Despachan proyecto que sanciona acoso sexual en la educación superior

La senadora Yasna Provoste (DC), calificó como un importante avance para la educación y la equidad de género del país, la aprobación en particular del proyecto que regula el acoso sexual en el ámbito de la educación superior.

La autora de la iniciativa aclaró que el cuerpo legal define el acoso sexual en el ámbito de la educación superior, “como el acto de quien, en un contexto académico o de investigación, solicite favores de naturaleza sexual, sea para sí, sea para una tercera persona, o presente un comportamiento no consentido de connotación sexual capaz de provocar una situación objetiva y gravemente intimidatoria, hostil o humillante, sea que se trate de conductas aisladas, reiteradas o habituales, ejecutadas de manera presencial o virtual”.

Además, la parlamentaria detalló que el proyecto previene y sanciona los actos de acoso sexual que resulten atentatorios contra el personal académico y no académico, los estudiantes y a toda persona vinculada, de cualquier forma, con las actividades desarrolladas u organizadas por la respectiva institución de educación superior. 

La iniciativa establece que las instituciones de educación superior deberán contar con una política integral contra la violencia de género, que contendrá un modelo de prevención y un modelo de sanción de conductas constitutivas de acoso sexual.

“Se entenderán por instituciones de educación superior las Universidades; Institutos Profesionales; Centros de formación técnicas y; las academias y Escuelas matrices de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas, carabineros de Chile, Policía de Investigaciones y Gendarmería”, añadió Provoste.

La senadora DC sostuvo que la legislación va aparejada con la creación de una unidad especializada en la prevención del acoso y el establecimiento de sanciones respectivas.

El cuerpo legal establece el acoso sexual como una falta grave y las sanciones administrativas internas tales como: rebaja de sueldo, suspensión, destitución, término de la relación laboral en el cargo o expulsión, según sea el caso.

El procedimiento de denuncia, investigación y de determinación de acoso sexual, será regido por las normas del debido proceso, y la Superintendencia de Educación Superior será competente para sancionar el incumplimiento de las obligaciones contenidas en esta ley.

Finalmente, Provoste comentó que la iniciativa establece como obligatoria la creación de protocolos, por tanto, la ausencia de ellos, podría ser una limitante para la acreditación.