Especial #1añoSinJuicio | Caso Luchsinger Mackay: El informe «clave» de la Fiscalía contra los 11 acusados

Audiencia tras audiencia, uno de los argumentos para mantener a los 11 imputados por el incendio del fundo Granja Lumahue y la muerte del matrimonio Luchsinger Mackay, privados de libertad durante un año, es un informe que ubica a los imputados horas antes del atentado en la casa de la machi Francisca Linconao.

Este informe intentará ser incorporado como prueba por la Fiscalía de Temuco una vez que se retomen las audiencias preparatorias, las que luego de dos meses, inicien su proceso de incorporarlas al juicio oral. Se trata de, al menos, 51 documentos, 73 testigos, 32 peritos y 107 pruebas materiales, dentro de las cuales hay dos consideradas clave por ambas partes: el testimonio de José Peralino Huinca y la pericia de geolocalización por tráficos telefónicos.

El disenso radica en que Fiscalía ha asegurado que ambos antecedentes acreditan la participación de Sergio Catrilaf, Juan Tralcal, Aurelio Catrilaf, Eliseo Catrilaf, la Machi Francisca Linconao, José Córdova, Sabino Catrilaf, Luis Tralcal, Hernán Catrilaf, José Tralcal  y José Peralino. Los abogados defensores, en tanto, apuntan a lo contrario.  

El Desconcierto accedió en exclusiva a las 40 páginas del “Informe Pericial Nº1” de geolocalización y análisis de tráficos telefónicos, remitido por la Oficina de Análisis Criminal de la Policía de Investigaciones el 13 de mayo del 2016. De las conclusiones asaltan varias dudas: ¿Cómo se obtuvieron esos datos? ¿Qué es lo que prueban y con qué nivel de precisión?

El multirut de la Fiscalía

El fiscal, Cristian Paredes
FOTO:DAVID CORTES SEREY/AGENCIAUNO

El origen de las pesquisas telefónicas que permitieron este informe no está en el caso Luchsinger Mackay, sino que en una investigación por asociación ilícita terrorista iniciada por el fiscal Cristián Paredes. Así, en una constancia del 30 de agosto de 2012, cinco meses antes del incendio y muerte de la pareja, la jueza Alejandra García Bocaz señala que “a solicitud del fiscal Alberto  Chiffelle se autorizaron interceptaciones telefónicas, de celulares”.

Recién el 19 de enero de 2013, quince días después del incendio en el fundo La Granja de los Luchsinger Mackay, se vinculan ambas causas. En esa fecha la misma jueza vuelve a autorizar interceptaciones para más de ochenta números telefónicos.

Muchos de los dueños de esos números nunca se enteraron de que sus llamadas fueron interceptadas y registradas. Por ejemplo, la defensa de José Tralcal tuvo que esperar hasta septiembre de 2016, cuando ya llevaba seis meses en prisión preventiva, para acceder a los audios de las audiencias secretas de la causa paralela en las que se autorizó la intervención del teléfono de su representado y otras decenas de personas.

“Esto es lo que se conoce como el multirut de la fiscalía. Obtienen autorizaciones judiciales para medidas intrusivas muy amplias y luego ocupan esa información en otras causas”, señala una fuente ligada al juicio.

Varios de los abogados defensores de los once imputados en el caso Luchsinger Mackay intentaron obtener el tráfico de llamados y la triangulación de antenas que permite la geolocalización, desde la empresa de telecomunicaciones Movistar. Se llevaron una sorpresa: no había información, pues los registros no abarcan esa época. Luego de dos años, Movistar elimina esos documentos, y, por lo tanto, el único registro que queda es el informe de la PDI que Fiscalía busca incorporar como prueba.

Las conclusiones de geolocalización

FOTO: HANS SCOTT/AGENCIAUNO

Según la Oficina de Análisis Criminal de la PDI, las triangulaciones de las antenas telefónicas “Niágara”, “Cajón”, “Hotel San Nicolás”, “Temuco Bypass”, “Estación Ferrocarriles Temuco” y “Padre Las Casas” arrojaron como principal resultado que se puede ubicar a José Peralino y la machi Francisca Linconao en la zona de cobertura que corresponde a sus domicilios respectivos, en la zona de Niágara.

El mayor obstáculo para la Fiscalía será lograr demostrar a partir de estos registros que los once imputados estuvieron en el fundo Granja Lumahue ese 4 de enero de 2013 a eso de las 01:00 de la madrugada.

Esto, ya que ninguna de las llamadas registradas los ubican a esa hora precisa allí. Luis Tralcal aparece en la zona de cobertura de la machi Francisca entre las 19:52 y 21:00 del 03 de enero y José Tralcal entre las 20:00 y las 22:54. Es decir, el día anterior del atentado calificado como terrorista.

Los miembros de la familia Catrilaf (Sabino, Sergio, Eliseo y Aurelio) no aparecen siquiera en la zona de cobertura del fundo Granja Lumahue de acuerdo al informe. “Ninguno de mis representados figura en el registro porque ese día ellos estaban trabajando en sus casas”, puntualiza la abogada Manuela Royo. “Cuando vimos esto lo primero que hicimos fue, vía Fiscalía, solicitar a Movistar que entregaran las geolocalizaciones de los teléfonos de mis defendidos, ya que tengo certeza de que no estaban en el lugar de los hechos y estas lo probarían. Lo cierto es que Movistar respondió que no tenían disponibles los registros, así que quedará en lo incógnita, lo que es absurdo y errático como prueba”, critica Royo.

Pero las geolocalizaciones de llamadas telefónicas en la banda GSM (2G) también tienen otro problema técnico: según señala la propia empresa en diversas comunicaciones enviadas con motivo de este juicio, “Movistar no entrega certeza de su contenido”, ya que la ubicación de las antenas varía año a año y puede que el análisis no sea preciso.

Para Karina Riquelme, abogada defensora de José Tralcal, la pericia «es una prueba impertinente porque presenta análisis de tráfico telefónico horas antes de los de los hechos investigados. ¿Están acusando de ir a una reunión, llamar a un conocido o de un incendio terrorista con resultado de muerte? No queda claro».

La prueba ha sido repetidamente citada para mantener en prisión preventiva a Luis Tralcal, José Córdova, Hernán Catrilaf, Juan Tralcal, Eliseo Catrilaf, Sabino Catrilaf, y José Tralcal. Aurelio Catrilaf recuperó la libertad, provisionalmente, sólo mediante el pago de una millonaria suma: 30 millones de pesos. Luego de una extensa huelga de hambre que le dobló la mano incluso al ministerio del Interior, la machi Francisca Linconao permanece con arresto domiciliario total, al igual que Luis Peralino.

Acusando falta de pruebas y un proceso irregular, Sergio Catrilaf se declaró prófugo hasta que inicie el juicio oral el viernes pasado.

Hasta el momento, pericia telefónica incluida, lo único que sitúa a los imputados en el fundo Granja Lumahue el día y hora en que ocurrió el incendio que mató a los Luchsinger Mackay, es el testimonio inicial de Luis Peralino, del que se ha retractado sostenidamente, querella por apremios ilegítimos mediante. Los abogados defensores lo saben: “vamos por la absolución de todos los cargos”, señalan. Para eso faltan todavía varios meses, en sus cálculos. Recién mañana se reanudan las audiencias.