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Helmut Kramer critica la falta de implicación de los distintos gobiernos en las denuncias de casos de pedofilia de religiosos: «No ha tomado un rol frente a esta situación», dice. Desde su organización, propone crear una Comisión de la Verdad, Justicia y Reparación e investigar todos los casos de abusos a menores en las instituciones, más allá de la Iglesia.
La semana pasada fue movida para la Iglesia Católica chilena. Los acontecimientos se fueron sucediendo uno tras otro desde el fin de semana, cuando el Papa Francisco aceptó la renuncia del cardenal Ricardo Ezzati y designó al nuevo administrador apostólico de Santiago, Celestino Aós.
A las pocas horas del nombramiento, la sombra de la sospecha se instaló en Aós, a quien acusaron de encubrir abusos del párroco Jaime Da Fonseca cuando fue promotor de Justicia en el tribunal eclesiástico de la Diócesis de Valparaíso. El jueves llegó el histórico fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago que ordenó indemnizar a tres víctimas del ex sacerdote de El Bosque, Fernando Karadima. Una sentencia que el Arzobispado de Santiago anunció que no apelará. Es más, después de asumir el fallo, Aós se reunió con las víctimas de Karadima en la parroquia El Bosque.
Mientras todo eso pasaba, el cardenal Francisco Javier Errázuriz declaraba durante más de seis horas ante el fiscal Emiliano Arias como imputado por el presunto encubrimiento de abusos sexuales cometidos por miembros del clero. La cita con el fiscal se retomará en los próximos días porque Errázuriz debe dar explicaciones por más de diez causas. También en los próximos días, de hecho, esta misma semana, el nuevo administrador eclesiástico de Santiago viajará al Vaticano para reunirse con el Papa.
Ante la forma como se precipitaron los hechos, las víctimas de abusos perpetados por religiosos están en alerta máxima: finalmente llegaron los resultados del trabajo doloroso y de hormiga que vienen haciendo desde hace años, cuando decidieron romper el silencio y denunciar.
Helmut Kramer denunció su caso justo la semana pasada. Ocurrió en 1983, cuando tenía 13 años. Hoy es vocero de la Red de Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos, una organización que fue creada el año pasado, con el fin de aglutinar a los afectados de distintas congregaciones y reclamar al Estado chileno, la creación de una comisión que investigue los abusos eclesiásticos en Chile y establezca una «verdad histórica» sobre esta problemática.
– ¿Cómo valora la sentencia de la Corte de Apelaciones que da la razón a los denunciantes de Karadima?
– Hemos saludado la sentencia, estamos muy contentos con ella. La lucha que han dado José Andrés Murillo, James Hamilton y Juan Carlos Cruz ha hecho historia en Chile. Han desnudado el encubrimiento, que es un doble abuso, y han sentado un precedente para la reparación, porque uno de los puntos importantes es la reparación económica. Estamos hablando de un grupo de gente como sobrevivientes que ha tenido que pagarse terapias, han vivido procesos de alcoholismo y drogadicción, sin entender qué es lo que ha pasado en sus vidas. Esto implica un desgaste muy fuerte para cada uno de nosotros. Hay víctimas que se han terminado suicidando por todo esto.
– En el comunicado que difundieron Murillo, Hamilton y Cruz decían que veían en la llegada del nuevo administrador apostólico, el sr. Aós, “nuevos aires” porque anunció que no apelará a la sentencia. ¿Coincide con ellos?
En eso no coincidimos. El hecho de que no apelen a la decisión de la justicia chilena responde a un tema de imagen: están demasiado desgastados ante la sociedad. Si hubiesen salido a apelar, el golpe social hubiese sido demasiado fuerte para ellos. Por otro lado, el obispado de Copiapó sacó un comunicado explicando que el señor Celestino Aós estaba a cargo del obispado de Copiapó, cuando recibió la acusación contra un sacerdote español, de Valencia, y lo mandó para España. Además, en el mismo momento en el que el señor Aós fue nombrado administrador del obispado de Santiago, un sobreviviente, Mauricio Pulgar, lo acusó públicamente de que en su momento no quiso que se presentaran testigos y pruebas sobre una denuncia que él había presentado años antes [en contra de un ex párroco].
– Se instaló de inmediato la sospecha en Aós…
– Claro. Hay un marco de duda bastante grande sobre su accionar hasta ahora y sobre lo que podría pasar en el futuro.
– ¿Cómo interpreta la reunión con las víctimas de Karadima en la parroquia El Bosque? ¿Es algo más allá de un gesto?
– Si a las víctimas de Karadima les hace bien este tipo de actos, si para ellos es un avance, está bien. Todo acto en el que sobrevivientes participen debe ser en post de la sanación de cada uno de ellos.
– ¿Qué opina de la gestión del Vaticano y el señor Charles Scicluna de la crisis de la Iglesia Católica en general y en Chile?
– Como Red de Sobrevivientes hemos sido críticos con esta gestión. Tenemos claro que Jorge Bergoglio siendo obispo de Buenos Aires no quiso recibir a sobrevivientes argentinos y encubrió a más de un sacerdote. De hecho, hasta el mes de octubre del año pasado, un sobreviviente argentino acusaba ante la justicia a un sacerdote por abuso y junto a él acusaba a Bergoglio como encubridor. Muchas veces nos hemos preguntado si la persona que está liderando este proceso de tolerancia cero hacia la pedofilia es el Jorge Bergoglio de Buenos Aires o es el Francisco del Vaticano. También tenemos como antecedentes unos hechos ocurridos en Francia: la justicia sentenció con seis meses de cárcel a un cardenal por encubrimiento y en el mismo momento Francisco decía que no lo podía castigar ante la justicia canónica porque no existen pruebas. Hay señales que no son claras, ambiguas, como para tomar una postura clara sobre si Francisco va por buen camino.
– ¿Está solo el Papa tratando de liderar este proceso?
– Por las señales que vemos del Vaticano, hay pugnas en choque bastante fuertes. Por un lado, hay un sector ultraconservador que intenta ligar la pedofilia con la homosexualidad y que considera que sacando a los sacerdotes homosexuales se acaba la pedofilia, lo que es una verdadera mentira. Por otro lado, hay otros sectores liderados por Charles Scicluna que intentan apuntar a un tema más de fondo y hacer un trabajo más serio.
– Los colectivos de víctimas lamentan que para sustituir a los abusadores se expulsan a unos y se colocan a otros que tienen la misma formación y preparación que los que han sido expulsados. Se educaron bajo las mismas lógicas y dinámicas de la Iglesia Católica.
– El abuso eclesiástico es un problema de estructura, no pasa por cambios de nombre o cambios de cara. Si hacemos un análisis histórico, solamente en Chile, vemos que el primer caso que fue denunciado y salió en prensa es de 1904. Los sacerdotes que fueron acusados en ese momento ante la justicia chilena, que empezó un proceso, desaparecieron de un día para otro. La Iglesia los sacó en silencio del país y nunca más se supo de ellos. Hay una actitud reiterada de la Iglesia.
– Después de muchos años de solicitarlo, finalmente, la justicia civil ha abordado el tema. En Chile, de la mano del fiscal Arias. ¿Cómo valora la actuación que ha llevado a cabo hasta ahora?
– Como Red, hemos apoyado el trabajo del fiscal Arias incluso haciendo llamados públicos a que la gente vaya a denunciar a la fiscalía. En mí caso, justamente estuve la semana pasada en la PDI dando mi relato a la Brigada de Delitos Sexuales. En general, nos han atendido muy bien y nos han dado todas las facilidades para que vayamos a declarar. Hemos entendido que el trabajo que está haciendo en este momento el Ministerio Público apunta a un tema de fondo que es llegar a dilucidar las redes de protección que hay dentro de la Iglesia. El trabajo que hacen ellos no tiene que ver con la denuncia individual. Por ejemplo, mi caso legalmente está prescrito porque fue en 1983, yo tenía 13 años, y por más que se certifique una verdad jurídica no va a haber ninguna condena. Pero entendemos que el trabajo del fiscal tiene una profundidad, una seriedad que apunta a un tema más de fondo. Si no hubiese habido encubrimiento hacia los pederastas, esto se pudo haber parado mucho antes.
– Hay otros países en los que también han salido a la luz centenares de casos de pedofilia dentro de la Iglesia, como Irlanda, que ha impulsado comisiones de la verdad; o Australia, donde el gobierno ordenó que se abrieran investigaciones. ¿Qué opina de la forma cómo el Estado ha enfrentado este asunto en Chile?
– El Estado chileno hasta ahora ha sido bastante negligente, tomando en cuenta los cientos de casos que hay de gente abusada, no sólo los que hemos ido a declarar. No ha tomado un rol frente a esta situación. Acá la Iglesia Católica históricamente ha cambiado sacerdotes de colegio, de ciudades y de países tranquilamente, a vista y paciencia de todo el mundo, y el Estado no ha tomado una actitud sobre eso. Es el Estado chileno el que en primer lugar nos debió haber cuidado como niños, como adolescentes o como adultos vulnerables. Eso es lo que reclamamos. Nos parece muy interesante el caso de Australia, que frente a las acusaciones de abuso eclesiástico, va más allá y hace un estudio sobre el abuso eclesial en distintas instituciones, no sólo en la Iglesia Católica. ¿Qué pasaría si el Estado chileno empezara a investigar todos los abusos de menores, más allá de los eclesiásticos? Los abusos en el Sename y otras instituciones, por ejemplo. Se podría dimensionar la real problemática del abuso de poder, de consciencia y sexual en Chile.
– ¿Han dado pasos para avanzar en esa dirección?
– El 3 de agosto del año pasado tuvimos una reunión con la ministra Cecilia Pérez y le entregamos una carta dirigida al presidente [Sebastián Piñera] en la que por primera vez hablábamos públicamente de crear una comisión de la verdad, justicia y reparación. Entonces aún no le habíamos puesto ese nombre, pero el detalle de lo que estábamos pidiendo era ese. Hasta hoy, el presidente no nos ha contestado. En lo concreto, no pasó nada con eso.
