Con las Amigas y en la Casa: “Hemos acompañado a más de cinco mil mujeres que han abortado este año”

Al escribirles a “Con las amigas y en la Casa” en su Facebook, lo primero que se lee de vuelta es un mensaje agradeciendo la confianza por acudir a ellas. Después, un correo de contacto en caso de necesitar información y acompañamiento para un aborto seguro. Aclaran que no son vendedoras.  Pero recomiendan no comprar en el mercado ilegal hasta que no hablen con ellas a través del mail.

Luego, agregan algunos tips: “el aborto con medicamentos funciona desde la sexta semana de gestación en adelante, antes falla. Para un aborto seguro es necesaria una ecografía”. De esta manera han acompañado a más de cinco mil mujeres que han abortado en lo que va de este año.

Viviana Díaz es activista lesbofeminista, médica de profesión y una de las fundadoras de esta organización de mujeres. Cuenta que para este acompañamiento han hecho varios talleres, que duran cerca de tres horas, donde les explican dónde conseguir el misoprostol y cómo usarlo.

“La mujer realiza el proceso acompañada presencial o telefónicamente. La mayoría lo resuelve con pastillas en el primer intento. El relato aquí siempre es de alivio. En otros casos, también hay culpa, aunque eso viene de otros lados. Las mujeres generalmente expresan su felicidad y las reacciones de tristeza tienen relación con los conflictos que tuvieron con sus parejas o por el procedimiento mismo”, comenta a El Desconcierto la también integrante el dúo de reggaeton feminista, “Torta Golosa”.

Llevan tres años trabajando en “Con las Amigas y en la Casa”, que ya es una red nacional. Este domingo tienen programado un festival en Santiago. ¿Qué actividades se van a hacer?

Hay conversatorios sobre música, la objeción de conciencia y reggaeton y feminismo. Invitamos a las mujeres que han abortado a encontrarnos. Nos interesa hablar del aborto desde una mirada comunitaria y menos trágica. Es para decir que estamos aquí, a pesar de los límites de la ley. Siempre pensando en el trabajo de la descriminalización social del aborto. Nosotras acompañamos a mujeres que quieren abortar que han tenido dificultades para acceder a un aborto legal, independiente de sus causas.

Una de las estrategias que ha levantado es el de las “Observadores Ley de Aborto” (OLA). ¿Qué información han recogido?

Hicimos una encuesta a profesionales de la salud el año pasado para saber cuánto sabían sobre la ley de aborto en tres causales. Los resultados fueron muy similares al sondeo que realizó la Mesa de Acción por el Aborto, donde se establece que hay mucho desconocimiento de la normativa. Si bien, llegamos a profesionales que son, en general, más bien pro aborto, aun así, tenían muy pocos conocimientos. Fue una entrevista en línea y en el primer sondeo recabamos las respuestas de 900 profesionales. Después hicimos una segunda medición y la semana pasada comenzamos una tercera respecto a cómo se sienten ante la objeción de conciencia.

Facebook «Con las Amigas y en la casa»

Y el Ministerio de Salud, ¿ha fiscalizado si se está cumpliendo adecuadamente la normativa en los servicios públicos?

No, nada. Generalmente, somos nosotras las que tenemos que exigir que no haya objetores de conciencia en los hospitales públicos. No puede ser que “ser objetor” sea bien visto. Creo que también debe haber un castigo social. Es decir, si mi ginecólogo es objetor, no me atiendo más con él. Que tenga alguna consecuencia, porque terminan obstruyendo el proceso. Más de la mitad de los ginecólogos lo son; la mayor parte en la tercera causal. Precisamente, esta es la más sensible porque son los embarazos realmente no deseados. En las primeras dos causales (malformación y riesgo de vida para la madre) pueden ser embarazos deseados y existe un porcentaje de mujeres que decide continuar con su embarazo.

Se han conocido casos de profesionales que están siendo hostigadas por garantizar el derecho al aborto y no objetar conciencia. ¿Cómo están enfrentando estas situaciones?

En la Red de Profesionales Por el Derecho a Decidir hemos acompañado a algunas matronas y ginecólogas. Es necesario revisar en qué condiciones están trabajando los y las profesionales no objetores que son contratados en los servicios públicos. Han ocurrido graves casos de violencia y acoso.

Hay que tener claro que una cosa es la ley y lo otro es el protocolo para que funcione. En la ley se habla de que el procedimiento lo tiene que practicar un profesional médico, no dice un especialista. Sin embargo, el protocolo deja todo en manos de los especialistas. Eso no tiene ningún sentido porque no hay suficientes, e internacionalmente, se considera que un aborto de primer trimestre lo puede hacer una matrona o una enfermera capacitada. Eso se puede hacer en atención primaria y tiene mucho más sentido porque la cobertura es mayor. La “cabeza” de las personas que trabajan en atención primaria es distinta de los que trabajan en un hospital. Es diferente. Hay que tener en cuenta, además, que una mujer violada va a querer contar eso a su matrona de toda su vida, porque es una relación de confianza, que a un especialista desconocido de un hospital. Además, no es un procedimiento de urgencia. Es una cirugía menor, pero se complejiza por temas de otro tipo. No es una cirugía cardíaca.

¿Qué hay detrás de esa complejización?

Yo creo que les da pánico que sea tan fácil abortar.  Es un control para que las mujeres no se vayan para su casa con las pastillas y que sea un tema que nosotras manejemos solas. Hay antecedentes de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que recomiendan que estos procesos sean desde la atención primaria.

Después de la aprobación de las tres causales, ¿se han planteado más iniciativas desde el gobierno?

Piñera dijo que no había ánimos de discutir el tema y, ante eso, lo que toca es hacer presión social. También es necesario exigir el acceso a medicamentos. En Chile no se puede comprar misoprostol, aunque es uno de los medicamentos esenciales que recomienda la OMS. Finalmente, que no puedas acceder es una violación a los Derechos Humanos porque se está negando tu derecho a la salud. La mifepristona tampoco se puede comprar; ese es el medicamento que se utiliza combinado con misoprostol, que se recomienda como primera opción. En ese sentido, el trabajo que nosotras hacemos puede ser considerado ilegal. Pero el marco de Derechos Humanos está por sobre la regulación local. Estamos haciendo la pega que el Estado no hace y tenemos súper claro el marco internacional que nos avala.