Incendio forestal en Quilpué / Agencia Uno
En Chile no existe un ordenamiento territorial robusto para la interfaz urbano-rural, que permita regular los usos de suelo y la expansión urbana bajo una mirada holística que considere la prevención de la ocurrencia, propagación y daños causados por incendios forestales. A fines de 2020 se presentó una iniciativa legislativa que busca impedir cambiar el uso del suelo tras incendios forestales. En un contexto de crisis climática y de extrema sequía, se requiere la discusión, perfeccionamiento y aprobación urgente de esta iniciativa legal previo a la próxima temporada de incendios, pues a nuestro planeta ya no le queda tiempo y cada hectárea cuenta.
Todos los años vemos que se generan una gran cantidad de incendios forestales, que casi en su totalidad son provocados en forma intencional o negligente. Tras incendios voraces, vemos que muchos terrenos parecen no poder recuperarse, y son destinados finalmente a «otros usos» (eso es lo que se denomina «cambio de uso de suelo). Esto deja al menos la obvia duda de que se están provocando estos incendios en forma intencional para que, bajo una legislación que contiene ciertos vacíos, nos olvidemos de los ecosistemas originales y demos rienda al desarrollo de proyectos que van reemplazando a la vegetación inicial.
¿Por qué debiéramos conservar los ecosistemas originales? Porque es la vegetación propia de un lugar la que asegura que el suelo se «sujete», pueda almacenar agua y liberarla lentamente, sostenga muchas formas de vida fundamentales para procesos como la polinización, la incorporación de nutrientes al suelo, la captación de CO2, regulación climática y un largo etcétera. Un cultivo agrícola no genera estos beneficios; tampoco una plantación tradicional bajo los esquemas actuales de plantación y corta. Todo esto es extremadamente evidente en la zona centro y centro-norte de nuestro país, donde se concentra la mayor parte de la población. Los requerimientos de agua para consumo humano son enormes, la demanda de agua para cultivos agrícolas como paltos y otros también son altísimos (nota al margen: el establecimiento desmedido de este tipo de cultivos y de construcción de condominios está generando gran impacto en los suelos y en la disponibilidad de agua, lo que a su vez implica serios conflictos con los habitantes locales).
A fines de 2020 se presentó en el Congreso Nacional un Proyecto de Ley patrocinado por las Diputadas Girardi y Sepúlveda, junto a los Diputados Ascencio, González, Ibáñez y Winter, que busca que se impida cambiar el uso del suelo tras incendios forestales. En paralelo, también se presentó una iniciativa similar desde el Senado, patrocinado por las Senadoras Allende y Órdenes, en conjunto con los Senadores De Urresti, Girardi y Lagos. Los textos fueron refundidos en uno, y en palabras simples se trata de impedir que, tras este tipo de incendios y el consecuente daño al suelo, este se destine a otros usos como inmobiliario y agrícola, en vez de recuperar el ecosistema afectado.
El proyecto expone que los incendios forestales se han vuelto un problema de seguridad en Chile, mismo concepto que emplea la Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo en su libro «Chile Necesita un Nuevo Modelo Forestal». El texto del proyecto de ley, citando al mismo documento, menciona que entre 2003 y 2017 se registraron incendios en 1.427.000 hectáreas, de las cuales 61% corresponde a bosque nativo. Expone, además, que «en Chile no existe un ordenamiento territorial robusto para la interfaz urbano-rural, que permita regular los usos de suelo y la expansión urbana bajo una mirada holística que considere la prevención de la ocurrencia, propagación y daños causados por incendios forestales».
Nos encontramos en una situación de crisis climática y de extrema sequía; vemos deslizamientos de suelos en los sectores cordilleranos cuando se concentran las escasas precipitaciones que caen en la zona central; la comunidad se enfrenta a cambios drásticos en el paisaje que repercuten directamente en su calidad de vida por todos los impactos ya mencionados; vemos que el tema medio ambiental es muy relevante para la ciudadanía y estará reflejando en la nueva Constitución que está en proceso. Todo esto amerita la discusión, perfeccionamiento y aprobación urgente de esta iniciativa legal previo a la próxima temporada de incendios, pues a nuestro planeta ya no le queda tiempo y cada hectárea cuenta.
