Ola de despidos en el Estado amenaza con agravar el conflicto social en Argentina

En su intervención en el IEFA Latam Forum, una cumbre empresarial que analiza el rol de la región en la economía global, el presidente argentino, Javier Milei, anunció esta semana que planea despedir a 70 mil empleados públicos, como parte del plan de ajuste fiscal con el que busca alcanzar el prometido “déficit cero”.

Al iniciar su ponencia, como en otras oportunidades, el mandatario anarco-capitalista esbozó un panorama de la herencia que recibió del kirchnerismo: “Siempre estuvimos preparados para recibir esta papa caliente, y eso lo pueden ver, porque si no hubiéramos tomado medidas rápidas, ya habríamos volado por los aires varias veces”, sostuvo.

La guadaña anunciada ante entusiastas empresarios por el jefe de Estado, alcanzó en los últimos días a espacios centrales de la administración pública, como las secretarías del Trabajo, de la Niñez, de Derechos Humanos, de Energía, del Comercio y de Cultura, el INDEC (organismo que registra las estadísticas nacionales), la agencia Nacional de Discapacidad, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y los ministerios de Capital Humano y de Economía, entre otros, lo que deja al sector público al borde del colapso.

Con una oposición peronista aún aturdida por la derrota electoral y atravesada por fuertes internas partidarias, reproches y una evidente desorientación sobre el rumbo a seguir, el gobierno se siente a sus anchas para avanzar con un recorte que no tiene parangón en la historia del país vecino. Sin embargo, las alertas sobre un inminente conflicto social aparecen en varios puntos de la agenda trasandina.

El FMI felicita, pero advierte

El miércoles, el director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional (FMI), Rodrigo Valdés, calificó de “impresionante” el progreso en variables como la inflación o las reservas del Banco Central, pero reiteró con “énfasis” una advertencia por las consecuencias graves que puede traer un ajuste tan profundo.

“Hay que sostener los esfuerzos para apoyar a los más vulnerables, para que el peso del ajuste no caiga desproporcionadamente sobre las familias trabajadoras”, agregó el economista chileno.

Semanas atrás, la subdirectora gerente del organismo financiero, Gita Gopinath , había hecho declaraciones del mismo tenor, planteando que «es esencial garantizar que la carga del ajuste no recaiga demasiado en las familias”.

Inquietud en el Vaticano

También el papa Francisco deslizó críticas a la dureza del recorte y a las opiniones de Milei sobre el Estado al que el libertario llama «un ente ladrón que te roba vía los impuestos”, y sobre la justicia social, que califica como “una aberración”.

«El Estado es hoy más importante que nunca y está llamado a ejercer el papel central de redistribución y justicia social», remarcó su santidad a fines de febrero, al hablar sobre la importancia de un «gobierno presente», en declaraciones en las que también criticó al «Dios mercado y a la diosa ganancia».

Sin embargo, el frente más explosivo que se le presentará esta semana al mandatario libertario, concuerdan medios y especialistas, es el sindical, ya que el anuncio de despidos masivos pareció despertar a un movimiento que todavía no encuentra respuestas concretas al escenario planteado por Milei, quien además de su “granja de trolls”, que digita la agenda pública desde las redes sociales, cuenta –según todos los sondeos- con un nada despreciable apoyo ciudadano, que ronda el 50%, tras poco más de 100 días de gobierno.

Los gremios a la calle

Pocas horas después de anunciada la profundización del plan “motosierra y licuadora”, como denomina el Ejecutivo al desmantelamiento de áreas claves del Estado, el secretario general de Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, advirtió en Twitter que después del fin de semana largo de Semana Santa el personal despedido realizará «ingresos masivos y simultáneos a todos los organismos de la administración pública nacional» y responsabilizará al presidente Javier Milei «por cualquier hecho violento que hubiera que lamentar«.

«Esperamos que no se repitan escenarios del pasado, que la administración pública no esté militarizada y la policía no bloquee las puertas de los ministerios con listados de quienes sí y quienes no pueden ingresar», subrayó el dirigente sindical.

“Nos vamos a defender con las herramientas más efectivas que tenemos, que es ejerciendo nuestros derechos constitucionales de huelga, manifestación y libertad de expresión«, sostuvo Aguiar al portal El Destape.

En tanto, el otro sindicato estatal, UPCN (Unión del Personal Civil de la Nación), un gremio más moderado y negociador, no toma decisiones concretas sobre los próximos pasos a seguir, aunque inorgánicamente algunos delegados de diversos sectores han participado de protestas las últimas semanas, en solidaridad con las áreas desmanteladas, como ocurrió en el martes en el hall de la Secretaría de Trabajo.

La Confederación General del Trabajo (CGT), si bien viene insinuando una nueva marcha como la convocada el pasado 24 de enero – que tuvo una movilización muy masiva, pero una adhesión dispar- todavía ve lejos una convocatoria concreta, como impulsan los dirigentes más combativos, ya que pese a la conflictividad creciente, recibieron datos de encuestas sobre un alto nivel de rechazo a esta alternativa, por ahora.

Una semana áspera

Con todo, la situación se vislumbra tensa. La ministra de Seguridad y su flamante “protocolo antipiquetes”, consagrado en la resolución 943/2023, criminaliza la protesta social y limita severamente las posibilidades de manifestarse en Argentina.

La polémica norma permite intervenir en los cortes de calles sin orden judicial para «despejar los accesos, hasta dejar totalmente liberado el espacio», identificar “a los autores, cómplices e instigadores», demandar judicialmente a las organizaciones y personas convocantes y hacerlos cargo del costo “de los operativos que se hubieren desplegado para hacer cesar los actos ilegítimos».

La atmósfera política y social en la que transcurrirá esta semana, no parece contribuir a que se tranquilicen los ánimos: el país vecino atraviesa una crisis económica que se agrava día a día y muestra cifras de caída del consumo, licuación del salario, baja récord en la producción y precios disparados en productos y servicios esenciales como alimentos, medicamentos y seguros de salud.

Desde la llegada de Milei a la Casa Rosada, los sueldos perdieron casi una quinta parte de su poder adquisitivo (18%), la peor caída desde hace 21 años, según el oficial índice RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores). Mientras, la pobreza trepó hasta llegar a casi seis de cada 10 argentinos.

Los dados están echados en el país donde los gastos públicos en salud, educación, y los subsidios a la cultura y a la investigación, son atacados por la derecha y considerados los culpables de lo que le ocurre a Argentina, lo que constituye cambio cultural muy fuerte en una nación que se caracterizó precisamente por un Estado presente que permitió una movilidad social ascendente.

El tiempo dirá. Los trabajadores trasandinos suelen señalar que en Argentina “una semana es un siglo”.