Familiares de ejecutados en dictadura emplazan a Bachelet por incumplimiento del programa en DD.HH.

«Se acabó la paciencia». Así califica la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira, el ambiente que tuvo el encuentro nacional de agrupaciones de familiares de ejecutados políticos, detenidos desaparecidos de la dictadura y sobrevivientes a esta, realizado a fines de marzo pasado en Temuco. En la instancia se resolvió hacer un último esfuerzo de diálogo con la presidenta Bachelet para presionar por el cumplimiento de los compromisos adquiridos en el programa de gobierno de la Nueva Mayoría.

El análisis que hacen desde las organizaciones ligadas a las víctimas de la dictadura es crudo. En la carta entregada esta mañana en La Moneda criticaron el apoyo de los sectores conservadores de la Nueva Mayoría a la campaña por beneficios carcelarios para violadores de derechos humanos y apuntaron al «poco avance legislativo de iniciativas que buscan asegurar la justicia para nuestros familiares, la nula recepción positiva de las recomendaciones de los organismos de Naciones Unidas», además de fustigar la «ambigüedad y relativización para enfrentar los crímenes de lesa humanidad».

En conversación con El Desconcierto, Alicia Lira señaló que en el «análisis político que hacemos del compromiso del estado con la verdad y la justicia vemos que no existe, que hay una  ofensiva por la impunidad que no ha sido detenida. Partió con los beneficios carcelarios y hoy llega con descaro a solicitudes de indulto, incluso algunos políticos se han referido a las víctimas como «presuntos detenidos desaparecidos», como si estuviéramos en 1976, negando cuestiones ya largamente establecidas por la justicia y el informe Rettig», criticó.

La presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos señaló que «Bachelet no ha cumplido el programa de Derechos Humanos en casi nada», advirtiendo que la carta y solicitud de audiencia a la presidenta de la República «es uno de nuestros últimos esfuerzos con este gobierno».

De no ver avance en las iniciativas legislativas, las organizaciones de familiares y víctimas de la dictadura señalan que iniciarán su propio camino. «Empezaremos acciones a nivel de lobby en el congreso, movilizaciones e incluso a nivel internacional», señala Lira.

«Los criminales han tenido un juicio justo, el que le negaron a nuestros familiares; tienen un servicio de salud que todos los chilenos quisieran. Si antes ninguno sabía y esperaron décadas para comparecer a la justicia, ahora no sólo no saben sino que son los pobres abuelitos. Hemos sido pacientes y tolerantes pero ya dijimos basta», puntualiza Lira, anunciando que «por nuestra experiencia de lucha en dictadura y en los ’90 utilizaremos todas las formas pacíficas posibles para denunciar lo que sucede. No vamos a permitir que se siga ampliando el marco de impunidad en un país que no ha tenido justicia plena».