VOCES| «No la mató, solamente le arrancó los ojos»: ¿Qué está pasando con la justicia?

Frente a los acontecimientos que estamos viviendo como seres humanos, como ciudadanxs y como mujeres, frente a la violencia brutal ejercida por asesinos macabros, resulta del todo incomprensible lo que hace pocos días sucedió con el caso de Nabila Rifo y su agresor, Mauricio Ortega.

La Corte Suprema desestimó y rebajó la condena impuesta por el Tribunal Oral de Coyhaique a Ortega. La razón para tal medida es nada más ni nada menos, que dicha corte no consideró que la agresión hacia ella fuese un femicidio frustrado, es decir no se cumplió el requisito que según el criterio de estos jueces es necesario para que este delito “cumpla” con esta categoría: el hombre no la mató, solamente le golpeó la cabeza con dos piedras y se fue o se alejó del lugar, probablemente porque creyó que estaba muerta. Pero volvió al sitio y le sacó los ojos. ¿Alguien puede explicarme si esto no es intención de matar a alguien? Si no murió, fue porque el azar hizo que así fuese, considerando que la abandonó desangrándose en un lugar muy frío, sin auxiliarla (en el supuesto caso que se hubiese arrepentido). Lo más probable, es que no contó con que sobreviviría para contarlo. Abandonarla en esas condiciones es dejarla morir y regresar a causarle aún más daño, a dejarle una marca en su cuerpo ¡no es femicidio frustrado! ¿Qué está sucediendo con la justicia?

No creo en la pena de muerte, tampoco en el linchamiento y menos en transformar el dolor y la rabia en venganza. Siento vergüenza cuando los medios abusan del morbo y del dolor de la familia para captar público y vender diarios y atraer audiencia. Para eso hay un sistema de justicia, que nos aleja de la barbarie y depositamos nuestra confianza en él, porque actúa en base a leyes, pero también a un mínimo de sentido común. Ese que cae por su propio peso, que nos hace pensar en que la lógica es más fuerte que las maniobras legales y que la ley está para protegernos, especialmente a nosotras las mujeres, a nuestras niñas y niños, porque se trata de víctimas que se encuentran en desventaja ante la fuerza bruta y sobre todo, porque somos el objetivo de estos asesinos. Para eso existe esta ley, porque la necesitamos y no puede ser que ahora el victimario de Nabila tenga ocho años menos de cárcel porque al eliminar el femicidio se rebajó su condena de 26 a 18 años. Esto implica que puede acceder antes al derecho de libertad condicional y salir más pronto a la calle, para que el miedo regrese a Nabila y a toda posible víctima.

Si en el futuro volvemos a presenciar que ese asesino no se rehabilitó y atacó de nuevo, se pondrá el grito en el cielo y una vez más seremos testigos impotentes como un grupo de cinco jueces votaron exculpándolo del femicidio y facilitaron su futura libertad, a excepción del voto en contra de uno de ellos, el juez Milton Juica, que bien vale la pena mencionarlo.

El asesino podrá acceder a ley 20.587, que en el año 2012 cambió el concepto de beneficio penitenciario sujeto a restricciones, por el derecho inalienable del reo de postular a la libertad condicional. A esto se acogió el asesino de Ámbar, por eso pudo salir en libertad, a pesar de tener una doble condena por asesinato.

Es posible sospechar que con esta insólita modificación realizada en el gobierno de Piñera se buscó “ablandar” los requisitos para prepararles el camino a los de Punta Peuco. Es importante conocer la razón de esta modificación, considerando cuánto habló en su primera campaña de terminar con la puerta giratoria. Sin embargo, cambió la ley y todos los condenados pueden postular a la libertad condicional, según la evaluación de una comisión conformada por jueces y ministros de la Corte de Apelaciones. Ellos también pueden acceder a un informe de Gendarmería que describe las características del reo, pero la comisión no tiene la obligación de leerlo, puede ignorarlo, no es un informe vinculante. La ley les permite desestimar el informe de quienes precisamente son los más cercanos al reo, los que conocen sus reacciones y comportamiento violento o si ha cambiado en los años de presidio. 

Bajo estas condiciones, la comisión está obligada a determinar si le otorga o no, este derecho. Si se lo conceden, apuestan a un futuro buen comportamiento del inculpado. Está claro que así fue. Dejaron en libertad al asesino de Ámbar, porque la ley lo permitió y cumpliendo las normas, ignoraron el informe de Gendarmería que advertía de la peligrosidad de Bustamante, de un psicópata, que cuando pudo planeó fríamente otro asesinato.

Existen ciertos límites para cederles este derecho y también la ley ha tenido modificaciones después que Bustamante pudo salir, pero continúa siendo un derecho y no el beneficio que antes existía, lo cual lo transforma en una atribución para el que cumple condena y no de un privilegio concedido por su buena conducta.

¿Quiénes son los verdaderos responsables, que entre gallos y medianoche introdujeron esta ley? Esa es la respuesta urgente. No el linchamiento, ni la rabia por las redes. Hay que preguntarse lo que hay detrás de estas decisiones. Debemos y tenemos el derecho de incidir en que cosas así no vuelvan a suceder, las leyes no pueden pasarnos por encima para la conveniencia de algunos y el daño brutal para el resto. Nadie desea lo que ha pasado en estos crímenes, por supuesto, a la hora del repudio todas las voces hacen coro. Pero sucedieron, liberaron criminales y lo siguen haciendo en nombre de una legalidad mal hecha ¿Les estamos dando el derecho de nuestras vidas a las personas adecuadas y bajo reglas del juego transparentes?