«Meterse con la industria mediática es un conflicto político de marca mayor»

Chile pasa por una etapa en donde la evidente necesidad de transformaciones se empezó a discutir en la esfera pública. Con las últimas elecciones presidenciales, que por primera vez en la historia tenían a nueve candidatos postulando a la Moneda, esto se recalcó aun más. Lucro, salud, vivienda, trabajo, educación y una nueva Constitución, fueron los tópicos que más se trataron durante el período de campaña, pero poco se habló de los medios de comunicación y el rol que juegan en democracia.

Hoy, este papel de suma importancia social no parece estar a la altura de lo que demanda la ciudadanía. Poseer una amplia variedad de plataformas mediáticas significa dar voz a sectores que no la tienen, y entender de esta manera a cada eslabón sociocultural del país como un interlocutor válido para la generación de discursos políticos y opiniones de distinto tipo. La monopolización de la prensa en general jibariza la democracia e impide que esta se desarrolle normalmente.

¿Cómo fortalecerá Bachelet el rol público de los medios en caso de llegar al gobierno?

Con la inminente llegada de un segundo gobierno de Michelle Bachelet (según algunos «el primer gobierno de la Nueva Mayoría en un nuevo ciclo político-social chileno»), surge el cuestionamiento respecto de qué políticas públicas asumirá esa administración respecto al derecho de información, el pluralismo y la diversidad, sumado al mejoramiento de una serie de falencias graves que tiene la legislación nacional en esta materia.

El programa de Bachelet no trata con mayor profundidad los cambios que según expertos requiere una eventual Ley de Medios. Es más, éste se limita a hacer pequeñas alusiones a la televisión pública y la nueva ley de televisión digital: «Enviaremos un proyecto de ley al Congreso para realizar un conjunto de modificaciones en materia de televisión pública. Se deben ampliar las facultades de TVN para un cumplimiento efectivo de los objetivos asociados con la misión pública que la ley le entrega».

Las proyecciones

Para Héctor Vera, Doctor en Comunicación y académico de la Universidad de Santiago, las propuestas son más bien ambiguas. En entrevista para El Desconcierto, afirma: «Del análisis de las propuestas programáticas de Bachelet, se desprende que su gobierno buscará ocuparse de hacer políticas públicas en materia de información y cambiar aspectos de la industria. Lo que no sabemos es cuál es el diagnóstico que se hace de lo que ocurre en Chile con la desinformación, la concentración monopólica de los medios, la espectacularización de los contenidos, el rol del Estado y del mercado en la calidad informativa de los chilenos, si se protegerán o no los datos privados de la acción comercial o delictual de personas en el medio digital, si hay o no un marco regulador que pueda canalizar políticas públicas en este sector. Todo está sin formular«.

Héctor Vera, acádemico USACH

La concentración de medios es altísima. Tanto la prensa escrita como los canales de televisión, están en manos de poderosos grupos económicos cuyo interés histórico ha estado siempre de la mano con lineamientos políticos conservadores. El radioeléctrico sigue estando mayoritariamente en manos de privados, y se ponen fuertes obstáculos legales para quienes deseen levantar plataformas. Marcelo Contreras, Presidente de Fucatel – Observatorio de Medios, los constata en su columna del 14 de agosto: «Vivimos una extrema concentración de la propiedad, así como un agudo proceso de integración vertical y horizontal en manos de un duopolio que cabe en una cabina telefónica, sin que los legisladores manifiesten mayor inquietud con un proceso que afecta gravemente el pluralismo  y la expresión de la diversidad«. (Fuente:www.observatoriofucatel.cl)

Para Chiara Saez Baeza, socióloga y Doctora en Comunicación de la Universidad de Chile, quien evaluó las políticas comunicacionales de todas las candidaturas presidenciales, lo primero que hace falta es la «voluntad política de querer hacer cambios orientados a democratización del sistema de medios«.

Dicha voluntad debe estar dirigida a desarrollar proyectos que contribuyan al fortalecimiento y la expansión de la dimensión público estatal de la comunicación, incluyendo también el carácter comunitario y local. «Es necesario expandir la presencia de estos sectores no sólo como generadores de contenidos, sino también como parte del negocio: acceder al espectro y proveer servicios, de telefonía por ejemplo»,

Chile está muy retrasado en la aplicación de estas medidas. «Hay países como México o Canadá, donde los pueblos originarios desarrollan cooperativas de servicios de telecomunicaciones, allí donde las grandes empresas consideran que es poco rentable la inversión», explicó Saez. «Esto, a su vez, trae como consecuencia la implementación de medidas anexas: relacionadas con la concentración de la propiedad, el pluralismo, desarrollos tecnológicos que busquen rentabilidad social y no solo económica«, agregó.

¿Se concretarán estas transformaciones durante el próximo gobierno? Saez es escéptica: «Se habla de fortalecer Televisión Nacional de Chile, de revisar las leyes de concentración, de distribución ´plural´ del espectro, pero son términos ambiguos si no hacen referencia a una distribución equitativa entre proyectos públicos, privados y sociales«.

Si se toma en cuenta la casi nula reacción que ha tenido la Concertación respecto de la Ley de Televisión Digital, los alegatos de la UDI ante el Tribunal Constitucional y el silenciado veto presidencial, no es errado inferir que el próximo gobierno de Bachelet no incurrirá en cambios profundos en busca de tener un campo mediático más democratizado.

Importancia de la Libertad de Expresión e Información

Pedro Santander, director del Observatorio de Comunicación y Medios PUCV

Pedro Santander, periodista, académico, Doctor en Comunicación y director del Observatorio de Comunicación y Medios de la PUCV,  el escenario no es distinto. «En Chile hay muchas leyes que regulan a los medios, a diferencia de otros países donde una gran ley que lo hace. En ese sentido, lo principal que debería asumir una ley que pretende aportar a la libertad de información y expresión y pluralismo al país es poner restricciones a la propiedad. En el país ninguno de los cuerpos legales cumple con esta función, excepto, paradójicamente, para las radios comunitarias», explica.

Las consecuencias de la falta de regulación en concentración mediática se plasman tanto en términos de libertad de expresión como culturales, y los principios de mercado operan directamente sobre lo que ofrecen estas plataforma: «Los grupos económicos ya se están haciendo de los medios: Los Luksic de Canal 13, el retail de Mega, PRISA de gran parte del espectro radial chileno. Entonces, tomando en cuenta que lo que quieren es lucrar, la lógica comercial permea sin ningún problema la programación en general. Además, no les interesa el pensamiento crítico, por lo tanto si hay que priorizar, eligen formatos de baja densidad. La lógica comercial está por sobre el educar y crear un receptor cualitativamente distinto al que tenemos«, afirma Santander.

Frente a un próximo triunfo de la Nueva Mayoría en octubre, las proyecciones en este asunto son inciertas. El gran cuestionamiento que existe hoy es cuánto va a hacer o no Michelle Bachelet. Su programa, emanado en gran parte desde Res Pública (vinculado al Grupo Luksic, dueño de Canal 13), es reflejo de que detrás de su candidatura están los grandes grupos económicos del país, ya sea como financistas o lobbistas. Pero también es cierto que la apoyan voces críticas a nivel nacional, como exdirigentes estudiantiles.

Con ese contexto, Santander también acusa ambigüedades: «Bachelet a través de sus discursos no da señales en ese sentido. Ha dejado todo en la ambigüedad. Me resultaría muy difícil imaginar que  se meta con la industria mediática chilena, porque la historia reciente en los otros países latinoamericanos como Venezuela, Ecuador, Argentina, Uruguay, nos muestra que eso es un conflicto político de marca mayor. No creo que ella haga esa apuesta».