Alertan por la continuidad de incentivos perversos en la prórroga a la Ley de Riego

La Ley de Riego ha subsidiado, con dinero de todas y todos los contribuyentes, a grandes empresarios agrícolas, a productores que cultivan en laderas contribuyendo a erosionar los suelos, o que han talado vegetación nativa, o que se dedican al negocio agroexportador sin exigencias de dejar agua disponible para el uso humano y los ecosistemas.

Hoy, el Congreso está discutiendo una prórroga por 12 años a esta ley con ciertas modificaciones, y el proyecto despierta preocupación en ambientalistas, científicas y científicos por los incentivos que genera y que van en contra de la acción climática para resguardar el agua, los suelos y la biodiversidad.

“Tal como nos ha advertido la OCDE, y tal como se propone esta prórroga a la Ley de Riego, esta sigue siendo un incentivo perverso. Y estamos discutiendo extenderla sin estudios que evalúen el daño que ha causado en los suelos no aptos para agricultura, en la sobre-explotación de ríos y acuíferos, en la pérdida de biodiversidad y la contaminación por químicos entre otras. No podemos estar en la COP 26 señalando que la seguridad hídrica es un compromiso internacional, y tratando de legislar acá con instrumentos cuestionados”, señala Verónica Delgado, abogada experta en derecho ambiental y de aguas, que expuso en el Congreso en relación a la ley.

Para Verónica, más que una Ley de Riego debería estarse discutiendo una ley de seguridad hídrica que integre la visión de usos de suelo y que esté a la altura de la crisis hídrica y climática que atraviesa el país. La doctora en ecología, Fernanda Salinas, coincide agregando que, con la Ley de Riego, “el Estado ha sido promotor de la deforestación de ecosistemas naturales para transformarlos en suelos de monocultivo de frutales. Lo vemos con los planes de manejo de Conaf declarados ilegales, y vemos que esos mismos territorios fueron bonificados con esta ley. Lo que debería hacerse es una investigación profunda que identifiquen a los actores públicos y privados responsables de este daño ambiental”, sostiene.

La votación en el Senado se suspendió la pasada semana luego de un reportaje que diera a conocer los subsidios millonarios subsidios para riego recibidos por el conglomerado agrícola del presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Juan Sutil.

Ley de Riego e incentivos perversos

Una de las principales críticas a la Ley de Riego es que en 36 años de vigencia ha beneficiado a grandes agricultores más fácilmente que a los pequeños. Y aunque el objetivo es subsanar la focalización en esta prórroga, el articulado todavía deja un vacío. “Se bonificará a quienes postulen con cierta cantidad de hectáreas, pero la redacción permite que grandes agricultores con muchas hectáreas postulen algunas de ellas también al subsidio. No limita la cantidad de hectáreas de las que se es propietario”, explica Verónica Delgado.

Además, se deja un remanente de 2% de los recursos anuales que antes se destinaba a agricultores con más de 200 hectáreas y ahora será para agricultores con entre 80 y 200 hectáreas. “Esos números igual son de grandes agricultores. Argumentan que sobraría la plata porque no hay tantos proyectos pequeños, pero ese sobrante se puede destinar al Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) que tiene lista de espera”, agrega la abogada.

Uno de los incentivos que permanecerían con esta ley es el de subsidiar el cultivo en laderas, donde los suelos no son aptos para cultivo pero se están cultivando de forma masificada. “Son suelos calificados como no cultivables porque hacerlo favorece los procesos erosivos del suelo. Con cada lluvia uno puede ver los socavones que quedan entre los camellones de palto y son toneladas de suelo que se pierden año a año”, explica Fernanda Salinas.

Sin embargo, hay una contradicción en el articulado del proyecto de prórroga. “En un artículo prohíbe los subsidios para cultivo en laderas, y en otro aclara que se permitirá para proyectos en laderas que cumplan un manual de buenas prácticas que está vigente desde el 2005 y nunca se ha cumplido”, agrega.

Para Fernanda, la ley también incentiva la degradación de vegetación nativa. No acepta bonificaciones para proyectos que la afecten directamente, “pero sabemos que la vegetación nativa se degrada indirectamente a través de incendios, tala, introducción de ganado y luego se argumenta que el ecosistema nativo esta tan degradado que se puede utilizar para cultivo”, afirma. Salinas ha estudiado los cambios de uso de suelo en bosques nativos que son afectados por incendios forestales.

Leyes para el medio ambiente

Uno de los grandes reclamos a la hora de legislar sobre temas relacionados a medio ambiente, es escuchar a la ciencia. “En la Mesa Nacional del Agua más de 150 científicas y científicos cuestionamos la política de embalses y de riego y sugerimos la necesidad de recuperar los ecosistemas que sostienen el ciclo hídrico, bonificando aquello que realmente sea sustentable. La OCDE ha solicitado a Chile estudiar los efectos de su política de riego en la recarga de los acuíferos que son de las principales fuentes de agua para el futuro”, manifestó Verónica Delgado en el Congreso.

Fernanda Salinas agrega que “hay una aproximación muy lineal de que si tenemos sequía hay que acaparar el agua que podamos. Eso es paliar el síntoma sin solucionar el problema de raíz, que es la destrucción de los ecosistemas que permiten el funcionamiento del ciclo hidrológico. Tanto los proyectos de embalses para riego como los cultivos agroexportadores que subsidia esta ley intensifican este problema”, resume.

Fernanda señala una de las indicaciones que más le preocupan del proyecto, en que se permiten condiciones y requisitos especiales para proyectos en situaciones excepcionales como escasez hídrica y catástrofes. “Estos eventos son cada vez más frecuentes, y como está redactado se permite liberar recursos sin cumplir los requisitos de la ley, lo que da lugar a decisiones arbitrarias. Me hace pensar en situaciones como el embalse que se estaba construyendo en Petorca, una zona con decretos de escasez hídrica y cuya obra tuvieron que suspender porque no iba a haber agua suficiente para que operara, porque se decidió en una situación de excepción y sin sustento técnico”, afirma.

Tanto Fernanda como Verónica llaman a cuestionar también el tipo de modelo agrícola que está financiando el Estado a través de esta ley. “Se sigue dando un puntaje especial a quienes aumentan la superficie regada, pero no se focaliza en la agroecología o la agricultura orgánica”, comenta Verónica. “En contexto de crisis climática serán más frecuentes los cortes de suministro de alimentos, como se señala en el IPCC. Es importante promover una agricultura que busque entregar alimentos nutritivos a comunidades locales, en vez de un modelo agroexportador altamente demandante en sustancias agrotóxicas que también tienen un efecto en la salud”, concluye Fernanda.

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