, de amplia mayoría oficialista, aprobó en la medianoche de este miércoles suspender por 30 días más las garantías constitucionales en el contexto de una polémica medida de régimen de excepción implementado para «combatir» a las pandillas.
La medida, que se prolonga hasta finales de julio 2023, fue aprobada —por 67 votos de los 84 diputados— a petición del Ejecutivo del presidente Nayib Bukele. Cabe señalar que el gobierno no presentó un estudio previo para justificar la medida.
Las garantías constitucionales suspendidas son el derecho a la defensa de las personas detenidas, la inviolabilidad de las telecomunicaciones y el plazo máximo de detención provisional de 72 horas.
Esta aprobación corresponde a la decimoquinta prórroga de la suspensión de las garantías constitucionales bajo el gobierno de Bukele.
De acuerdo con un informe de la organización humanitaria Cristosal, al menos 160 personas, en su mayoría jóvenes, han fallecido en El Salvador bajo custodia de agentes de Seguridad del Estado durante la polémica medida de excepción, implementada por el Gobierno de Bukele para «combatir» a las pandillas.
La Fiscalía General de la República (FGR) archivó «142 casos» de muertes al interior de diferentes cárceles de El Salvador por «no constituir delito» por parte de los agentes de Seguridad del Estado, dijo el martes el jefe del Ministerio Público, Rodolfo Delgado.
El fiscal general aseguró que los «142 casos no constituyen delito, de acuerdo con nuestras investigaciones» y apuntó que «fiscales investigaron técnicamente cada uno de los hechos».
Organizaciones humanitarias del país centroamericano registraron hasta mediados de marzo al menos 5.082 «víctimas directas» de violaciones a derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias, en el contexto de dicho régimen.