Frenazo de SEA a proyectos de inversión se da por deficiencia en la información presentada

El Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) le pone frenos a la inversión en Chile. Ese es el tono con que parte del empresariado y de los medios tradicionales analizan el término anticipado de proyectos como la ampliación de la mina El Rubí o la ampliación de Colún en La Unión; cuyas evaluaciones terminaron anticipadamente por la falta de información esencial en los estudios presentados por las empresas titulares. Pero para autoridades del SEA y otros especialistas en derecho ambiental, se está haciendo cumplir estándares que están en la ley y que antes no se cumplían; dando más certezas tanto a las comunidades como a las empresas inversoras. 

“Cuando los estudios o declaraciones de los proyectos no cuentan con la información necesaria para poder evaluar correctamente los impactos ambientales, es mejor que se dé un término anticipado al inicio, en lugar de seguir con un proceso de varios años que puede terminar en un rechazo o en una judicialización por esa misma falencia en la información. El término anticipado permite volver a presentarlo con una información adecuada de manera que el proceso sea luego más eficiente, menos costoso, y los impactos ambientales sean adecuadamente compensados, mitigados y reparados”, analiza Ezio Costa, abogado y director de la ONG FIMA. 

Similar evaluación hizo la directora del SEA, Valentina Durán, declarando en una carta pública que el término anticipado de proyectos “no es un rechazo, sino una oportunidad de completar la información para un nuevo y mejor ingreso”. La titular además destacó en una entrevista a El Mercurio, la “falta de autocrítica” de los titulares del proyecto eólico Faro del Sur, que retiraron el proyecto de forma voluntaria ante observaciones negativas de algunos organismos públicos en la evaluación ambiental, y adelantándose a un posible término anticipado. Desde las empresas titulares criticaron que las observaciones recibidas en la evaluación “sobrepasan el estándar habitual”.

“Lo que podríamos estar viendo es que el SEA está efectivamente cumpliendo con su labor, que en años anteriores ha sido cuestionada y hemos visto muchos proyectos evaluados donde el servicio se convirtió en un facilitador de ciertas actividades, sin observar cómo estas podían afectar al medio ambiente, ni qué tipo de prevenciones había que tomar. Si miramos históricamente las tasas de aprobación de proyectos son altísimas. Ahora estamos viendo una tasa de aprobación de proyectos que es un poco más realista con respecto a los problemas que tienen muchas veces los Estudios y Declaraciones de Impacto Ambiental (EIA y DIA) presentados”, reflexiona Ezio Costa. 

Falta de información esencial

El término anticipado de la evaluación ambiental de los proyectos como Colún o Rubí, se dan por “falta de información esencial”. Una de las falencias más comunes en la información entregada por empresas en sus DIA o EIA, suele estar en las líneas de base, que son la información sobre las variables ambientales existentes en un territorio al momento de presentar el proyecto. Cuando hay una omisión en las líneas de base, voluntaria o accidental, “es un problema para el sistema porque son los organismos del Estado los que tienen que suplir esa falta de información, lo que es más lento además de traspasar a toda la comunidad el costo, en vez de que lo asuman quienes están presentando el proyecto”, comenta Costa. 

El abogado hace un llamado a las empresas a hacer un buen levantamiento en su línea de base, “que le de independencia a los consultores para mostrar efectivamente lo que hay en el territorio. Muchos conflictos socioambientales se producen porque las líneas de base no mencionan o no consideran algunas variables ambientales del territorio que las personas conocen, pero que no las ven representadas en el estudio”, afirma.