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Las deudas del programa de la presidenta Bachelet y la Nueva Mayoría con las mujeres chilenas

Por: Antonia Orellana | Publicado: 08.03.2017
Las deudas del programa de la presidenta Bachelet y la Nueva Mayoría con las mujeres chilenas |
Mientras que Ciudadano Inteligente le otorga un 68% de cumplimiento a las promesas de la presidenta Bachelet sobre igualdad de género, organismos internacionales y organizaciones locales alertan sobre el peligro que corre el proyecto de aborto en tres causales, especialmente en su artículo sobre la violación.

El 8 de marzo de 2006 dos manifestaciones por el día de la mujer trabajadora se cruzaron. Una, de corto trayecto, era convocada por feministas autónomas de organizaciones institucionales y avanzaba desde Portugal hasta Baquedano. Mientras tanto, en la plaza Carabineros de Chile, adherentes de Michelle Bachelet celebraban el ascenso de una mujer a la Presidencia de la República. Cuando se cruzaron hubo gritos cruzados: «¡Vendida!», decían de un lado. «¡Pendeja ultrona!», del otro. Once años después y ya en su segundo gobierno, la relación del movimiento feminista con Bachelet sigue siendo compleja.

Luego de un exitoso paso por ONU Mujeres, en 2013 Bachelet volvió posicionada como un liderazgo mundial en lo que a igualdad de género se refiere. Para la abogada de Corporación Humanas Camila Maturana, “el programa de gobierno de la Nueva Mayoría tenía compromisos importantes en materias de derechos humanos de las mujeres”.

Las promesas más significativas del programa de la Nueva Mayoría fueron la creación del Ministerio de la Mujer, las medidas de paridad en la representación política, una ley integral de derechos sexuales y reproductivos y, por supuesto, la despenalización del aborto en 3 causales.

Según evalúan en algunas organizaciones que trabajan por la legalización del aborto en Chile, fue ese posicionamiento el que forzó la inclusión de la despenalización del aborto en tres causales en el programa de gobierno de la Nueva Mayoría, no una convicción en la coalición, lo que explicaría los “tijeretazos” que ha sufrido el proyecto en el camino y su retraso.

De acuerdo a la fundación Ciudadano Inteligente en su estudio “Del dicho al hecho”, la entonces candidata realizó seis promesas relativas a la igualdad de género, de las que la ahora presidenta ha cumplido el 68%.

Las que ya tienen el ticket de cumplido son la creación de un fondo para la asociatividad y el liderazgo de mujeres, el aumento de rango desde Servicio Nacional a Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género y la introducción en la nueva ley de partidos políticos distintos requisitos de paridad tanto en sus estructuras internas como en las candidaturas parlamentarias, cuestión que tiene de cabeza a las grandes coaliciones.

Sin embargo, para Camila Maturana “es errado establecer un índice de cumplimiento cuantitativo cuando las promesas de campaña tienen distintos niveles de complejidad tanto legal como política”.

Por ejemplo, para la abogada de Corporación Humanas el establecimiento de criterios de paridad en directivas y candidaturas es un avance positivo “aún queda por ver cómo los partidos la implementan, porque pueden poner muchas mujeres pero en candidaturas no competitivas. También hay que ver la capacidad fiscalizadora del Servel. Y aún falta modificar otras leyes para que la paridad se implemente en las elecciones de consejeros regionales,  alcaldes y concejales, gabinete del Ejecutivo, embajadas y empresas públicas. Es decir, los espacios de toma de decisión del estado”.

El derecho a decidir al debe

FOTO: RODRIGO SAENZ/AGENCIAUNO

La falta de consenso de la Nueva Mayoría respecto a la despenalización del aborto en tres causales fue evidente desde el propio proceso de elaboración del programa, cuando el abogado cercano a Soledad Alvear, Patricio Zapata, escribió un documento con reparos a la idea.

Pero el continuo desplome de la popularidad de la presidenta Bachelet empezó a minar la posibilidad de hacer valer el compromiso de campaña. Esto, pese a que todas las encuestas marcan un promedio de apoyo a la iniciativa que ronda el 70% de la población.

Esto ha redundado en una lenta tramitación en el Congreso, donde el proyecto ha avanzado a costa de los “tijeretazos” de contenido que se le han dado en el camino. Estos son, por ejemplo, la reducción de semanas en las que las niñas y adolescentes víctimas de violación pueden acceder a un aborto, la no confidencialidad de la consulta médica y más.

Hace sólo un mes el Comite de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belem do Pará (MESECVI), de la Organización de los Estados Americanos (OEA), manifestó su «preocupación por el posible retroceso que significaría el rechazo o eliminación, por parte de los legisladores y legisladoras de Chile, de las causales por violación e inviabilidad del feto en el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, el cual se reduciría solo a casos de riesgo de vida de la mujer”.

Además, el mecanismo de seguimiento regional expresó preocupación por el hecho de que el proyecto de ley en discusión “no garantice que niñas y adolescentes sobrevivientes de violencia sexual accedan de manera efectiva a la interrupción de un embarazo; misma situación para las mujeres que son victimas de una violación”.

Otro compromiso importante del programa de gobierno respecto a estos temas tenía que ver con el envío de una ley integral de derechos sexuales y reproductivos, así como una reforma a la Ley de Violencia Intrafamiliar, una demanda del movimiento feminista prácticamente desde que esta se promulgó en los años ‘90.

“Claramente aquí hay un retraso del programa de gobierno”, señalan desde Corporación Humanas. “No se ha enviado una ley integral de derechos sexuales y reproductivos, y a la fecha el proyecto de 3 causales en el Senado no tiene el apoyo de los senadores de la Nueva Mayoría para la causal de violación”, critica.  

El 25 de noviembre de 2016 el gobierno anunció el envío de una ley que asegure el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia. Al respecto, Camila Maturana explica que “abordar de manera integral la violencia contra las mujeres implica también abordar la protección de las víctimas y mejorar los mecanismos de investigación y sanción. Para esto es necesario que esto tenga prioridad en el presupuesto”.

Otra de las medidas que no tiene ningún avance es la modificación de la Ley de Igualdad de Remuneraciones, que ha sido calificada como un mecanismo vacío por las expertas. En la práctica, las mujeres no reclaman esta medida porque arriesgan su estabilidad laboral.

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