¿Quién asesinó a Jaime Guzmán? Las tesis y contradicciones a 25 años de su muerte

Hace veinte años, los autores materiales del asesinato de Jaime Guzmán se encontraban en situaciones totalmente dispares. Mientras Ricardo “El Negro” Palma Salamanca permanecía preso en la Cárcel de Alta Seguridad de Santiago, Raúl “Emilio” Escobar cruzaba Santiago a bordo del helicóptero que, minutos más tarde, rescataría dentro de un canasto a él, a Mauricio Hernández Norambuena (Comandante Ramiro) y a otros dos frentistas en la operación bautizada por la prensa como “la fuga del siglo”.

Han pasado 25 años desde ese lunes 1 de abril de 1991, en el que Palma Salamanca y Escobar Poblete -«los pistoleros» del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR)– descargaron sus armas sobre el auto del entonces senador de la UDI y principal ideólogo de la Constitución de 1980, Jaime Guzmán Errázuriz. Hoy, ambos permanecen prófugos y sin paradero conocido.

Para el periodista Juan Cristóbal Peña, quien ha reporteado y publicado diversas investigaciones sobre este y otros casos referentes al FPMR, los jóvenes pistoleros solo estaban siguiendo órdenes. «A ellos no se les ocurre matar a Guzmán y menos toman la decisión. Es más, en la declaración que hace Ricardo Palma cuando lo detienen, dice que no estaba de acuerdo con la acción, pero que como buen soldado cumple con ella. Da una medida bien precisa de que ellos son el último eslabón, los ejecutores. En ningún caso los autores intelectuales”, asevera el autor del libro “Los Fusileros”.

Tras ser detenido en 1993, Palma declaró en el interrogatorio: “Me avisó, me dijo que estaban viendo a este tipo, al Guzmán, él con un grupo de gente, y que lo tenían casi listo, que era cosa de hacerlo. Yo me puse a discutir con él, le dije que esa no era cosa de él, que era decisión mía. Y yo siempre le discutí eso a él, nunca me pareció, eso de ese tipo. Y hasta el día de hoy”.

Pese a que se sabe que Escobar y Palma fueron los dos hombres que acribillaron a Jaime Guzmán, aún no hay absolutas certezas acerca de los autores que operaron más allá del arma y la bala.

La UDI reactiva gestiones para extraditar a Galvarino Apablaza

En diciembre pasado, el empresario Mauricio Macri triunfó en las elecciones presidenciales argentinas, poniéndole fin a 12 años de gestión kirchnerista. Amigo personal del ex presidente Sebastián Piñera, desde la derecha chilena miraban con atención lo que pasaba al otro lado de la cordillera.

En 2010, el gobierno de Cristina Fernández decidió entregarle asilo político a Sergio Galvarino Apablaza Guerra, buscado por la justicia chilena como uno de los posibles autores intelectuales del asesinato de Jaime Guzmán, por considerar que no estaban las condiciones para que enfrentara un debido proceso en nuestro país.

Apenas se concretó el triunfo de Macri, desde la UDI iniciaron las gestiones para que el nuevo gobierno le quite el asilo político y sea extraditado a Chile. Desde el gremialismo han librado una mediática ofensiva para que Apabablaza sea juzgado en Chile. Sin embargo, su responsabilidad no está del todo clara. Aún.

Conocido clandestinamente como el “Comandante Salvador”, Apablaza tomó el mando del Frente Patriótico Manuel Rodríguez en 1988 tras el asesinato de Raúl Pellegrin y Cecilia Magni. Tras el triunfo del NO, siguieron la poco exitosa denuncia de fraude electoral y la difícil adaptación del grupo guerrillero a la democracia.

Eran tiempos confusos al interior del grupo. Si bien Apablaza era el jefe máximo, también estaban los liderazgos del Comandante Ramiro (Mauricio Hernández Norambuena) y el Chele (Juan Gutiérrez Fischmann). El Frente había sufrido un duro golpe y se debatía entre continuar con la estrategia insurgente o abrirse a los nuevos tiempos. Apablaza habría estado a favor de esta última estrategia de repliegue, mientras que los otros dos líderes apostaban por reasumir la “Guerra Patriótica Nacional”, el proyecto revolucionario de alzada nacional.

En medio de un proceso de consulta entre sus bases sociales sobre los nuevos rumbos que debía tomar el rodriguismo, Jaime Guzmán es asesinado.

Para muchos, Apablaza, como máximo jefe del Frente en la época, no podía no estar en conocimiento del atentado, aunque él no haya dado la orden. Para otros, fue una jugada de Ramiro y el Chele para contrarestar las intenciones de Salvador y que el grupo guerrillero se mantenga en la palestra. Otras voces dicen era una medida que solo beneficiaba al Ejército y ennaltecía a Guzmán a la categoría de mártir.

Los testimonios que se conocen hasta hoy no son coherentes entre ellos. Si bien Guzmán era parte de una larga lista de posibles personas que serían ajusticiadas por el Frente, difundida bajo el nombre «No más impunidad», recién en diciembre del 92 el FPMR se adjudica oficialmente el atentado. Fue en una edición de El Rodriguista, en la que el propio Apablaza reivindica el crimen. Después negaría de su autoría y otros testimonios dirían que se trató de una estrategia de respuesta contra Ramiro y el Chele para evitar el quiebre de la organización.

Hasta hoy, el único autor confeso es Mauricio Hernández Norambuena, Ramiro. Preso en Brasil, ha entregado -y culpado- a distintas personas por el atentado. Uno de ellos es Enrique Villanueva, quien sostiene su inocencia y que la decisión de asesinar a Guzmán no fue tomada por la Dirección Nacional del FPMR.

Las amplias brechas entre Enrique Villanueva y Mauricio Hernández Norambuena

Enrique Villanueva Molina ha sido, hasta ahora, el último condenado por el Caso Guzmán. En agosto de 2014 fue sentenciado a cinco años de presidio con beneficio de libertad vigilada. En 2015, la Corte de Apelaciones de Santiago lo condenó a cadena perpetua, pero a principios de este año la Corte Suprema volvió a reducir su pena a la que se había estipulado originalmente.

Estaba siendo investigado desde hace tiempo, pero adquirió mayor relevancia cuando fue mencionado en 2010 por su ex compañero de armas Mauricio Hernández Norambuena, el comandante Ramiro, quien hasta la condena de Villanueva era el único sentenciado como autor intelectual del asesinato de Guzmán.

La situación penal de ambos es abismalmente diferente. Mientras uno goza de libertad vigilada, Ramiro tiene una condena de dos cadenas perpetuas en Chile, y otra que partió siendo de 16 años y fue aumentada a 30 en Brasil, por el secuestro del publicista Washington Olivetto.

Según denuncia la coordinadora “Todos por Ramiro”, el fusilero vive en condiciones de extrema precariedad en Brasil: en una sala de 2×4 metros, con la autorización de salir -esposado- solo una o dos horas de lunes a viernes, con 38º de temperatura y excrementos ahí mismo en su celda.

Desde la coordinadora, Carla Pellegrin -hermana del histórico líder del frente, el comandante José Miguel, Raúl Pellegrin-, asegura que no se ha visto la misma voluntad de escuchar lo que Ramiro tiene que decir sobre el caso: “Si tanto quieren investigar el proceso, ¡extraditen a Ramiro! Tráiganlo acá, interróguenlo. Pero no han dicho nada sobre esto y, mientras tanto, él está en condiciones inhumanas en Brasil”.

El Estado brasileño no extradita a personas que tengan una pena mayor en su país de origen que en Brasil. Fernando Moreira, abogado de Hernández Norambuena, asegura: “El gobierno chileno debería conmutar el presidio perpetuo contra Mauricio por el de 30 años. Únicamente de ese modo Brasil puede extraditar a mi defendido a Chile.”

Rosario Guzmán y una tesis que ya daba vueltas: La responsabilidad de Pinochet

“Cuando yo le había preguntado años atrás a Contreras por qué sentenció en una reunión: ‘Hay que matar a Guzmán’, él me respondió impertérrito: ‘Dígale a su hermano que yo no amenazo…’ Alguien me contó en esos días que los agentes de Pinochet estaban infiltrando el Frente Patriótico… (…) Al salir Pinochet del quirófano donde te ingresaron se dirigió hacia mí (ya que nuestra madre no estaba en Chile) para decirme que los médicos no habían podido salvarte la vida, mientras su expresión de alivio hacía imposible ocultar su contento…”.

Esas fueron las palabras con las que, a través de una carta publicada en La Tercera, Rosario Guzmán -hermana del senador asesinado- expuso su visión sobre la autoría intelectual de la muerte de su hermano.

Una tesis que, sin embargo, no tardó en ser atacada desde la UDI. “Rosario, ¿tú estás diciendo que los médicos del Hospital Militar dejaron morir a Jaime Guzmán? Si es así dilo de frentón”, dijo Evelyn Matthei. “Son apreciaciones que yo obviamente no comparto y que no se ajustan a la realidad de los hechos”, expresó Patricio Melero.

El diputado Issa Kort se mostró más abierto ante el asunto. Asegura que la carta es emotiva y “sin duda contribuye a rescatar y resaltar la figura de Jaime Guzmán”. Sobre la tesis de responsabilidad de Pinochet, dice: “No la apruebo ni la descarto, porque no tengo conocimientos al respecto. Si ella tiene los antecedentes, sin duda que aportarían muchísimo a los tribunales. Aquí todas las personas tienen que ser investigadas”.

Quien fue tajante al respecto fue el presidente de la colectividad, Hernán Larraín: “Nunca se han acreditado vínculos a Augusto Pinochet”. Afirmación que no es del todo cierta.

Si bien a nivel de infiltración de miembros aún no hay pruebas concretas de que hayan conducido el atentado, sí han existido pruebas de que Pinochet estaba al tanto de la intención del Frente de asesinar a Guzmán. Estas tienen que ver con una serie de antecedentes que han aparecido en la investigación judicial en el marco del asesinato del senador, que es conducida por el juez Mario Carroza.

Según detalla en su declaración al juez Carroza el general (r) Hernán Ramírez Rurange -ex jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional del Ejército (DINE)-, él advirtió personalmente a Augusto Pinochet del atentado contra Guzmán, una semana antes de que ocurriera. Ramírez recibió la información del agente Raúl Rojas Nieto, quien tenía un informante en el Frente Patriótico Manuel Rodríguez.

Según un reportaje de Ciper, este informante fue Lenin Guardia, el mismo que le entregó personalmente en 1991 al entonces subsecretario de Interior, Belisario Velasco, la información de que uno de los secuestradores del empresario Cristián Edwards era también uno de los pistoleros que atentó contra Guzmán, Ricardo Palma Salamanca. Los vínculos de Guardia con el Frente fueron confirmados también en el testimonio judicial de Krantz Bauer Donoso, comandante de la Brigada Azul de la CNI.

Tanto el general (r) Ramírez como el agente Rojas Nieto declararon ante el juez Carroza que, en base a la información de Guardia, el Ejército estaba en conocimiento del atentado contra Guzmán. El propio Pinochet habría estado a cargo de alertar al entonces senador, pero nunca lo hizo.

“Es una corroboración bien concreta y sólida a través de esos dos testimonios de que Pinochet fue advertido. Y naturalmente que el DINE tenía agentes informantes y que esos agentes también tenía vínculos muy diversos entre ellos, con el Frente, con el Gobierno y otros actores de ese momento. El mismo Lenin Guardia también, cuando es citado a declarar por el Juez Carroza, si bien no se reconoce como agente infiltrado, sí dice que tiene vínculos concretos con el ejército”, cuenta el periodista Juan Cristóbal Peña.

La enigmática figura de Marie-Emmanuelle Verhoeven

Algunos postulan que era una doble agente, otros que era jefa de inteligencia del Frente, pero nunca se han confirmado estas versiones. Marie-Emmanuelle Verhoeven, psicóloga francesa, es uno de los grandes enigmas del Caso Guzmán. Habiendo sido introducida en el debate por el ex jefe de la Brigada Investigadora de Organizaciones Criminales (BIOC) Jorge Barraza, el ministro Mario Carroza ordenó su extradición desde la India.

Se le llamó “Comandante Ana”, siendo que siempre se ha dicho que la única mujer en llegar al grado de comandante en el FPMR fue Cecilia “Tamara” Magni. Uno de los que ha desmentido la versión de Barraza respecto a este personaje fue Enrique Villanueva Molina: “(en el período) en que yo estuve en la dirección nacional del Frente Patriótico Manuel Rodríguez nunca existió una tal “comandante Ana” ni el cargo de inteligencia, eso es un absurdo en una organización revolucionaria clandestina”, dijo a Diario Radio Universidad de Chile.

Sobre la participación de Verhoeven en el asesinato a Guzmán, Villanueva agregó: “Es un invento del ex comisario Barraza. Esta señora nunca ha declarado en Chile, nunca nadie le ha tomado declaraciones, todas las acusaciones son a través de un tercero, que es el comisario Barraza, interesado directamente en el proceso. Es así de burdo”.

Sobre la teoría de que fuera una doble agente con vínculos en La Oficina, Marcelo Schilling ha declarado en entrevista con La Tercera que sólo había tenido un informante: Agdalín Valenzuela (ex frentista asesinado en 1995 por el propio FPMR por traición).

Desde el gobierno de la época, el ex subsecretario del Interior Belisario Velasco -que ha defendido el uso de informantes en la época- asegura a eldesconcierto.cl que no recuerda haber tenido a Verhoeven como informante.

Además, existen escasos registros de la psicóloga francesa. Entre ellos está un video en que aparece en un Tavelli junto a Apablaza y una foto en que, encapuchada, aparece junto a Enrique Villanueva. Aunque este último asegura que en esa foto quien realmente aparece es Mariela Vargas, ex vocera del FPMR.

Nunca se ha escuchado la opinión de Verhoeven respecto a estos antecedentes, sólo se ha sabido de sus declaraciones a través de Barraza. Por este canal han surgido las tesis de la vinculación entre el gobierno y frentistas como el Chele, que Barraza dice que estaba siendo protegido por ser yerno de Raúl Castro.

A pesar de los innegables aciertos de Barraza a lo largo de su carrera -en el caso del secuestro de Cristián Edwards o su primer gran éxito, las pesquisas del atentado contra el teniente coronel Roger Vergara en 1980-, también han sido grandes sus desaciertos. Un ejemplo claro es cuando confundió a los frentistas “Tarzán” y “Rambo”.

El diputado Issa Kort, que ha viajado a Nueva Dehli a vigilar el proceso de extradición de Verhoeven, asegura que esta solicitud es solo para que ella presente sus descargos ante el ministro Carroza. “Ahora bien, me llama poderosamente la atención que una mujer que lleva más de un año detenida en la India, sin aún iniciarse el juicio de extradición, prefiera estar un año privada de libertad ante que presentarse en los tribunales chilenos. ¿Qué tiene que ocultarles? ¿Por qué no quiso responder un cuestionario? Algo tendrá que esconder”.

Jorge Barraza