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Los abogados defensores de los imputados ya criticaron la medida y anunciaron que argumentarán en contra ante el Juzgado de Garantía, que deberá tomar la decisión el día lunes.
Con sorpresa y molestia reaccionaron los abogados defensores de los imputados en el caso Luchsinger Mackay al enterarse de que, a través de un recurso de reposición, los abogados que representan a las víctimas Carlos Tenorio y Sergio Arévalo, solicitaron un nuevo aplazamiento de la audiencia preparatoria de juicio oral en el marco de la investigación contra once personas por su presunta participación en el incendio que provocó la muerte de Werner Luchsinger y Vivian Mackay en 2013.
La solicitud se da al borde de que se cumpla un año desde que se detuvo a Sergio Catrilaf, Juan Tralcal, Aurelio Catrilaf, Eliseo Catrilaf, Machi Francisca Linconao, José Córdova, Sabino Catrilaf, Luis Tralcal, Hernán Catrilaf, José Tralcal y José Peralino. Pese a que el 27 de agosto de 2016 finalizaba el plazo de investigación, el inicio del juicio oral no tiene fecha cierta mientras los imputados permanecen en prisión preventiva, incluyendo a la machi de avanzada edad.
Según denuncian desde el entorno de los acusados esto se trata de una «nueva maniobra dilatoria». Esto, ya que en diciembre Tenorio y Arévalo apelaron a una resolución del Juzgado de Garantía de Temuco que decidió excluir un párrafo de la acusación por vicios formales a través de un recurso especial, llamado recurso de hecho. Esto provocó que la causa pasara detenida dos meses, reactivándose recién en marzo.
Los motivos que constan en el escrito de los querellantes para solicitar una postergación de la audiencia son que Arévalo tiene «una imposibilidad absoluta para asistir a la audiencia en la fecha programada por encontrarse fuera del país a partir del lunes 27 de marzo», mientras que Tenorio tiene una «imposibilidad parcial para asistir los días 28 y 30 de marzo de 2017, por tener que concurrir a Santiago a alegatos ante la Corte Suprema y Corte de Apelaciones de Santiago». Los abogados argumentan que, de no postergarse, se afectará el derecho constitucional de debida representación de las víctimas, en este caso los hijos de la familia Luchsinger Mackay.
Sin embargo, por normativa del Código Procesal Penal no hay posibilidad de suspender audiencias porque un representante deba presentarse en otra, ya que siempre puede delegar esta responsabilidad en otro abogado. Los defensores de los imputados ya criticaron la medida y anunciaron que argumentarán en contra ante el Juzgado de Garantía, que deberá tomar la decisión el día lunes.
«Esto queda muy a criterio del juez. Pero aquí tenemos un abogado que se va de vacaciones y otro que tiene una comparecencia, lo que no es motivo legal para aplazar», critica Karina Riquelme, defensora de José Tralcal. «A mi me ha pasado en múltiples ocasiones. En la querella por el baleo de Carabineros a Cristián Paillán tuve tope de audiencias con el caso Luchsinger y la jueza de garantía no tomó en consideración mi solicitud de postergar. Se sobreseyó la causa sin que estuviera la víctima y la agresión a Paillán quedó impune», relata la abogada.
«Lo que me parece más grave es que llevo meses escuchando a los abogados de los Luchsinger, tanto en la prensa como en tribunales, diciendo que este proceso se debe acelerar, que la prisión preventiva es sólo para asegurar la comparecencia de los imputados. Cuando nosotros pedimos acceso a las pruebas dicen que estamos dilatando, pero resulta que aquí por segunda vez consecutiva, se busca aplazar sin que haya ningún motivo legal. Eso sólo sirve para mantener más tiempo aún en prisión preventiva a nuestros representados», cuestiona Karina Riquelme.
La abogada defensora de Sabino, Sergio, y Hernán Catrilaf, Manuela Royo, señala que «nos parece impresentable que nuevamente se ocupen resquicios para seguir prolongando las prisiones preventivas de personas privadas de libertad. La parte querellante, compuesta por dos abogados, solicita a partir de cuestiones personales como vacaciones aplazar la audiencia preparatoria para el juicio oral. Estamos hablando de personas que llevan un año privadas de libertad, que tienen derecho a ser juzgadas», criticó.
«Hace bastante poco senadores de la región presentaron un proyecto de ley pidiendo que se sancionara la dilatación de los juicios, mencionando especialmente el caso Luchsinger. Llama la atención que los mismos que se han quejado artificiosamente de que la defensa dilata en la prensa hagan esto ahora y con argumentos que no resisten mayor análisis. Todos tenemos compromisos laborales o académicos aparte de este caso. Si se da a lugar esta solicitud indicaría que aquí se está mirando con un sólo ojo y el lunes esperamos que el tribunal actúe apegado a derecho», señaló el defensor de José Córdova, Jorge Guzmán, a El Desconcierto.
