Indeseados: Las víctimas de la política migratoria del gobierno de Piñera

El próximo 22 de julio finaliza la de Regularización Extraordinaria para los migrantes que iniciaron el proceso el año pasado. El subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, ha dicho que es parte de la política de “ordenar la casa”, tal como el nuevo requisito que se le exigió a los venezolanos con la visa consular para quienes ingresaran en calidad de turista. Un requisito que no existía hasta el 22 de junio pasado y que produjo un “rebote en la frontera” de, al menos, 400 venezolanos.

Eran suficientes los elementos para definir una emergencia humanitaria: personas durmiendo en las calles, largas filas para hacer los trámites en Tacna y contrabandistas en acción. Lo dijeron desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). Pero el gobierno no lo asumió así.

Ahora, con un proceso de regularización próximo a concluir, se han profundizado las críticas a un sistema que está sobrepasado. De acuerdo a las cifras del gobierno, de los 300 mil migrantes irregulares, hasta ahora se han inscrito poco más de la mitad.

En el caso de quienes no tengan estampada su visa temporaria tendrán que solicitar una cita a través de la página de Extranjería. De no ingresarla antes del 22 de julio, volverían a su estado migratorio anterior: para muchos, la irregularidad. “Se tomarán las medidas que correspondan a cada caso”, indicó Ubilla.

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Hasta hace unos meses, la “Reserva de Citas” dejaba a la vista colas kilométricas y, de manera informal, se conseguían cupos con fechas más próximas desde $20 mil pesos a $30 mil pesos. Esas filas ya no son visibles, pero la gran lista virtual demostraría lo mismo.

Desde las organizaciones se adelantan a la salida desde La Moneda: vendrán los balances exitosos, la culpabilización a los migrantes que no se inscribieron o no pudieron obtener cita vía internet por falta de información o de habilidades computacionales.

Aseguran que nada se dirá sobre los efectos de una mala política migratoria. ¿Quiénes son sus víctimas?

/Agencia Uno

“Bajo estas condiciones, migrar se trasforma en un trastorno”

Yaima Cobarrubias es psicóloga y trabaja hace dos años con comunidades migrantes de Alto Hospicio, en Iquique. Teme que los ingresos violentos de carabineros a los campamentos se vuelvan a repetir una vez que finalice el próximo proceso de regularización. Posiblemente, así será. “¿Alguien se ha preguntado por el impacto para los niños?”, cuestiona Yaima.

Explica que desde pequeños viendo a la policía entrando a sus casas, campamentos, evidentemente genera miedos, trastornos y mucha angustia. Una de las características comunes que ha observado es la reiterativa conducta a la negación. “Los chicos comienzan a ver las cosas desde ese lado negativo, crecen sabiendo que hay un muro para que sus parientes, madre, padre, puedan trabajar. Se ven expuestos a eso; en el colegio, a veces, son víctimas de bulling. Ahí aplicamos actividades para mostrarles la otra cara”, agrega.

Pero viendo el panorama de manera más general, cree que bajo las condiciones actuales la migración se transforma en un trastorno. Inestabilidad laboral, precarización, discriminación; todos elementos entran en este mal juego.  “Eres negra, tienes estudios, no puedes convalidarlos y te subestiman”, dice Yaima, hablando desde su historia personal: es psicóloga y trabajadora social cubana, pero no ha podido convalidar sus títulos universitarios y, por ahora, trabaja en Movistar para ahorrar la plata necesaria para ese trámite.

«Aquí, sí hay trata»

Laura Araujo es monitora contra la trata y explotación de mujeres y trabaja con un grupo de nueve mujeres desde 2017. Hacen charlas e intervenciones para prevenir y sensibilizar al respecto. De su experiencia, recuerda una en particular:

Llegaron hasta la Plaza de Armas, en Santiago, y se acercaron a tres dominicanas. Les hicieron una oferta laboral y, como estrategia, hablaron más fuerte de lo normal. Querían ver si alguien reaccionaba.

“Te ofrezco 250 mil pesos para un trabajo de maquillaje. Las llevamos nosotras mismas a la entrevista, son buenos horarios (…)”, les dicen.

Una de las mujeres se muestra interesada; las otras se quedan. Cuando se paran dispuestas a ir, sin pedir más información, Laura y sus compañeras le explican que son monitoras y que, posiblemente, aceptando ese ofrecimiento, pudieron haber sido víctimas de la trata. Les entregan información, folletos con números para denunciar y casas de acogida.

“Muchas veces, cuando hablamos sobre trata, nos dicen: ‘no, no si eso aquí no pasa’. Pero sabemos que se llevan a personas engañadas con que van a trabajar en región por tanta plata y no es así”, explica.

Hay circuitos donde operan las redes de trata y las víctimas son precisamente las mujeres que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, que esperan meses por regularizar documentos para trabajar en condiciones formales y no verse obligadas a optar a la precarización.

La producción de irregularidad

La doctora en antopología e investigadora del Instituto de Estudios Internacionales (INTE) de la UNAP, Nanette Liberona, plantea que, si bien podría pensarse que las víctimas de esta política migratoria se han diversificado, pues “han variado las nacionalidades y cantidad» el fenómeno mismo sigue tal cual. «Antes se concentraba en las poblaciones colombianas, afrodescendientes, ahora vemos a los venezolanos en la frontera”, enfatizó.

La principal premisa de lo que está ocurriendo con la actual regulación, es la producción de irregularidad. La académica enfatiza que se observa el efecto del «rebote en las fronteras” ante el nuevo requisito de la visa consular que impusieron a los venezolanos, pero también por otros requisitos económicos. Ha conocido casos en que, de una manera completamente irregular, los funcionarios de la PDI les solicitan una “bolsa de viaje”, es decir, un monto de dinero incierto que no está establecido en ningún lado, pero es condición para cruzar.

Un aspecto que comparte la trabajadora social integrante de ONG Raíces, Ingrid Almendras, es que una política restrictiva facilita la acción de contrabandistas y que, una vez cruzada la frontera imaginaria, lo mínimo que puede pasar es la explotación, trabajos sin pago de cotizaciones, ni horas extras, sin horarios.

“La explotación sexual comercial se nos ha manifestado en lugares donde hay más migrantes. Pero en los centros de acogida no han llegado más migrantes, aunque eso no significa que no estén, es que no están siendo visibilizados. Puede que sean llevados a un campo, a la playa, o a un “cabañazo” por el fin de semana y sean víctimas de explotación”, sostiene la profesional.

En ese camino sin certezas por ingresar al país, están las consecuencias por los artefactos explosivos, como lo ocurrido en la “Operación Desierto”. Aunque no son casos de alto impacto a nivel numérico, sí lo son desde el punto de vista humanitario.