Luego de que el Movilh anunciara que acudirá ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por el cambio que hizo el Gobierno en el Plan Nacional de Derechos Humanos, reemplazando «impulsar» por «monitorear» -el matrimonio igualitario- el ministro de Justicia Hernán Larraín salió a negar que el Estado tenga compromisos vinculantes con la organización, rechazando que el cambio de nomenclatura sea un retroceso en lo acordado con el Movilh en 2016.
Este jueves, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, respondió al anuncio realizado por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), el notificó que interpondrá una demanda contra el Estado de Chile ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por no cumplir el compromiso de impulsar el matrimonio igualitario.
«No hay ninguna obligación pendiente«, fue el mensaje que Larraín envió al Movilh, en el contexto de la entrega a Contraloría el decreto supremo que aprueba el primer Plan Nacional de Derechos Humanos, para su toma de razón.
Precisamente un cambio en ese documento es lo que el Movilh alega, ya que el Gobierno cambió la palabra «impulsar» el vínculo de personas del mismo sexo, por «monitorear«, lo que iría en contra de lo acordado en 2016 y ratificado legalmente por Contraloría en 2018.
El encargado de derechos humanos del Movilh y responsable del Acuerdo de Solución Amistosa (ASA), Ramón Gómez, explicó que “en 2016 el Estado de Chile firmó con nuestra organización un ASA donde se comprometió a impulsar el matrimonio igualitario. Este Acuerdo fue declarado en 2018 legal y vinculante por la Contraloría General de la República, por lo que presentaremos un requerimiento ante a Contraloría General de la República a objeto de que el Plan Nacional de Derechos se ajuste a este compromiso”.
Además, Gómez agregó que “fue en virtud de este Acuerdo de Solución Amistosa que el Gobierno de la presidenta Michelle Bachelet presentó al Congreso Nacional el proyecto de matrimonio igualitario. Y fue también por ello, que añadió el compromiso de impulsar la ley en el Plan Nacional de Derechos Humanos, que ahora el actual Ministerio de Justicia edita y cambia de manera unilateral y sin el concurso de la sociedad civil”.
Al respecto, el ministro Larraín afirmó que el compromiso asumido era presentar el proyecto de ley, y que lo que ocurriese con él luego es responsabilidad del Congreso.
“Es hoy responsabilidad del Congreso el avance de este proyecto. El gobierno ya cumplió al presentar el proyecto, que era la obligación específica de ese compromiso. Por lo tanto, y eso lo hemos conversado con la CIDH, no hay nada pendiente en nuestro compromiso”, señaló.
En cuanto al cambio de las palabras “impulsar” por “monitorear”, Larraín expresó que “nos parece que la responsabilidad nuestra, habiendo presentado el proyecto, es esa, monitorear”.
“Dentro de nuestro programa de gobierno no está el que se apruebe o que se promueva intensamente una iniciativa de este tipo, pero respetamos el plan. Nosotros, por ejemplo, hubiésemos retirado este proyecto -cosa que podríamos haber hecho legalmente- y no lo hicimos. Esa acción si habría sido contradictoria”, agregó.
Por su parte, el dirigente del Movilh, Rolando Jiménez, dijo que “el Ministerio de Justicia está desafiando al sistema interamericano de Derechos Humanos al romper con los compromisos del Acuerdo de Solución Amistosa. «Por ello, denunciaremos al Estado ante la CIDH e iremos a la Contraloría”, anunció.
