La soterrada crisis habitacional que reflejan las tomas de Viña del Mar

Al segundo día de arriendo, Fernando Murillo llegó a su casa y se dio cuenta que le habían robado todas sus herramientas de trabajo. La escena se repitió hasta que la última se volvió una estocada, ya que coincidió con su desempleo. “Como en cada lugar de arriendo pedían comprobantes de liquidaciones, las puertas se cerraban”, recuerda. Un amigo le comentó que alguien estaba vendiendo la estructura de su casa al final de la Villa El Dorado, en el cerro Miraflores de Viña del Mar: “Así fue como compramos, para librarnos del pago del arriendo, que era altísimo”, cuenta Fernando, un ecuatoriano de 33 años originario de Guayaquil.

No son pocos los que vivieron esta encrucijada. La última Encuesta a Campamentos Migrantes realizada por CIS TECHO-Chile en 2017, arroja que 6 de cada 10 personas llega a vivir a campamentos por el alto costo de los arriendos, mientras que 3 de 10 lo hacen porque previamente vivían en condición de allegados. Así estaba la familia de Patricia Dioses, de 39 años y proveniente de El Callao, la ciudad puerto contigua a la capital peruana. Llegaron a Viña del Mar hace 4 años, vivieron de allegados donde un primo de su esposo durante dos meses y luego arrendaron en una casa colindante a ellos, en Santa Julia. De allegados pasaron a estar hacinados: “Donde vivíamos no teníamos espacio, los niños pasaban dentro de casa, no tenían donde jugar”, cuenta en el patio de su casa. La de Fernando y la de Patricia se sumaron al 28% de familias extranjeras que habitan en campamentos, según el mismo estudio.

Si bien el fenómeno resulta difícil precisarlo en números debido a su permenente dinamismo, existen estimativos que pueden ilustrar tanto la realidad nacional como la regional. La última actualización del Catastro Nacional de Campamentos de ONG Techo, al año 2018 arrojó que en Chile existen 741, conformados por 43.003 familias. La Región de Valparaíso es la que cuenta con mayor cantidad de campamentos, con 188. Así también, es la que más familias habitan, con 11.150. Concentradas principalmente entre Valparaíso y Viña del Mar, es en esta última comuna en la que se encuentran más hogares en tomas de terreno: 7.117.

La misma ONG estima el tamaño promedio de hogares de los campamentos en 3,4 personas, por lo que en Chile serían más de 136.000. En tanto, la Región de Valparaíso supera las 37.500, de las cuales más de 24.000 viven en Viña del Mar, más del 7% de toda la comuna. Como no podía ser de otra forma, es allí donde se emplaza la toma de terreno más grande de Chile, la Manuel Bustos, con más de 2.900 habitantes.

Si bien el campamento comenzó en febrero de 2018, fue en mayo cuando vieron la necesidad de organizarse: eligieron de presidente a Fernando Murillo y el nombre Naciones Unidas lo aceptaron en unanimidad peruanos, colombianos, dominicanos, venezolanos, colombianos y haitianos. Y chilenos, por cierto.

La comunidad se ubica en el cerro Miraflores de Viña del Mar y se emplaza como la continuación de otros dos campamentos, Villa Los Aromos y Villa El Dorado, que entre las dos suman 74 hogares. El enclave intercultural en un año ya alcanzó los 56 y el sonido del martilleo a calaminas y vulcanitas era signo inequívoco de que aumentarían. Así fue hasta hace poco, cuando una de sus mayores amenazas tomó cuerpo de maquinarias y efectivos policiales.

Foto: Matías Salazar

Amenaza triple, arriendos para ricos

La mañana del pasado lunes 11 de marzo Walter estaba ansioso. Estaba a punto de salir rumbo a su primer día en el nuevo trabajo, el cual había estado esquivo. Pero sus planes cambiaron. Una retroexcavadora y un contingente de carabineros llegó para concretar y custodiar la demolición decretada por la municipalidad de Viña del Mar. Se iba a quedar sin casa él y más de 130 personas.

La tensión se apoderó una vez más del campamento Naciones Unidas y muchos dejaron sus compromisos de lado por proteger sus viviendas, a tiempo que arribaban autoridades y medios de comunicación. Walter perdió su empleo pero lo que más recuerda fue la actitud de un vecino suyo, un haitiano conocido por su apacibilidad. Afuera de su casa y con la maquinaria yendo hacia él, le gritó al operario: “de aquí me sacan muerto”.

Aquél iracundo era el sonriente Lefran Isme, de 39 años, quien desde el living de la casa que él y sus vecinos le ayudaron a levantar, le pone paños fríos a aquella versión. “Sólo dije que yo había dado mi vida por esta casa”, recuerda riendo. Lefran, su esposa Morise y su hija vivieron en República Dominicana y en Guyana, hasta que decidieron venir a Chile. Su intención era llegar a Canadá y pensó que desde Chile sería más fácil, pero sus planes cambiaron: Morise venía embarazada. No sólo el futuro hijo los alentó a seguir aquí, sino además notó que «es un país bonito y la gente nos respeta. Además, ya no quería seguir gastando más plata en viajes».

Lefran, su esposa y sus dos hijos llegaron a Naciones Unidas el pasado diciembre, pero antes vivieron en una habitación pequeña en la que pagaban $110.000. Según la última Casen, la familia estaba hacinada y aquello se da cuando viven 2,5 o más personas en una habitación. Lo dicho ocurre en el 4,5% de los hogares la región de Valparaíso y en el 6,5% a nivel país, entre los que están más de 208.000 extranjeros: un 17% del todos los inmigrantes viven hacinados en Chile.

Enterado de los abusos que sufría, un amigo haitiano que ya vivía en la toma lo animó a que se viniera. Lefran no podía darse el lujo de dudar: en ese nuevo campamento ahorraría el dinero que usó en el desengañado arriendo. Para sostener a su familia trabaja en Valparaíso de panadero 6 días a la semana, de 6 de la mañana a las 2 de la tarde, ganando un poco más del sueldo mínimo, el que desde marzo es de $301.000.

Foto: Matías Salazar

Lefran es parte de la mitad de todos los trabajadores del país que viven con menos de $380.000, en datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), y tiene que lidiar cada mes con una canasta básica de $43.000 por persona, que en su caso son cuatro. En un artículo publicado en CIPER, Ernesto López-Morales, doctor en Planificación Urbana de la University College London e investigador Universidad de Chile, señala que el promedio de los arriendos en Chile están por encima de los $197.000. Así, Lefran, al montar su casa en Naciones Unidas, ahorró 65% de su sueldo.

“No solo en esa zona sino que en varias de la región, en particular entre Viña del Mar y Valparaíso, tenemos viviendas emplazadas en áreas de riesgo. Esto se debe a que en la región, así como en gran parte del país, tenemos un problema con el ordenamiento territorial”, dice Mauricio Bustos, director regional de la ONEMI. Uno de los riesgos que destaca Bustos son los incendios forestales, agudizados por la zona en que se emplaza el campamento, al estar en un área de transición ecológica, con “varias viviendas juntas y muchas veces sin cortafuegos, hacen que el riesgo de incendios se incremente”. Bustos reconoce que esta problemática es un lastre que carga el Estado: “es necesario entonces realizar un de trabajo social e instrucción para disminuir riesgos con la gente, más que cuestionar el porqué se emplazan allí”.

“Por normativa, está prohibido que existan viviendas debajo de torres de alta tensión. Además, el acueducto Las Vegas ya tiene una precariedad infraestructural que la misma empresa responsable, Esval, ya lo ha declarado”. Así parte la conversación Lautaro Ojeda, arquitecto y académico de la Universidad de Valparaíso, también Doctor en Ordenamiento Territorial y Urbanismo por la Université de Bretagne Occidente en Francia. Ojeda pone en perspectiva condiciones basales del país entero, al poseer “casi todos los riesgos de desastres posibles: sismos, actividad volcánica, incendios, inundaciones, remociones en masa y de tsunami”.

Ojeda dirige el Centro de Investigación de Vulnerabilidades e Informalidades Territoriales (CINVIT), de cuyos estudios se desprende que todos los campamentos de la región de Valparaíso están expuestos a un riesgo. Uno de cada tres de ellos está amenazado por incendios, sismos y las remociones en masa –deslizamientos de tierra– a la vez, entre ellos, el Naciones Unidas. En tanto, el 44% de las tomas tienen dos de los riesgos mencionados, siendo los deslizamientos y el descontrol del fuego los más dañinos.

Fernando Murillo y otros vecinos haitianos muestran los pilotes carbonizados de una mediagua en ciernes, mientras que sus laderas aún lucen chamuscadas. El 2 de enero pasado, un siniestro tuvo en vilo a Limonares mientras que en Naciones Unidas el pánico fue general, ya que las flamas se dirigieron hacia arriba y empezaron a rodearlos. Después de cinco horas de incesante briga, bomberos, Conaf y vecinos lograron apagar las llamas que por milagro no consumieron ningún hogar. “Nos quedamos todos sin agua como por tres días, pero la buena gente de las tomas de al lado nos convidaron”, cuenta Fernando, con dejos de pavor al evocar la jornada.

Lautaro Ojeda indica que el riesgo de incendios de esa y buena parte las demás tomas de Viña y Valparaíso, no se debe tanto al tipo de material con el que son construidas las casas, sino más a su contigüidad a bosques de vegetación pirófita, es decir, de alta combustión: “La mayoría son plantaciones privadas y es desde donde se generan los focos de incendios. Lamentablemente, las tomas, al ubicarse en las periferias de la ciudades, son los primeros asentamientos impactados por los incendios y no están equipadas para combatirlos”.

Junto a ello, el urbanista ve que la exposición de riesgos no solo es de los campamentos, sino que en toda la ciudad es altísima. “Recordemos lo ocurrido en Valparaíso en 2014. En Viña basta con que se incendie la población Puerto Aysén, baje un poco más el fuego y empiece a quemarse todo Forestal, que es una población consolidada”.

De todos modos, Ojeda aclara que el retiro de campamentos no impedirá que los incendios se propaguen a la ciudad y coincide con el director regional de ONEMI en que es necesario un nuevo plan ordenamiento territorial, sea consolidando asentamientos o entregando subdisidios a la vivienda. “Cuando mi hijo mayor nació, decidí postular al subsidio de la vivienda, hace 11 años. Hasta hoy he juntado un millón de pesos y no he podido conseguirlo. Voy a todas las postulaciones y siempre me dicen que me falta el puntaje”, relata Marlén González, desde el comedor de su casa.

Foto: Matías Salazar

Marlén es viñamarina, chilena, del mismo cerro Miraflores y tiene 29 años. Vive con su pareja y tiene dos hijos; un niño de 11 y una guagua de 1 año y dos meses. Trabaja como independiente, vendiendo afuera de panaderías mallas de palta “o lo que dé la temporada”. Esta modalidad de trabajo, dice Marlén, le permite estar más cerca de sus hijos y es por ellos que la frustración por el subsidio cala tan hondo. “Hemos llegado a pagar arriendos de 250, 280 mil pesos y eso es demasiado para nosotros. Hubo veces que nos quedamos sin comer y navidades sin regalos por pagar el arriendo. Sufrimos mucho”, cuenta ante la mirada de su hijo, quien la mira en silencio.

“El sistema del mercado de arriendos tiene tan disparado sus precios que la mitad de los asalariados en Chile no tiene ninguna posibilidad de acceder”, cuenta con preocupación Ernesto López-Morales. El investigador urbanista llegó a dilucidar que los promedios del área metropolitana para el precio de venta alcanzaron las 70 UF el metro cuadrado: más de $1.929.000, al cierre de esta edición. En cuanto a los arriendos, según un artículo suyo publicado en CIPER, a 2015 el promedio de los arriendos estaba por sobre los $197.000.

El mercado inmobiliario se encuentra en un momento efervescente, con una oferta nunca antes vista en Chile, en la que todo sube: la demanda, el precio de las viviendas y los arriendos. Han entrado desde grandes grupos financieros hasta individuos a apostar por el negocio del arriendo, y son quienes tienen la posibilidad de invertir o de endeudarse para comprar propiedades o incluso edificios enteros. Los resultados de estas inversiones son tan favorables para los rentistas que hoy la tasa de retorno es dos veces mayor que las brindadas por los fondos mutuos. Para López-Morales, este último punto es clave para entender el porqué del costo de los alquileres: “crece el nivel de deuda de las personas que invierten así como la necesidad de obtener rentabilidad, y el único mecanismo factible para asegurar esa rentabilidad o pagar el dividendo, es a través del precio del arriendo”.

La última encuesta CASEN señala que son necesarias 497.000 viviendas, un déficit que para el urbanista López-Morales, dadas las condiciones actuales, el mercado no va a solucionar “ya que está apuntando a clases medias bajas aspiracionales, a inmigrantes y al segmento de jóvenes en crecimiento”. Una de las soluciones que propone ante el alto costo de la compra y arriendo de viviendas puede pasar por el Estado, en el que abandone “su camisa de fuerza subsidiadora” y pase a volverse un agente de mercado que gestione ofertas. “Una especie de Metro inmobiliario”; una corporación que compita a los agentes de mercado con precios más realistas para las necesidades de la población y que genere viviendas sin fines de lucro.

Tanto en el campamento Naciones Unidas como en los demás no sólo se pueden apreciar trabajadores asalariados que ganan menos de $380.000, sino también los desempleados. El Ministerio del Trabajo estima que en la región hay casi 74 mil personas desocupadas (8% de la fuerza laboral) y a nivel país son más de 615 mil, un 6,8%. Sin embargo, estas cifras son insuficientes al no abarcar a aquellos ocupados que trabajan menos de 30 horas a la semana pero que están disponibles y desean trabajar más horas a la semana: El subempleo. Si se unen las cifras de Desempleados y subempleados, se llegan a resultados que dan mayor escozor. El centro de estudios CLAPES UC estima que son más de 1.500.000 personas que su fuerza laboral está subutilizada, en tanto la Fundación SOL señala que en todo Chile el sueldo promedio de los subempleados no alcanza los $210.000, mientras que en la región de Valparaíso no llega a los $189.000.

Denuncias cruzadas

La presencia y crecimiento de Naciones Unidas encontró resistencia más abajo, en la Junta de Vecinos de Los Limonares, encabezada hace 9 años por Cecilia Rodríguez Campos. El 10 de octubre pasado la mencionada presidenta ingresó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso en contra de Fernando Murillo, el presidente de la toma. En el escrito acusaban a la comunidad de lanzar trozos de carne “posiblemente envenenada” y piedras, así como la atribución de “robos y violaciones de morada”. Entrevistada por esto, Rodríguez señala que sí han ocurrido estos delitos, “pero que no lo atribuyo a la comunidad” de Naciones Unidas.

La respuesta de la defensa de los acusados vino el 12 de diciembre, en la que no solo niegan las acusaciones sino además señalan que las agresiones venían justamente del otro lado, de la Junta de Vecinos de Limonares y sus cercanos. “Discriminación en atención a la nacionalidad”, señalaba el escrito.

“Es que aparte de que esta lucha sea dura, tenemos que aguantar mentiras, racismo, maltratos e insultos que no me gustaría que le dijeran a nadie”, expresa el presidente de la comunidad, Fernando Murillo, desde el living de la casa que levantó, la primera de las Naciones Unidas. La acusación de Murillo cuenta con respaldo tecnológico; vecinos de la comunidad facilitaron videos a El Desconcierto en los que se ven agresiones y amenazas proferidas por grupos que acompañaban a Cecilia Rodríguez. Insultos racistas, intimidación con palos y destrucción de viviendas se pueden apreciar en los registros.

Rodríguez no cavila en afirmar que la causa en contra de la toma tiene acogida “transversal” en Limonares, aunque sabe que pueden haber diferencias entre vecinos, como la que tiene Maximiliano Guerra: “La junta de vecinos, como todos sabemos, reproduce la linea de la derecha nacional y se sostienen en la xenofobia”. Joaquín García Matus, director del Club Deportivo Limonares, vivió hasta hace un año en el barrio y tuvo a cargo su centro cultural por 10 años. Para él, la causa llevada por la junta de vecinos tiene un sesgo clasista: “Le tienen fobia a la pobreza y estigmatizaron la palabra toma, ya que lo asocian a drogas y delincuencia, así como a una devaluación en la plusvalía de sus viviendas”.

Foto: Matías Salazar

La dirigenta vecinal descartó esas acusaciones ya que “lo nuestro no es xenofobia ni racismo. Si fuesen solo chilenos nos opondríamos igual”. Su oposición a esta toma de terreno, asegura, se funda en sanidad y seguridad: “no cuentan con alcantarillado, han instalado letrinas por las que se filtran sus desechos a la tierra, han aumentado los microbasurales y, con ellos, el mal olor y la presencia de guarenes”. Rodríguez ofreció imágenes a El Desconcierto, describiendo las conexiones irregulares a alcantarillado y electricidad, junto a cúmulos de desechos sin retirar. “Queremos una solución tanto para nosotros como para ellos, porque están en riesgo”, concluye la dirigenta.

Las tomas de terreno parecieran haber cobrado sumo interés en ella. En su cuenta de Twitter se aprecian sus comentarios de un video de un campamento en el sector Rodelillo con presencia de extranjeros, en la que el usuario reflexionó sobre la “alucinante cantidad de tomas en Rodelillo (…) al menos se ve un compatriota, (ya que) la gran mayoría son ‘turistas’”. Allí Rodríguez se explayó en varios tuiteos con frases como “sáquenlos como nosotros los estamos sacando”, “el PC (Partido Comunista) les enseña a tomarse los terrenos” o que “los inmigrantes tienen privilegios y que están generando resentimiento en chilenos”. En otros comentarios dejó en claro su parecer político como su apoyo a José Antonio Kast por su similitud con el presidente brasileño Jair Bolsonaro, el oponerse a “la ideología de género” y el defender de las críticas a la alcaldesa Reginato.

Una imagen dura

El 9 y 19 de octubre pasados la municipalidad emitió decretos de demolición para las casas montadas en Naciones Unidas, pero al no ser concretadas decidió recurrir a la Gobernación provincial. Así fue como el 20 de diciembre la alcaldesa Virginia Reginato solicitó a la gobernadora María de Los Ángeles de La Paz, el apoyo de carabineros para evitar conflictos durante la demolición de las casas. El pasado 5 de febrero la Gobernación dio su visto bueno, dado que les informaron que la Sociedad de Inversiones Cuatro Vientos S.A, una de las propietarias, correría con los gastos de demolición. La operación era inminente hasta que el 28 de febrero la Contraloría Regional definió que el procedimiento estaba fuera de las competencias legales de la gobernación y que ésta ni la municipalidad podían solicitar ni autorizar fuerza pública, ya que el terreno ocupado es de propiedad privada.

El terreno donde se emplaza el campamento cuenta con 5 propietarios cuyo avalúo fiscal en conjunto supera los 1.626 millones de pesos. De ellos, el único lote que cuenta con uso de suelo habitacional es el que corresponde a Cuatro Vientos y Bontempi, que junto a Santander Investment interpusieron querellas por el delito de usurpación no violenta. En las denuncias aparejadas figura como víctima Cecilia Rodríguez, presidenta de la junta de vecinos de Limonares, que actúa como persona natural.

Algunos vecinos de Naciones Unidas, que prefieren no revelar su identidad, creen que Cecilia Rodríguez tiene llegada preferencial con la municipalidad. Lo cierto es que el portal de transparencia municipal señala que la presidenta de la Junta de Vecinos recibe un sueldo a honorarios de $548.000, cuya labor es “orientar a los dirigentes vecinales del Sector de Viña Oriente, respecto a materias como: Personalidad Jurídica Vigente, Actividades, Beneficios y Servicios” de la municipalidad.

Tras haber sido inhabilitados por la Contraloría en la solicitud de fuerza pública, dado que el terreno en cuestión es de propiedad privada, la municipalidad de Viña del Mar y la Gobernación provincial han acaparado la atención de los medios de comunicación locales, pero sus mensajes son más confusos que certeros. La abogada de Naciones Unidas, Nury Vega (46), reconoce que las querellas por usurpación ingresadas por dos de los propietarios son la amenaza más concreta para el futuro del campamento: “Ellos son los dueños, legalmente son responsables y legitimados en una causa. Es una medida de presión y vuelve la situación más crítica para nosotros”.

Para la abogada, este caso cobra un interés único dado que es colombiana, parte de la Fundación Buen Samaritano, la que busca dar apoyo a migrantes cuyas dificultades entendió al llegar a Chile. En medio de otros litigios, no fueron pocas las veces que vivió con amargura la sorpresa de sus pares: “es que no podían creer que una negra fuese abogada”, relata en el living de la casa de Walter, también colombiano. Según el Instituto Nacional de Derechos Humanos, Nury Vega es parte de las 3 de cada 4 personas que han sido menospreciadas solamente por ser extranjeras.

Vista la sensibilidad pública, ambos organismos han salido a desmentir que vaya a ocurrir un desalojo, sin embargo para los vecinos las órdenes de demolición acumuladas no dejan más espacio para la imaginación. “¿Qué pasará con la familias que les derrumben sus casas? ¿Para dónde vamos a ir?”, se pregunta Edward, morador haitiano.

La gobernación, hasta la semana pasada, había anunciado gestiones de la mano con uno de los abogados de los propietarios, para conseguir un terreno en Valparaíso, sin novedades hasta el cierre de esta edición. “Quedarnos acá sería lo mejor pero de no ser así, poder conseguir un subsidio habitacional, sea una casa o un departamento, pero algo que quede como fruto de nuestro trabajo”, responde Fernando. Tal vez en su momento de mayor franqueza, reconoce que se siente el peso de la responsabilidad contraída: “Que un día lleguemos a un punto de no lograr algo, es una imagen dura, sobre todo por los niños y por la gente luchadora que ha ido al lado mío”.

Walter miraba desde su patio y pensaba una vez más, como todos, cuál sería la mejor salida a la amenaza de quedar sin casa y cómo recuperar el trabajo que perdió el lunes 11. Entró a su casa a buscar su parlante y lo puso para que la barriada oyera cantar a Hector Lavoe “el día de mi suerte”, mientras un vecino haitiano no oía nada nada más que la chirriante sierra eléctrica que ocupaba para terminar una pared de su casa. Fernando lo contempla.

-Y quién soy para decirle que construya o no, si es una persona con necesidades igual que yo.