Hassan Akram: “Una nueva Constitución no va a mejorar las pensiones, pero va a crear democracia en Chile”

El destacado analista político y económico Hassan Akram es el director de la sede chilena de la universidad norteamericana Wake Forest y profesor de políticas públicas de la Universidad Diego Portales. Además, tiene un magíster en desarrollo económico de la Universidad de Cambridge y un doctorado en ciencias sociales y políticas de la misma institución.

En su más reciente publicación “El Estallido ¿porqué? ¿hacia dónde?”, el también autor del informe “Tres razones para rechazar el TPP11”, explica que el malestar no es ningún mito –como algunos intentan defender– sino el resultado directo de un modelo económico de liberalismo desenfrenado y que el Tribunal Constitucional (TC) chileno, que ha funcionado como un “cerrojo” a las reformas redistributivas, no es algo común en el mundo.

Poniendo a Chile en el contexto de otros experimentos de neoliberalismo extremo (como los casos de Reino Unido y Estados Unidos), el texto de Akram da cuenta de cómo ciertos cambios constitucionales pueden ayudar a reducir las desigualdades, o mejor dicho, a abrir el camino para que cuando una reforma reduzca las desigualdades, no sea bloqueada por el TC u otro mecanismo de “cerrojo”.

— ¿Ha intentado la élite política y económica chilena negar que las causas del estallido social provienen del modelo económico neoliberal? ¿Qué tiene que ver esto con la idea del “malestar mítico” que explicas en tu libro?

Sí, yo creo que en parte de la élite política y económica ha existido una negación total del malestar, o sea las manifestaciones, de la rabia, las marchas y todo el estallido, una negación total de vincular esos fenómenos con el tema material de las falencias del sistema económico.

Ejemplo evidente de eso es que Bernardo Larraín, que al final desde la Sofofa ha sido uno de los empresarios más abiertos al proceso constituyente, él se declara a favor de una nueva Constitución, pero en su análisis, donde reconoce que hay rabia y todos esos temas, es la primera persona en decir «pero el modelo económico está bien». Que acá tenemos buen crecimiento económico, que tenemos un país que ha progresado mucho, que la gente vive mejor, y a pesar de eso hay rabia por otras razones, que tienen que ver, según él, con temas sociales.

Y esa idea de que el modelo está básicamente bien y los temas sociales son el único problema, también se nota desde por ejemplo el espacio académico, donde Sebastián Edwards habla de la «paradoja de Chile», donde ha bajado mucho la desigualdad, cosa que es falsa, pero él lo dice, que baja mucho la desigualdad y, en comparación, la rabia aumenta. Y él, saca la conclusión de que es porque hay una desigualdad de trato. O sea, que la gente me mira feo, o el jefe me mira. Y yo diría no, el problema acá no es que el jefe me mira feo. El problema acá es que al trabajador le cuesta llegar a fin de mes porque los salarios son muy bajos, porque la salud es muy cara, porque la educación es muy cara, porque las pensiones son una miseria. Entonces, la rabia es muy material y tenemos a toda la élite política y económica, y todo el debate público, enfocado en temas de trato.

Y eso, tiene que ver un poco con el tema del «malestar mítico». Porque fue el Centro de Estudios Públicos (CEP) el que hizo mucho daño, cuando sacaron todos estos textos negando el malestar en Chile. Negando que había un descontento profundo. Y decían «no, es que el gobierno de la Nueva Mayoría se equivocó en su análisis de que hay un profundo malestar», que estaban tratando de resolver un problema que no existía, que el malestar era un mito inventado por la prensa de izquierda. No sé a qué prensa están refiriéndose sí todos los medios de comunicación oficialista tienen altísimos niveles de autocensura y buscan más bien reducir que agudizar los conflictos que reportan en Chile. Pero esa fue la tesis del CEP, que decía que el malestar es un mito. Una búsqueda de razones al estallido que no ve el tema fundamental, que es que los salarios son muy bajos y los servicios sociales son muy caros. Hay un problema material que tiene que ver con el liberalismo que ellos se niegan a ver, y lo que hace mi libro es fundamentalmente identificar en el modelo económico en sí –en la estructura productiva de un país que vende recursos naturales al mundo desarrollado– la causa subyacente de esta rabia que estamos viendo en Chile. 

— En tu libro dices que “la vara para determinar el cambio a la Constitución será ver qué pasa con el TC”. ¿Qué tendría que pasar con el TC para que deje de cumplir esta función de “cerrojo” del sistema neoliberal que ha venido cumpliendo las últimas décadas?

Primero, en qué sentido el TC funciona como un cerrojo. Bueno, en dos elementos fundamentales el TC funciona como un tribunal que no es típico. Porque todas las constituciones tienen un organismo que declara inconstitucional leyes que transgreden los derechos básicos. Pero el TC es distinto, por dos razones. Primero, porque tiene el control preventivo y, segundo, porque tiene una composición política. En términos de control preventivo uno puede compararlo con el de Estados Unidos. Allí una ley sale del Congreso, empieza a funcionar y después ciudadanos que se sientan con sus derechos transgredido pueden demandar al Estado y eso escala y puede llegar a la Corte Suprema, que en última instancia declara la ley inconstitucional. Es un proceso muy lento, muy caro y muy difícil. Así debe ser, porque si una ley pasa gracias a la voluntad de los electores, después entra al Congreso, pasa por todos los comités, por todo el lobby de los empresarios, finalmente sale, es un proceso democrático de mucho esfuerzo y, de repente, un tribunal declara «no, eso es inconstitucional». Eso va en contra de la voluntad democrática y tiene que haber razones muy de peso para hacer algo así. Eso debe ser la excepción, en otros países es la excepción. En Chile, el TC, con su control preventivo que bloquea una ley antes de que haya salido, es algo mucho más activo. Eso no es típico de las constituciones. 

La otra cosa es que el TC en Chile es de una composición política. Todos los ministros fueron nominados por partidos y sabemos su trayectoria política. En otros países hay jueces cuyas posiciones políticas se desconocen, ellos fallan según lo que dice la ley. Estos ministros (los chilenos) no son jueces independientes, son precisamente asignaciones políticas. Entonces, las dos cosas que tiene que cambiar el TC es que tiene que perder el control preventivo y también su asignación politizada. 

— ¿Qué son y cómo funcionan los tribunales de arbitraje ADIE?

Los tribunales ADIE (Arreglo de Diferencias entre Inversionistas y el Estado) funcionan como una cuarta cámara, porque lo que pasa con estos tribunales, que son internacionales, es que las transnacionales pueden demandar a Chile si sienten que sus expectativas razonables de inversión fueron afectadas por una política pública. Esto significa que, por ejemplo, si en el caso las pensiones se hace una ley para sacar el 10% que en este momento se paga a la cuenta individual y se pone en un fondo común o AFP Estatal, podría primero ser declarado inconstitucional por el TC, pero suponiendo que en una nueva Constitución no hay TC, entonces pasaría que las empresas que son dueñas de las AFP podrían demandar a Chile, alegando que este cambio en su negocio afecta sus expectativas razonables de ganancias y, por ende, necesitan una indemnización. El costo de eso sería tan alto, que haría inviable un cambio en las pensiones. En Bolivia se hizo una reforma de este tipo y la AFP estatal no ha podido recibir aún el traspaso de las cuentas individuales porque la AFP BBVA demandó a Bolivia y están esperando una indemnización. Y estas indemnizaciones son muy elevadas. En Ecuador hicieron una multa de 7 mil millones de dólares. Eso fácilmente podría hacer la reforma completamente inviable en términos financieros si esos tribunales declaran que podría afectar sus ganancias.

Ahora, de la misma forma que el TC es sesgado políticamente, estos tribunales de arbitraje son sesgados porque son asignados por las empresas. Técnicamente lo que pasa es que la empresa asigna un árbitro, el Estado asigna un árbitro y se ponen de acuerdo para asignar un tercero. Eso suena como simétrico, pero no es así, porque solamente las empresas pueden demandar a los Estados en este sistema. Entonces un árbitro, incluso si fue asignado por el Estado, tiene un incentivo para fallar a favor de la empresa, porque si las empresas no reciben buenas indemnizaciones de este sistema, dejan de usar el arbitraje. Y si dejan de usar el arbitraje, ningún árbitro, ni de los Estados ni de las empresas, reciben su pago. Ellos no reciben un sueldo anual, están pagados por hora. Por eso tienen un incentivo para seguir constantemente alargando estos juicios y declarar a favor de las empresas. Y de hecho, los estudios demuestran que 72,5% de las interpretaciones jurídicas de esos tribunales son precisamente a favor de las empresas. 

— ¿Y qué hacer ante ellos?

Para eliminar estos tribunales hay distintos mecanismos. Uno sería declarar en la misma Constitución que todo tratado que ha firmado Chile, que entrega soberanía o jurisdicción a tribunales de arbitraje, sería inconstitucional. Y eso implica que Chile tendría que mandatar al Estado a salir de esos tratados según las reglas de esos tratados. Eso se puede hacer, todos los tratados tienen reglas para salir. El problema con eso es doble: por un lado están las pérdidas económicas que significarían salir del TLC, con Estados Unidos por ejemplo; y por el otro, una cláusula de estos tratados que se le denomina «cláusula de atardecer«, que implica que uno puede salir del tratado, pero de todas formas corre la jurisdicción (de los tribunales de arbitraje) por un tiempo extra, y por ejemplo en el caso del tratado con el Reino Unido, que tiene isapres, es de veinte años. Un tremendo problema. De hecho, Bolivia está siendo demandado por el tema de las pensiones, precisamente por el tema de ‘atardecer’.

Entonces, no es tan fácil salir de esos tratados y salir de esos tribunales de la cuarta cámara. Pero hay una forma de hacerlo, porque en este momento, hay mucha oposición a estos tribunales precisamente por sus sesgos, y la Unión Europea firmó un documento para reemplazar estos tribunales con una Corte Multilateral, que no sería de árbitros sesgados sino que de jueces permanente. Eso existe en este momento, es una corte que se aplica por ejemplo para ver temas de inversión entre la UE y México.

Lo que podría decir la nueva Constitución es que Chile va a rechazar la constitucionalidad de los tribunales de arbitraje buscando la renegociación, para reemplazar esos tribunales con una corte multilateral estilo europeo. Eso, los europeos lo van a aceptar. Estados Unidos, bajo Trump, ha sido también escéptico al arbitraje. De hecho, firmaron en el nuevo acuerdo de NAFTA (que Trump está firmando con México) una limitación donde las transnacionales no puede usar tanto el arbitraje, porque ellos también tienen un problema con ese sistema. Entonces, es una opción perfectamente viable. Insistir en una nueva Constitución en reemplazar el arbitraje por esas cortes multilaterales. 

— ¿Cuál dirías que es el mensaje esencial del libro?

El mensaje, sobre todo en este momento constituyente es que una nueva Constitución no va a mejorar las pensiones, no va a mejorar los salarios, pero sí lo que va a hacer es crear democracia en Chile. Chile no va a mágicamente mejorar porque tiene una nueva Constitución. Pero Chile va a tener democracia, y con democracia vamos a poder tener un debate acerca del mejor sistema de pensiones, el mejor sistema de salud y lo que no va a pasar, es que esas nuevas leyes puedan ser sacadas de forma antidemocrática por el Tribunal Constitucional, la tercera cámara o por estos tribunales de arbitraje, la cuarta cámara. Sacando estas tercera y cuarta cámara de la Constitución. Ésa es la única cosa importante. No es como poner muchos derechos sociales en el texto porque eso puede quedar como letra muerta. Lo importante es conseguir la democracia plena en Chile. Y la forma de conseguir la democracia plena es sacar la tercera y cuarta cámara, y después podemos hacer nuevas leyes para tener mejores salarios, mejores pensiones y todo lo demás.

El camino es largo, como dice Martin Luther King, pero tiende hacia la justicia. Podremos, en 10, 15 años más construir un Chile mucho mejor, si en este momento tan importante podemos conseguir la democratización. Ya han muerto tantas personas como gente que ha perdido sus ojos, sería una pérdida en vano si no logramos democratizar este país por lo menos. El mensaje esencial es ese. Ojalá que las muertes y el sufrimiento no sean en vano.