A 3 años de la muerte de Macarena Valdés: Nuevas pruebas podrían dar un vuelco al caso

9 metros de cuerda que pueden llegar a ser reveladores. 9 metros de soga que podrían convertirse en una prueba clave para avanzar en la investigación de la muerte de la activista mapuche Macarena Valdés, “La Negra”, que un día como hoy de hace tres años fue hallada muerta, colgada de una viga del techo de su casa, en la localidad de Tranguil, en la región de Los Ríos. Tenía 32 años.

Su hijo mayor, Francisco, que entonces tenía 11, llegó del colegio y encontró a su madre colgada y su hermano pequeño, de tan solo un año, presenciando la escena desorientado y sin comprender. En plena desesperación el niño cortó la cuerda en dos y trató de reanimar a su madre, sin éxito. Esos dos trozos de cuerda se convirtieron ahora en un nuevo aporte fundamental a la causa que investiga cómo falleció la activista. Durante más de un año y en contra de la opinión de la familia, la Fiscalía trató el caso como un suicidio. Hoy, que algunas pruebas desmontan esta hipótesis, la cuerda abre una nueva arista de la que tirar. Así lo considera Rubén Collío, pareja de Macarena Valdés, tras leer el informe 215 del tomo 13 de la carpeta investigativa, elaborado por la PDI el 4 de octubre de 2018 y que detalla los resultados de las pericias que se practicaron al cordel.

Según explica Collío, se examinaron los dos trozos de soga –uno de un metro y otro de ocho– y encontraron diez pelos, de los cuales sólo dos tenían raíz. Ambos, junto con los dos trozos de cuerda, se llevaron a analizar para obtener pruebas de ADN. Sin embargo, ni los dos pelos ni la cuerda corta –la de un metro– arrojaron material genético suficiente. No así la cuerda más larga, que fue –según detalla Collío–, la que ataron a la viga y la que contiene ADN de una persona de sexo femenino diferente a Macarena Valdés. “Se encontró el material genético en la parte más larga de la cuerda; se entiende, entonces, que tuvieron que levantar el cuerpo de ‘La Negra’ tirando de la cuerda que luego amarraron a la viga”, deduce el hombre.

A pesar de que las pericias estuvieron a disposición de la Fiscalía de Panguipulli, a cargo del caso, desde el pasado mes de octubre, la familia Collío Valdés recién hace tres semanas conoció la existencia del informe 215. Dieron con él casi por casualidad, cuando recogieron los resultados de otro informe que confirmaba que el ADN obtenido en la cuerda no era el de la joven mapuche. “Cuando nos entregaron ese informe deducimos que había otro documento que tenía que hablar de ese ADN en la cuerda al que nosotros no habíamos tenido acceso”, relata Rubén Collío. Cuenta que la Fiscalía sube las copias de los informes a la web por tomos y que, por ahora, la carpeta investigativa tiene 19 tomos. “Este informe debería haber estado disponible en el tomo 13, pero el tomo 13 que subieron a la web no contenía ese informe escaneado. Tuvimos que pedirlo y ahora volvieron a subir el tomo con el informe. Pudimos leerlo hace justo tres días”, lamenta.

Documentos extraviados

El informe 215 no ha sido el primero ni el único de la carpeta investigativa que ha traspapelado. Otro documento clave desapareció de la investigación no se sabe cómo ni cuándo. Se trata de parte de los resultados de la segunda autopsia que se practicó a Valdés y que se presentaron a la Fiscalía en enero de 2018. Los profesionales a cargo de repetir los exámenes fueron el médico forense Luis Ravanal y la doctora Carmen Cerda, directora del Departamento de Medicina Legal de la Universidad de Chile, quien se dedicó específicamente a analizar los tejidos extraídos del cuerpo de la joven (estudio histopatológico). “No se confirma la existencia de signos objetivos que permitan sustentar que la víctima se hubiese encontrado con vida al momento de ser suspendida por un cordel o lazo a nivel cervical”, concluyó el peritaje. Ambos especialistas sostuvieron que Macarena Valdés no pudo haber muerto colgándose y contrapusieron las nuevas pruebas a los resultados que arrojó la primera autopsia, realizada el 23 de agosto de 2016, un día después de la muerte de la joven, por el perito del Servicio Médico Legal de Valdivia (SML) Enrique Rocco, quien estableció que la causa del deceso había sido “asfixia por ahorcamiento”.

Cuando en noviembre de 2018, Rubén Collío se reunió con el entonces nuevo fiscal de Panguipulli, Jaime Calfil, para reclamar por los pocos y lentos avances de la investigación a pesar de las nuevas pericias, el fiscal lo frenó. Le rebatió que la información disponible no era suficientemente determinante, pero Collío empezó a enumerar todas las nuevas pruebas aportadas, entre ellas el estudio histopatológico de la doctora Carmen Cerda. Fue entonces que Calfil se percató de que nunca había tenido éste informe en sus manos y que había desaparecido de la carpeta investigativa. “El fiscal reaccionó con sorpresa, primero; y luego, con cierta molestia”, detalla Marcelino Collío, suegro de “La Negra”. “Le pidió a mi hijo que le mandara el estudio y él se lo envió de inmediato, cosa que no debió hacer porque deberíamos haber presentado una querella por pérdida de documentos; eso era mérito para una sanción”, añade Marcelino.

El extravío de material clave para el caso ha tenido consecuencias para la investigación. En marzo Labocar insistió en la tesis del suicidio porque no consideró el informe desaparecido y, pese a que la familia lo volvió a entregar, el organismo se niega ahora a revisar sus conclusiones.

/ Twitter: @Chileokulto

Tímidos logros

Las investigaciones para esclarecer qué le ocurrió a Macarena Valdés el 22 de agosto de 2016 avanzan a tropezones y sorteando las trabas. La familia ha dedicado tiempo, energía y dinero en conseguir pruebas que avalen la tesis del homicidio. Su convicción de ello es inamovible. “En enero de 2018 demostramos que ‘La Negra’ estaba muerta cuando la colgaron, alguien la colgó; en octubre siguiente aparecen restos de ADN en la cuerda, alguien arrastró la cuerda. Teniendo el material genético podemos buscar posibles culpables, tomarles muestras y hacer análisis comparativos. Sin embargo, no pasada nada”, lamenta Collío hijo. Para él, “lo más terrible es que aún con toda esta información disponible, todavía no se investiga y seguimos donde ahí mismo”.

Sin embargo, en el último tiempo han habido tímidos logros que han ido llegando en cuentagotas. El mayor de ellos ha sido la recalificación de los hechos por parte del fiscal, que ha pasado de considerarlo un suicidio a catalogarlo como “hallazgo de cadáver”, lo que dejaría abierta la posibilidad de considerar la participación de terceros en la muerte de Macarena Valdés.

En estos tres años la familia ha enfrentado dos intentos de cierre de la investigación –en febrero y en julio de 2017–, el último de los cuales llegó a concretarse. El caso se reabrió gracias a un metaperitaje del doctor Ravanal que cuestionaba algunos de los resultados de la primera autopsia. Con la presentación de ese informe la justicia aprobó la exhumación del cuerpo de Macarena y la realización de una segunda autopsia.

Además, el caso pasó dos años sin un fiscal asignado, sólo con persecutores provisorios o reemplazantes. “En la medida que avanzábamos hacia un punto crítico, ese fiscal salía y dejaba por un tiempo el caso en tierra de nadie para que después otro lo volviera a tomar”, señala Marcelino Collío. Desde 2018 el persecutor a cargo es Jaime Calfil, quien ha rechazado pronunciarse para este reportaje. Collío padre valora como “un avance” que Calfil “reconoció que hay dos informes de autopsia distintos y contradictorios y que hay que investigar los dos casos”.

Sin apoyo político

El tiempo ha hecho resonar el caso de Macarena Valdés. Varias organizaciones ambientales y de derechos humanos han levantado la voz para que se investigue su caso y su figura es a menudo reivindicada desde el activismo a favor del pueblo mapuche, medioambiental y feminista.

Sin embargo, desde la esfera política no se percibe el mismo apoyo. Marcelino Collío critica que nunca han recibido respaldo de las autoridades regionales –intendentes y gobernadores– ni tampoco tampoco del Gobierno: “Ni de éste ni del anterior”, aclara. “En 2016 acudí al senador Alfonso de Urresti (PS) para que nos ayudara. Me recibió dos veces y luego ni siquiera me respondía al teléfono”, apunta.

Sí rescata que el año pasado los 20 parlamentarios del Frente Amplio firmaron una declaración de apoyo a la causa y para pedir que se agilice la investigación, así como el respaldo del senador Alejandro Navarro (País Progresista), el primer parlamentario que se interesó por lo ocurrido.

El próximo 4 de septiembre los Collío –padre e hijo– tienen una cita con la Comisión de Derechos Humanos del Congreso para plantear de nuevo el tema a los representantes políticos del país. Será la enésima instancia en la que acudirán a exigir justicia para «La Negra» y el fin de una impunidad empezó hoy hace tres años.

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