Acusación constitucional: Las platas para infraestructura que el Mineduc no ha traspasado a los servicios locales

Hace algunos días, la oposición ingresó la acusación constitucional contra la ministra de Educación, Marcela Cubillos, a quien culpan de “boicotear” la implementación de las reformas de la educación pública. De los cinco capítulos que contiene el libelo, el tercero apunta la falta de implementación de la ley 21.040 que crea el nuevo Sistema de Educación Pública.

Dicho texto legal fue promulgado en noviembre de 2017 por la presidenta Michelle Bachelet junto a la entonces ministra de la cartera Adriana Delpiano, y comprometió la creación de 70 Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), entre 2018 y 2025, para terminar con la administración directa de los municipios que instaló la dictadura, en 1986.

Pero desde esa fecha, sólo cuatro SLEP se encuentran en funcionamiento: “Puerto Cordillera” (en Coquimbo y Andacollo); “Huasco” (en Alto del Carmen, Huasco y Vallenar); “Costa Araucanía” (en Carahue, Nueva Imperial, Saavedra, Teodoro Schmidt y Toltén) y “Barrancas” (Cerro Navia, Pudahuel y Lo Prado). Otros dos estarían en agenda para implementarse al corto plazo.

Más allá de eso, el cuarto capítulo de la acusación habla de un tema que ha rondado el Ministerio de Educación (Mineduc) hace rato: la no ejecución presupuestaria de los fondos asignados en la Ley de Presupuestos del año 2019 para esta ley.

Según la Dirección de Educación Pública (DEP), los montos asignados para cada uno de los SLE son los siguientes:

El Desconcierto accedió a una planilla de ejecución mensual del “Programa (091702) de Fortalecimiento a la Educación Pública”, elaborada por la División de Presupuestos de la DEP (ver imagen adjunta abajo). Uno de los ítems muestra las platas destinadas a los servicios locales para el mejoramiento de la infraestructura escolar pública. Si bien el presupuesto inicial es de $6.695 millones, la ejecución a julio es sólo de $112 millones.

A través de su encargada de prensa, la DEP indicó que en estos momentos se está realizando el proceso de validación para que se ejecuten los fondos. Pero el encargado de la Dirección de Presupuestos, el ingeniero comercial Juan Luis Gumucio, reconoce errores en la glosa.

En primer lugar, dice que la DEP, en sus presupuestos de los años 2018 y 2019, ha incluido en el Programa recursos que no le corresponden, como el presupuesto para financiar la inversión propia de los servicios locales (letra a del artículo 26). Esto, bajo su criterio, ha hecho que se dupliquen las platas quedando tanto en la glosa de esta división como en la propia que le corresponden a los Servicios Locales, que debe considerar anualmente, al menos, $130 millones.

Aun así, Gumucio indica que en estos dos últimos años los traspasos no alcanzan esa suma, que está estipulada en artículo 27 de la ley 21.040, lo que demuestra la parcialidad de los fondos basales que se han transferido.

El profesional también advierte que este año la DEP no ha tramitado la resolución con los porcentajes de los recursos del Programa de Fortalecimiento que se debe asignar a los SLEP, contraviniendo el reglamento que se aprobó vía decreto en agosto del año pasado.

Cerro Navia: Baños en containers

La consecuencia directa de la no ejecución presupuestaria es la falta de inversión en las escuelas públicas, o que se esté haciendo muy lentamente. Un ejemplo de las precarias condiciones que enfrentan los establecimientos es la escuela básica Millahue, que depende del Servicio Local de Barrancas (que también abarca Pudahuel y Lo Prado). Está ubicada en Cerro Navia y tiene una matrícula de 300 estudiantes.

Hace unos meses, los apoderados protagonizaron una serie de protestas y mantuvieron la escuela tomada por la falta de baños en buenas condiciones sanitarias. La solución pasó por ubicar containers al interior del recinto. Pero los problemas no quedaron ahí. Las canchas donde se hacen las clases de educación física están llenas de fecas de paloma y una cañería que desagua aguas servidas está totalmente expuesta, convirtiéndose en un foco infeccioso, según cuenta el presidente del colegio de profesores Cerro Navia, Samuel Toledo.

A esto se suman los $12 mil millones en deudas previsionales que debe subsanar el Mineduc, luego de que se iniciara la desmunicipalización, según indicó el alcalde de Cerro Navia, Mauro Tamayo (IC). Esto ha llevado a los trabajadores a acudir en reiteradas oportunidades a Contraloría para conocer las razones detrás de la falta de recursos (Ver documento).

Para Toledo, el diagnóstico es claro: hay un desinterés y abandono en la educación pública. “En una primera etapa, se ocuparon platas para otros fines, como cubrir sueldos impagos. Este año nos encontramos con problemas que se han agudizado por infraestructura porque las platas que se han asignado se han demorado en llegar (…) Hay actividades que programan las escuelas que se han tenido que postergar por lo mismo. Ha sido muy notorio, aunque el SLEP ha tratado de disfrazar esta falta con acciones. Pero son más calmantes que soluciones definitivas”, comenta a El Desconcierto.

Lamentablemente, agrega, si los apoderados ven que una escuela pública no está recibiendo los fondos, optan por no matricular a sus hijos ante la falta de certezas, considerando que, incluso, las escuelas podrían cerrar a mitad de año y, con eso, de a poco se va muriendo la educación municipal.

Similares condiciones se observan en otras partes del país, cuenta el profesor Jorge Sáez desde La Araucanía, quien advierte que muchas escuelas pasaron el invierno sin calefacción y que se ven las malas condiciones, especialmente en la comuna de Toltén.

Visita inspectiva

El viernes de la semana pasada, la diputada Maite Orsini (RD) hizo una visita inspectiva a la escuela Millahue para revisar el tema, considerando que integra uno de los puntos relevantes de la acusación que ella misma tendrá que evaluar, como única representante de la oposición.

La línea que ha trazado el bloque opositor es que la falta de ejecución presupuestaria ha dilatado el nombramiento de autoridades, ha evitado la contratación de funcionarios que están autorizados y financiados por la ley, no asegura la adecuada infraestructura de trabajo y ha dejado en mal pie las condiciones para el nacimiento próximo de nuevos SLEP.

Es por eso que abogados de la bancada de la oposición que elaboraron el libelo, indican que lo anterior configuraría una eventual infracción al financiamiento de los procesos de transición que contempla la ley 21.040.

En tanto, este domingo, en el Te Deum Evangélico, la vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, volvió a desestimar la acusación por falta de fundamentos jurídicos, mientras que la ministra Marcela Cubillos ha reiterado que su gestión ha estado por “cuidar la educación pública”.