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Parlamentarias de oposición cuestionaron el nuevo dictamen que obstaculiza el derecho de las mujeres trabajadoras de alimentar a sus hijos menores de dos años. «Se está cercenando un derecho adquirido, no solo a las madres, sino también a niños y niñas, que es el derecho a a la alimentación», argumentó la diputada Karol Cariola.
Todo comenzó con la solicitud de la gerenta de personas de B.Bosch, Ximena Müller, quien pidió a la Dirección del Trabajo (DT) «reconsiderar o complementar» el reglamento relativo al derecho las mujeres trabajadoras de amamantar a sus hijos e hijas menores de dos años.
Luego vino el detalle del documento firmado por el director Mauricio Peñaloza, el pasado 26 de abril, que terminó por enfurecer a las mujeres del mundo sindical y también a las parlamentarias que no dan crédito a los argumentos sostenidos para la modificación.
En específico, el dictamen N°1086/11 señala que «la trabajadora que mantiene a su hijo menor de dos años en su hogar y ejerce el derecho de alimentación postergando el inicio o anticipando el término de la jornada en una o media hora, no tiene derecho a acceder a los derechos que consagra el inciso 5° del artículo 206 del Código del Trabajo, esto es, el pago del valor de los pasajes y la ampliación del lapso de permiso. Compleméntese la doctrina contenida en dictamen Nº2495/67, de 07.06.17 y reconsidérese toda aquella que resulte contradictoria o no conciliable con el sentido interpretativo desarrollado en el cuerpo del presente informe».
De esta manera, la institución limita el derecho de las madres trabajadoras a poder alimentar a sus hijos menores de dos años durante una hora al día de su jornada laboral, restándoles la opción del pago de pasajes y la ampliación del lapso de permiso para aquellas cuyos niños sean cuidados en sus propios hogares.
Para la mayoría de las mujeres, la medida resulta incomprensible. Por diversos factores, la fórmula de cuidado de numerosas madres reside en sus familiares más cercanos, que suelen ser tías, abuelas y hermanas. Para ello, de igual modo deben trasladar a los niños a otras casas.
Más allá de lo específico, la jugada de la Dirección del Trabajo es percibida como una afrenta contra los derechos de las mujeres trabajadoras y también contra las garantías de alimentación de niñas y niños, reforzadas por Chile en la suscripción de diversos tratados internacionales.
En este escenario, diversas parlamentarias de oposición se lanzaron en picada contra el nuevo dictamen y cuestionaron, de paso, la gestión del director Mauricio Peñaloza.
Uno de los argumentos apuntados en el nuevo reglamento detalla que mantener las garantías tal como estaban contempladas antes de la modificación «podría ser constitutivo de un enriquecimiento sin causa, ya que se estaría pagando un viaje de la trabajadora a su hogar o empresa, dependiendo el caso, y considerando como trabajado el período de tiempo que abarque el trayecto o tiempo de traslado, sin que dicho viaje tenga como causa exclusiva ejercicio del derecho a alimentos».
Al respecto, la diputada comunista, Karol Cariola, señala que se trata de «un dictamen absolutamente antojadizo, que tiene un sesgo de clase muy importante, sobre todo porque hay una realidad de mujeres trabajadoras que utilizan la primera hora del trabajo, es decir, que llegan más tarde porque buscan apoyo en sus familias más directas, habitualmente en sus madres, es decir, las abuelas de sus hijos. O también en familiares directos que no viven necesariamente en sus propias casas, sino que se tienen que trasladar para dejar a sus hijos en casas de su familiar para que sean cuidados mientras ellas trabajan».
La parlamentaria insistió en que «sí necesitan la locomoción para poder llegar a esos lugares, por lo tanto, que se les esté negando este derecho complementario al amamantamiento me parece que es un retroceso tremendo, que se está cercenando un derecho adquirido, no solo a las madres, sino también a niños y niñas, que es el derecho a a la alimentación».
Cariola calificó de «un chiste de mal gusto» las alusiones a un posible enriquecimiento por parte de las mujeres y señaló que «precisamente, son otros los que por muchos años se han enriquecido a costa de los chilenos y chilenas, pero que, sin embargo, están acusando de forma indebida a las mujeres de una situación que lo único que hace es entregarles la posibilidad de resguardar el apego con sus niños y niñas».
Por su parte, la diputada del Frente Amplio, Claudia Mix, sentenció que «es un argumento repudiable el que utiliza esta empresa para cuestionar un derecho establecido por ley. ¿En qué cabeza cabe que una mujer busque enriquecerse por este concepto? Aquí tenemos una expresión brutalmente neoliberal, patriarcal y abusiva frente a la mujer trabajadora. La ministra Isabel Plá debiera pronunciarse ante este conflicto y salir a respaldar a las mujeres trabajadoras».
Mix enfatizó que hay dos derechos que son vulnerados por la Dirección del Trabajo tras este cambio: «El de amamantamiento y la alimentación de los niños menores de dos años, instancias que son fundamentales para la relación madre-hijo, lo que se suma a que se pone en riesgo el derecho a un trabajo digno. Se concreta además una evidente discriminación de género ante la posibilidad del desarrollo laboral de la mujer», cuestionó.
«El dictamen de este organismo público termina por coartar la posibilidad de las madres de asegurar la alimentación de sus hijos, lo que es evidentemente un reflejo de la política de gobierno hacia las mujeres», añadió la legisladora maipucina.
Por su parte, la diputada PPD, Loreto Carvajal, planteó que «esto va directamente en contra de todo por lo que estamos luchando, no sólo desde el Parlamento, sino desde la calle con las movilizaciones por los derechos de la mujer. Este dictamen vulnera los derechos ya adquiridos que habíamos alcanzado en 2017. Es contradictorio, injusto y no se condice con lo que hemos logrado como mujeres trabajadoras».
Desde el Partido Socialista, la diputada Jenny Álvarez sostuvo que «cualquier acto restrictivo que inhiba un derecho, como lo es que toda madre trabajadora disponga del tiempo para alimentar a sus hijos, debe ser considerado inconstitucional, ya que se trata de un derecho de los niños y de las mujeres».
La parlamentaria tildó de «aberrante» la idea de un posible enriquecimiento como argumento para limitar el derecho de las mujeres. «Porque es un derecho, ni siquiera debiera ser considerado un beneficio. En este caso particular lo que buscan, amparados en un subterfugio legal que posicionó un grupo de abogados que representa a intereses privados, es cuidar los intereses de los empresarios. No nos podemos confundir. Chile le da garantías a los empresarios para que ellos desarrollen sus proyectos y negocios, pero no puede ser en desmedro de los derechos de las personas», recalcó.
En un mensaje dirigido al Ejecutivo, Álvarez enfatizó que «no podemos estar discutiendo sobre un derecho de niños y mujeres. El gobierno tiene, ciertamente, un doble estándar, que prueba que las buenas intenciones respecto a la protección a la maternidad suenan bien en un discurso, pero no en la práctica».
Actualmente, el derecho a amamantar de las mujeres trabajadoras se puede ejercer de tres formas: en cualquier momento dentro de la jornada, dividiéndolo en dos sesiones o postergando -o adelantando- en una o media hora el término de la jornada laboral. Sin embargo, el dictamen también limita la posibilidad de ampliar el lapso de permiso para aquellas madres que tengan a sus hijos en sus casas.
En este escenario, las críticas apuntan directamente al rol de Mauricio Peñaloza, MBA de la Universidad de Chile, quien fue designado por Piñera en la Dirección del Trabajo. Luego de ser nombrado miembro del Consejo Nacional Consultivo Migratorio por Bachelet, en 2016, Peñaloza fue presentado por la nueva administración como líder en consultoría de capital humano de E&Y, miembro permanente del comité laboral de la Cámara Comercio de Santiago y del comité de capital humano de la Cámara Chileno Norteamericana de Comercio (Amcham).
«Él, como representante, deberá dar explicaciones. Creo que la comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados y Diputadas, debe citarlo a exponer sobre este cambio, que atenta contra los derechos de los niños y las mujeres«, sostuvo la diputada Jenny Álvarez.
En tanto, Cariola recalcó que se trata de una «actitud permanente del director del Trabajo, que en vez de proteger los derechos de los trabajadores y trabajadoras, está interpretando la ley en desmedro de ellos».
Desde el Frente Amplio, Claudia Mix enfatizó que «este hecho viene a ratificar su postura pro empresarial, anti derechos laborales, torciendo permanentemente el espíritu del marco legal en materia laboral. El dictamen de Peñaloza se contradice con el discurso que ha desarrollado el gobierno en esta materia, por lo que hago un llamado al Ejecutivo a que se defina de una vez: o protegemos los derechos maternales y laborales de la mujer o defendemos el bolsillo de los empresarios».
Por último, la diputada Loreto Carvajal adelanta que van a oponerse al nuevo dictamen en la Comisión de Trabajo y en la Cámara, además de evaluar una cita con el director del Trabajo.
«Hay que ver cómo nos abordamos realmente a enfrentar la brecha salarial, la discriminación en el empleo, la injusticia en los puestos directivos. Ahí es donde debe estar puestas las fuerzas y no retroceder en derechos laborales tan básicos y esenciales», concluyó.
